En Concordia, la altura del río Uruguay frente al puerto es un número que muchas familias siguen día a día. Cuando marca 11 metros, los vecinos de las zonas inundables empiezan a seguir los partes del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y de Defensa Civil del Municipio. Cuando se acerca a los 12, alguien ya subió los muebles y tiene pensado a dónde llevar a los chicos.
A comienzos de octubre el río volvió a superar la cota de alerta. Esta vez se detuvo antes de la de evacuación, que es de 12,50 metros. En mayo de 2024 llegó a 13,65 metros y casi 600 personas terminaron en el ex Bagley, en el refugio de Carretera La Cruz y en otros centros de evacuados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó, en su boletín del 1 de octubre, que El Niño seguirá activo toda la primavera, con lluvias por encima de lo normal en la Mesopotamia, por lo que puede haber nuevas crecidas antes del verano.
La obra que protegería al sector central de la ciudad, la Defensa Central, tiene anteproyecto desde 2017 y todavía no tiene financiamiento. Mientras tanto, cada vez que cargamos combustible pagamos, dentro del precio, un aporte que la ley destina a obras hídricas, entre ellas las defensas contra inundaciones. Los documentos oficiales muestran dónde está ese dinero y cuánto llegó efectivamente a las obras. En Entre Ríos, el resultado está a la vista: Concordia sigue esperando su defensa, y Colón continúa con recursos municipales los desagües de una obra que iba a financiar el Fondo de Infraestructura Hídrica y que se dio de baja casi sin empezar.
Los datos centrales
· La Defensa Central de Concordia tiene anteproyecto desde 2017 y cuesta unos 50 millones de dólares.
· En cada carga de nafta o gasoil, una parte del precio va al Fondo de Infraestructura Hídrica, un fondo nacional creado por ley para pagar obras de ese tipo.
· En abril, casi nueve de cada diez pesos de ese fondo estaban prestados al propio Gobierno nacional: 258.000 millones de pesos.
· Entre 2024 y mayo de 2026, de cada 100 pesos que ingresaron, solo 23 llegaron a obras.
· En Colón, una obra de desagües que iba a financiar el Fondo de Infraestructura Hídrica se dio de baja con un 4,7 por ciento de avance, y la Municipalidad continúa los trabajos con recursos propios.
· El proyecto de Presupuesto 2027 prevé garantizar un crédito para la defensa contra inundaciones de San Javier, en Santa Fe, y ninguno para Entre Ríos.
Una obra pendiente desde 2017
Los barrios del sur tienen la Defensa Sur, que hoy protege a unos 9.000 vecinos. El sector central de la ciudad sigue esperando la suya.
En diciembre de 2017 se presentó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) el anteproyecto de la Defensa Central. Lo elaboraron especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con participación de la UTN y de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).
La obra iría desde la Defensa Sur hasta el barrio Nébel Sur, por el Parque Mitre, la Costanera y el arroyo Manzores y en la Costanera usaría paneles que se colocan solo cuando el río crece, para no quitar la vista ni el acceso al agua el resto del año.
Está diseñada para contener el río hasta los 18 metros. Incluye tres reservorios con bombas, porque una defensa también encierra la lluvia que cae del lado de la ciudad y esa agua hay que sacarla. Protegería en forma directa a unas 4.000 personas de barrios como Puerto, Vélez Sarsfield y Nebel.
Quién puede pagarla
El intendente Francisco Azcué estimó su costo actual en unos 50 millones de dólares. Ningún municipio puede afrontar esa cifra y en general tampoco una provincia: obras de esta escala se pagan con recursos nacionales o con crédito internacional.
El Municipio pidió financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Consejo Federal de Inversiones (CFI), por ahora sin resultado.
El pedido también llega desde el oficialismo nacional. En julio, el referente local de La Libertad Avanza, Ignacio Cabrera, la definió como un proyecto estratégico que debería anteponerse a los gastos innecesarios.
Un impuesto que pagamos sin saberlo
Cada vez que un vecino de Concordia carga nafta o gasoil, paga un aporte para obras hídricas. No figura por separado en el ticket: está incluido en el precio de cada litro, dentro del impuesto a los combustibles. De cada 100 pesos que el Estado recauda con ese impuesto en todo el país, 4,31 van a un fondo que casi nadie conoce: el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (artículo 19 de la Ley 23.966, según la reforma de la Ley 27.430).
Un fondo fiduciario es un patrimonio separado que el Estado pone en manos de un administrador, en este caso el Banco de la Nación Argentina, para que lo use solo en lo que la norma indica.
Este fondo nació con el Decreto 1381, firmado en noviembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa, después de las grandes inundaciones de ese año en la región pampeana. Según la descripción oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto se destina a obras de infraestructura hídrica, control y mitigación de inundaciones, recuperación de tierras productivas, protección de rutas y vías férreas, y saneamiento. El decreto dejó afuera estos ingresos del presupuesto general y prohibió usarlos para otra cosa, para evitar que terminaran cubriendo otros gastos del Estado. Una defensa costera para una ciudad que se inunda encaja exactamente en ese destino.
Dónde está ese dinero
El dato surge del propio Gobierno nacional. En el Informe de Gestión N.º 145, que la Jefatura de Gabinete presentó en abril, la Cámara de Diputados preguntó qué recursos tenía el Fondo de Infraestructura Hídrica (pregunta 312).
El Ministerio de Economía respondió que, al 6 de abril, contaba con 34.922 millones de pesos en cuentas bancarias y 258.000 millones invertidos en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAP).
Las LECAP son títulos de deuda de corto plazo. Quien las compra le presta dinero al Tesoro, que es la caja del Gobierno nacional, y lo recupera con intereses. Con las cifras oficiales, casi nueve de cada diez pesos del Fondo de Infraestructura Hídrica estaban prestados al mismo Gobierno nacional que debía usarlos en obras.
Ese préstamo genera intereses: entre enero y mayo de 2026, el Fondo de Infraestructura Hídrica cobró 59.747 millones de pesos por ese concepto, pero esos intereses los paga el mismo Estado, así que nadie gana nada; solo se demoran las obras.
Con un dólar cercano a los 1.560 pesos, lo invertido en letras equivale a unos 165 millones de dólares: alcanzaría para pagar la Defensa Central más de tres veces. Es una comparación de magnitud: no significa que todo ese dinero esté libre de compromisos ni que la obra pueda licitarse mañana, porque antes hay que actualizar su proyecto técnico, pero muestra que el obstáculo no es la falta de recursos.
Veintitrés de cada cien pesos
El Fondo de Infraestructura Hídrica recibe todos los años el dinero del impuesto a los combustibles. Hasta 2023, ese dinero se usaba en obras, pero desde 2024, la mayor parte quedó guardada. Según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), el área del Ministerio de Economía que registra en qué se gasta cada peso del Estado, en 2024 el Fondo destinó a obras poco más de la décima parte de lo que había destinado en 2023, y eso sin descontar la inflación.
Para comparar años distintos hay que llevar todas las cifras a pesos de un mismo momento y eso lo hizo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con valores de 2026. Su resultado: entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Fondo de Infraestructura Hídrica unos 611.667 millones de pesos y solo 140.971 millones se destinaron a obras. Dicho de otro modo, de cada 100 pesos que entraron, 23 llegaron a obras y el resto quedó en el Fondo, buena parte prestado al Gobierno nacional.
Obras había, ya que desde 2023 se habían iniciado 24 con este Fondo de Infraestructura Hídrica, pero 15 se cancelaron o se suspendieron, y las que siguen; avanzan muy despacio. Es conocido que cuando una obra se detiene, lo ya construido se deteriora, y retomarla más adelante suele costar más que haberla terminado a tiempo.
La explicación oficial
El 13 de octubre, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se refirió a los saldos no ejecutados de los fondos fiduciarios: "Si hay proyectos que no agotan los recursos, no vamos a inventar cosas para gastarlos".
La frase vale para un gasto discrecional, pero para un fondo creado por ley con un destino preciso, y con obras paralizadas o sin empezar, la pregunta es otra: ¿quién decide que un proyecto ya no necesita esos recursos?
El proyecto de Presupuesto 2027 sigue esa línea, pues reserva 113.130 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Hídrica para colocaciones financieras, unos 72 millones de dólares, más de lo que costaría la Defensa Central de Concordia.
¿Qué dicen las normas?
¿Puede el Gobierno disponer así de este dinero? La respuesta depende de dos normas. La primera es el Decreto 1381/2001, que creó el Fondo de Infraestructura Hídrica, que establece que sus recursos no pueden usarse para otros fines, que el Estado no puede disponer de ellos para sus propios gastos y que el dinero disponible solo puede colocarse en plazos fijos de bancos oficiales, por un año como máximo. No autoriza a prestarle ese dinero al propio Estado.
La segunda es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025. Obliga a los organismos nacionales a invertir en títulos de deuda del Estado el dinero que no necesiten de manera transitoria, siempre que se cumplan tres condiciones: que se trate de dinero ocioso solo por un tiempo, que la inversión no afecte el destino del fondo y que se respeten las reglas propias de cada uno.
Ahí aparecen las preguntas. ¿Es transitorio un dinero que se acumula desde 2024? ¿Puede tratarse como disponible el de obras paralizadas o que nunca empezaron? ¿Cómo se concilia con un decreto que solo admite plazos fijos? y responderlas corresponde a la Justicia, donde el tema ya llegó por una denuncia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero lo que no requiere un fallo es la pregunta política: por qué ese dinero sigue en el circuito financiero mientras las obras esperan.
Dinero sin usar, obras sin hacer
Que un fondo de obras conserve parte del dinero para pagar los trabajos en curso es razonable, pero lo que debe explicarse es si lo que queda sin usar responde a esa previsión o a que las obras no se hacen y con 15 de 24 obras canceladas o suspendidas, cuesta pensar en lo primero.
Reducir la obra pública es una decisión de política fiscal del Gobierno de Javier Milei, y su conveniencia se puede discutir, pero si el Estado nacional entiende que estas obras no le corresponden, lo coherente sería revisar el impuesto que las financia, pues mientras se lo cobre, rige el destino que le fijó la ley y más aún en un Gobierno que se propuso bajar impuestos.
El costo de no hacerlas está calculado, pues el propio mensaje del proyecto de Presupuesto 2027 estima que una inundación extrema dañaría infraestructura por el equivalente al 0,85 por ciento del producto bruto interno.
Por eso el reclamo de Cabrera tiene fundamento, pues los recursos que pide existen y los administra el Gobierno de su propio espacio político. ¿Habrá llegado su pedido a quienes pueden decidir?
Entre Ríos, fuera de los planes de la Nación
Si el dinero está, la pregunta siguiente es adónde piensa destinarlo la Nación. En el Informe de Gestión de abril, la Cámara de Diputados pidió el detalle de las obras nacionales previstas en Entre Ríos, con mención expresa de las de rutas, agua potable, cloacas, viviendas y defensa contra inundaciones (pregunta 743). La respuesta no informó ninguna obra de defensa contra inundaciones.
El proyecto de Presupuesto 2027 confirma esa ausencia. Su planilla anexa al artículo 50 enumera los préstamos que la Nación garantizaría a las provincias. Allí figura un crédito de 25 millones de dólares para la defensa contra inundaciones de San Javier, en Santa Fe, y créditos para obras hídricas en Chaco y Córdoba. Entre Ríos no aparece.
La de San Javier es la única defensa contra inundaciones de una ciudad que figura en esa lista de avales. ¿Por qué la de Concordia no? ¿Nadie la pidió, o se pidió y no se la tuvo en cuenta?.
Colón, una obra que terminó pagando el Municipio
La provincia ya tiene un caso concreto. En Colón, el entubamiento de la Cuenca Salta, una obra de desagües pluviales, obtuvo en 2022 la conformidad del Gobierno nacional para financiarse con el Fondo de Infraestructura Hídrica, por 386 millones de pesos y comenzó en 2023 y fue rescindida por el Gobierno nacional con apenas un 4,7 por ciento de avance.
Este año, la Municipalidad de Colón retomó con recursos propios los trabajos de desagüe en esa misma cuenca, pagando con su presupuesto lo que debía financiar el Fondo de Infraestructura Hídrica, mientras ese dinero seguía prestado al Gobierno nacional. ¿Cuántos municipios más estarán en la misma situación?
Quién paga mientras tanto
En Concordia, como en Colón, el costo de cada crecida lo termina pagando la propia comunidad, porque el Fondo de Infraestructura Hídrica no lo cubre. Lo pagan las familias evacuadas, que pierden muebles, ropa y días de trabajo. Lo pagan los comercios de la Costanera, según la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, unos 20 locales entre calle Mitre y Carriego deben cerrar cada vez que sube el río. Lo pagan entidades como el Centro de Empleados de Comercio, cuya colonia quedó este mes bajo el agua: “Jamás nunca nos han dado nada”, resumió su secretario general, Juan José Simonetti. Y lo paga el Municipio, que después de cada bajante limpia, pinta y repone flores, árboles y juegos infantiles con recursos propios.
El diputado Enrique Cresto presentó en la Legislatura entrerriana un proyecto de ley que crea un régimen permanente de reparación para emprendimientos e instituciones de las ciudades ribereñas afectadas por las crecidas, financiado en parte con recursos de la CAFESG. Responde a una necesidad real, pero tiene un límite: reparar ayuda a atravesar una crecida y no evita la siguiente, es un gasto que se repite y crea dependencia; una defensa se paga una vez y protege en cada creciente, como ya ocurre con la Defensa Sur. Mientras el Fondo de Infraestructura Hídrica cobra intereses, la discusión local gira en torno a cómo repartir el daño y no a cómo evitarlo.
Algunas ideas para avanzar
El Congreso Nacional está tratando el Presupuesto 2027: el dictamen de comisión está previsto para el hoy (28/10) y el tratamiento en el recinto, para el 18 de noviembre y lo que no entre en esa ley tendrá que esperar, como mínimo, un año más.
Concordia no parte de cero, tiene un anteproyecto, un costo estimado, gestiones iniciadas y un reclamo que comparten todos los sectores. Las autoridades de la ciudad y de la provincia ya vienen trabajando en esta obra.
Como vecino, sumo algunas ideas que tal vez puedan ayudar:
· Que los legisladores nacionales por Entre Ríos pidan incorporar la Defensa Central a la planilla de préstamos garantizados del artículo 50 del presupuesto, como ya ocurrió con San Javier.
· Que la CAFESG financie la actualización del proyecto ejecutivo, pues sin ese paso no hay licitación ni préstamo posible.
· Que el Concejo Deliberante, el intendente y el Gobierno provincial presenten el pedido en forma conjunta ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que define el plan de inversiones del Fondo de Infraestructura Hídrica.
· Que se explore un crédito cuyas cuotas pague el propio Fondo de Infraestructura Hídrica, como permite el artículo 20 del decreto que lo creó. Requiere definir quién toma la deuda, quién ejecuta la obra y cómo se compromete el flujo del Fondo, pero le daría a la gestión ya iniciada ante el BID una fuente de repago.
· Que se gestione la inclusión de la obra en el préstamo de 200 millones de dólares que el Banco Mundial aprobó en 2023 para obras contra inundaciones urbanas (BIRF 9516-AR). Sus subproyectos publicados están en Jujuy y Salta; una ciudad que se inunda con cada crecida del río Uruguay tiene argumentos para pedir su incorporación.
· Que se cuantifique cuánto cuesta cada crecida: evacuaciones, asistencia social, limpieza, reparación de espacios públicos, pérdidas de comercios y entidades, pues con ese dato se puede demostrar cuánto daño evitaría la obra durante su vida útil.
Lo que falta es una decisión
La Defensa Central no estará lista en lo inmediato, porque una obra de esta magnitud demanda años de proyecto, financiamiento y ejecución. Lo que sí puede hacerse ahora es lograr que se incorpore al Presupuesto 2027, que el Congreso está debatiendo, y sostener ese reclamo hasta su aprobación. Hay con qué fundarlo: el anteproyecto existe desde 2017, la ley ya le asignó a este impuesto un destino que incluye obras como esta y el Fondo de Infraestructura Hídrica tiene acumulados recursos muy superiores a su costo. No faltan dinero ni conocimiento técnico; falta la decisión política de usar el fondo para lo que fue creado.
Cada vez que el río crece, muchas familias de Concordia tienen que dejar su casa y los comerciantes de la Costanera deben cerrar sus locales, y cuando el agua se retira, el Municipio usa las tasas que pagan los vecinos para limpiar y reparar lo que el río dañó, en lugar de invertirlas en obras nuevas para la ciudad. Frente a esa realidad, ¿cómo se les explica que el dinero que la ley reserva para obras como la Defensa Central sigue prestado al Gobierno nacional?
Fuentes y enlaces de consulta
· Decreto 1381/2001, texto actualizado (Biblioteca Normativa de ARCA): https://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_001381_2001_11_01
· Decreto 1381/2001, texto original (Infoleg): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69652/norma.htm
· Ley 23.966, texto actualizado; artículo 19 según Ley 27.430 (Infoleg): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/365/texact.htm
· Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025, texto (Argentina.gob.ar): https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-425-2025-414325/texto
· Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025 (Boletín Oficial, 24/6/2025): https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327331/20250624
· Constitución Nacional, artículo 101 (Infoleg): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
· Jefatura de Gabinete de Ministros, Informe de Gestión N.º 145 a la Cámara de Diputados (abril de 2026); pregunta 312, pág. 238; pregunta 743, pág. 745: https://www3.hcdn.gob.ar/dependencias/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/informes/INFORME145JGM.pdf
· Cámara de Diputados, listado de informes del Jefe de Gabinete de Ministros: https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dgral_info_parlamentaria/informes/index.html
· Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, mensaje y planillas anexas a los artículos 50 y 57 (Ministerio de Economía): https://www.mecon.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2027/ley/pdf/proy2027.pdf
· Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, mensaje (Cámara de Diputados): https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6aa9fd4b05493.pdf
· Oficina Nacional de Presupuesto, ejecución de los fondos fiduciarios, acumulado al I trimestre de 2026: https://www.mecon.gob.ar/onp/documentos/empretexto/ejecufondosfidu/2026/Acum.%20I%20Trim.%202026.pdf
· Oficina Nacional de Presupuesto, ejecución de los fondos fiduciarios, acumulado al IV trimestre de 2023: https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/empretexto/ejecufondosfidu/2023/4toTrim23.pdf
· Datos de la ONP al IV trimestre de 2024, citados en un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados: https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6a8dbceab6af2.pdf
· Servicio Meteorológico Nacional, Boletín El Niño N.º 5 (1/10/2026): https://icaa.gov.ar/wp-content/uploads/2026/10/INFORME-el-Nino_01-10-2026.pdf
· Ministerio de Economía, Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas (BIRF 9516-AR): https://www.argentina.gob.ar/node/346245
· Decreto 411/2023, aprobación del modelo de préstamo BIRF 9516-AR: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-411-2023-387992
· Cámara de Diputados, video de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (13/10/2026): https://www.youtube.com/watch?v=kRut66cIHO4
