La edil sostuvo que el jefe comunal plantea "un falso dilema" al intentar instalar que quienes cuestionan los despidos defienden privilegios o un Estado ineficiente: "Nadie discute que el Estado deba administrarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Lo que cuestionamos es que esa supuesta reorganización se lleve adelante sin explicaciones concretas, sin criterios objetivos conocidos y afectando a trabajadores que durante años prestaron servicios esenciales para la comunidad", señaló.
Amiano remarcó que toda decisión administrativa que afecta derechos debe estar debidamente fundada y sostuvo que las referencias generales al "ordenamiento", el "mérito" o la "eficiencia" no alcanzan para justificar cesantías. "Cada despido debería responder a una causa objetiva, verificable y respetar el debido proceso. El propio intendente reconoce que es duro y triste no renovar contratos, pero nunca explicó públicamente por qué fueron despedidas determinadas personas y no otras", afirmó.
En ese sentido, recordó que entre los trabajadores desvinculados había enfermeras que realizaban salidas sanitarias a los barrios y que contaban con más de once años de antigüedad. "¿Cuál fue el criterio técnico para considerar prescindible ese recurso humano? Esa respuesta todavía no existe", cuestionó.
La concejal también puso en duda el argumento económico utilizado por el Ejecutivo para justificar la reducción de personal y advirtió que, paralelamente, la gestión municipal incrementó la contratación de empresas privadas para prestar servicios que anteriormente realizaba personal del municipio. "Si el objetivo es reducir el gasto, corresponde demostrar con datos que la tercerización efectivamente genera un ahorro para el Estado y una mejora en la calidad de los servicios. Hasta el momento esa información no fue presentada públicamente", sostuvo.
Amiano señaló además que "después de más de dos años de gestión ya no alcanza con responsabilizar permanentemente a las administraciones anteriores" y consideró que la ciudadanía espera explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el gobierno actual. "La transparencia no se demuestra con discursos sino explicando cada decisión, publicando los criterios utilizados y aceptando el control democrático", expresó.
Finalmente, la presidenta del bloque justicialista incorporó un nuevo planteo vinculado con la situación laboral de algunos de los trabajadores despedidos. "Tomamos conocimiento de que algunos de los empleados cesanteados habrían sido convocados para reincorporarse bajo la modalidad de monotributistas y percibiendo una remuneración inferior a la que tenían anteriormente. Si esa información se confirma, no estaríamos frente a una verdadera reorganización del Estado sino ante un reemplazo de relaciones laborales por formas de contratación más precarias, con menor protección de derechos", advirtió.
En ese marco, reclamó que el Departamento Ejecutivo informe públicamente si esa modalidad se está implementando, cuántos casos existen, bajo qué criterios se realizaron esas convocatorias y cuál es el fundamento legal y administrativo de esa decisión.
"Administrar con eficiencia nunca puede significar administrar sin humanidad. Y ordenar el Estado jamás debe convertirse en una excusa para despedir trabajadores sin brindar las explicaciones que la sociedad merece", concluyó.
