Esta vez, dispuso reclamar más de 10 millones de pesos a una agente que semanas atrás había sido cesanteada tras comprobarse 44 inasistencias injustificadas durante el ciclo lectivo 2024, a su trabajo de cocinera en la zona rural de Concepción del Uruguay.
La medida quedó oficializada mediante el decreto Nº 1470, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
El nuevo decreto constituye una derivación directa del sumario que ya había concluido con la cesantía de D.S.M., agente de planta permanente de la Dirección de Comedores.
Un antecedente reciente
El gobierno provincial había dispuesto la expulsión de la trabajadora del Estado mediante el decreto Nº 1390, luego de que un sumario administrativo acreditara que había acumulado 44 inasistencias injustificadas durante 2024.La investigación se había iniciado a través del decreto Nº 94/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano y determinó que la conducta configuraba una falta grave en el marco del régimen que regula el empleo público provincial. En aquella oportunidad, la Provincia resolvió aplicar la sanción de cesantía basándose en la causal prevista en el artículo 71º, inciso a), de la ley Nº 9755, modificada por la ley Nº 9811.
La medida fue adoptada, además, con intervención de la Comisión Asesora de Disciplina, organismo que analizó el expediente durante la tramitación administrativa.
Ahora, el reclamo económico
El nuevo decreto no sólo ordena la apertura de otro sumario administrativo vinculado a las inasistencias injustificadas, sino que aprueba una liquidación elaborada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano que fija en 10.293.021,75 pesos el monto que la Provincia considera percibido indebidamente.A esa cifra deberán añadirse los intereses generados y los que continúen acumulándose hasta el momento de la devolución efectiva, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
El decreto establece que la exagente, de apellido Machado, tendrá un plazo “perentorio e improrrogable” de 30 días corridos desde su notificación para restituir los fondos. En caso de incumplimiento, el gobierno instruyó la intervención de la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales correspondientes.
El texto oficial dispone expresamente que se iniciarán las actuaciones legales “tendientes al recupero del monto determinado”, incluyendo los intereses, gastos y honorarios que pudieran surgir del proceso.
No obstante, el decreto publicado este jueves presenta una diferencia respecto del lugar de prestación de servicios: mientras el decreto de cesantía la ubicaba en el comedor escolar de la Escuela Nº 88 “Buenos Aires”, en la zona de Colonia Santa Teresita, el nuevo documento la menciona como cocinera de la Escuela Nº 116 “Cabo Misael Pereyra”, ambas en el departamento Uruguay.
