El vocal del tribunal concordiense, Aníbal Lafourcade, condenó a Inocencio Daniel Romero al considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la fiscal Camila Barhich.
La pena impuesta por el magistrado consiste en:
- Dos años de prisión de ejecución condicional.
- Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Al tratarse de una condena de ejecución condicional, Romero no irá a prisión de forma efectiva, pero deberá cumplir estrictamente con una serie de pautas impuestas por la Justicia durante los próximos dos años.
Entre las obligaciones fijadas se destacan la realización de tareas comunitarias en el Hospital San Miguel de San Salvador, efectuar donaciones a entidades de bien público, mantener un adecuado comportamiento social y la prohibición absoluta de mantener contacto o acercarse a los testigos que declararon en la causa.
Los hechos ventilados durante el debate oral y público ocurrieron los días 8 y 12 de septiembre de 2019. Según logró acreditar el Ministerio Público Fiscal, el condenado se desempeñaba como subtesorero de la sala de juegos y casino dependiente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en San Salvador.
Aprovechando su función y en complicidad con otro empleado, Romero llevó a cabo maniobras fraudulentas sobre una ruleta electrónica y, de forma paralela, manipuló el sistema de videovigilancia de la sala para evitar quedar registrado. Mediante este método, lograron la emisión espuria de tickets de juego que posteriormente fueron cobrados por caja, generando un perjuicio económico directo a las arcas del organismo provincial.
