A pesar de un mantenimiento considerado modelo a nivel internacional, el equipamiento alcanzó el final de su vida útil de diseño. Su reemplazo y refacción integral abrirá uno de los negocios de infraestructura más grandes de la región para la próxima década: una inversión estimada en mil millones de dólares, que la Argentina y Uruguay aportarán en partes iguales.
Frente a las versiones que simplificaban el proceso, el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el uruguayo Gonzalo Casaravilla, detalló los alcances reales del plan: dos turbinas serán adquiridas nuevas y las otras doce serán refaccionadas integralmente, con el objetivo de "que duren 30 o 40 años más".
La licitación para la denominada Etapa III del programa de modernización se ejecutará entre 2030 y 2040. Actualmente no existen contratos firmados ni proveedores elegidos, pero el escenario de intereses ya comenzó a definirse. La responsabilidad legal recae sobre la CTM, organismo binacional que en el plano local responde a las directivas de la Secretaría de Energía conducida por María del Carmen Tettamanti, bajo la órbita del presidente Javier Milei y su par uruguayo, Yamandú Orsi.
La delegación argentina ante la CTM se encuentra encabezada por el embajador Guillermo Daneri, cuñado del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El organismo binacional se ha negado sistemáticamente a responder pedidos de acceso a la información pública amparándose en su estatus internacional.
El financiamiento de las etapas actuales del programa se realiza mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dado que Rusia no es miembro de dicha entidad, el proveedor original de la tecnología soviética queda excluido de hecho si se mantiene este esquema.
En este escenario geopolítico, los Estados Unidos asoman como un potencial proveedor. La histórica firma metalúrgica mendocina IMPSA —que ya fabrica turbinas de reemplazo para Yacyretá y posee familiaridad con la tecnología rusa— aparecía como la principal opción local. Sin embargo, IMPSA dejó de ser estatal: en octubre de 2024 se convirtió en la primera privatización de la gestión de Milei, siendo adquirida por el consorcio IAF, cuyo socio principal es la norteamericana ARC Energy (vinculada a la campaña de Donald Trump), por un valor de 27 millones de dólares. De este modo, si la obra queda en manos de IMPSA, la ejecución corresponderá formalmente a capitales estadounidenses.
Como antesala, el pasado 2 de julio venció el plazo de presentación de ofertas en la sede de Concordia para la Licitación Pública Internacional del contrato SG 800 (renovación de subestaciones por 52,9 millones de dólares). Hasta la fecha, la CTM no ha publicado los resultados de dicha apertura.
El debate por el futuro de la represa coincide con un recrudecimiento del conflicto por las tarifas que la Nación abona por la energía generada. Mientras que a Yacyretá se le reconocen 28 dólares por megavatio, a Salto Grande solo se le pagan 19 dólares. Esta brecha deprime los excedentes que por ley le corresponden a la provincia de Entre Ríos.
Al respecto, el fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, reveló que el gobierno de Rogelio Frigerio "prepara una nueva demanda contra la Nación por esas diferencias en las liquidaciones". El escenario plantea una marcada paradoja política: la provincia litoraleña litiga por los recursos de una represa cuya conducción nacional integra el cuñado del propio gobernador, pero en cuya mesa de decisiones multimillonarias Entre Ríos no cuenta con una silla propia.
