Lo confirmó Ignacio Del Valle, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Concordia.
La Municipalidad de Concordia presentó una segunda apelación al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). Se trata de casos de contrataciones hechas por la gestión anterior, mientras las personas eran funcionarias municipales.
A continuación, la entrevista concedida por el funcionario municipal al programa “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por www.oidmortalesradio.com.ar):
-¿Podrías explicarnos de qué se trata la causa y si va a haber apelación al fallo desfavorable al municipio?
-El caso en concreto y se reitera, porque ya tenemos dos semejantes; es el de dos exfuncionarios de la gestión anterior de Gobierno. Llamativamente, funcionarios durante casi toda su estadía, digamos, en la Municipalidad e incluso siendo funcionarios al momento de generar el hecho, en agosto de 2023, cuando son contratados por la Municipalidad.
Son contratados, siendo funcionarios, y a los tres meses mágicamente y violando toda la normativa al efecto existente se dicta un nuevo decreto, en septiembre. O sea, antes de abandonar el Gobierno que ostentaban hasta ese momento, pasan a formar parte de la planta permanente del estado municipal.
Frente a eso, cuando la actual gestión de gobierno toma las riendas del municipio y empieza a analizar las situaciones que se habían dado, estos dos casos nos parecieron sinceramente lejos de toda racionalidad porque estamos hablando de dos exfuncionarios que eran funcionarios al momento de su contrato y posterior pase a planta, y que fueron funcionarios hasta el último día de gobierno.
-¿Podrías mencionar de quiénes se trata o es un dato que preferís omitir?
-No, no. Lo único que digo es que uno de esos casos, por ejemplo, era el de quien ocupaba mi cargo en ese momento y otro era director de un área determinada.
A todo esto, hay que agravarlo porque hay una ordenanza municipal vigente, y vigente en ese momento, que establece que ningún funcionario puede ser contratado por la Municipalidad hasta un año después de cesada su función política.
Frente a esa situación se nos planteaban dos escenarios. Uno, era requerir la iniciativa judicial justamente para que declare el acto como lesivo con la consecuente circunstancia de que esta gente iba a continuar trabajando y percibiendo haberes durante el tiempo que la Justicia se tome para expedirse. Sabemos que la Justicia no es lo más celera que uno pretende en este tipo de circunstancia. Por ende, deberíamos haber optado por esa vía y esperar que la Justicia se expida definitivamente sobre esto.
Por otro lado, se evaluó en esas circunstancias el acto administrativo que generó el supuesto reclamo de esta gente de una estabilización laboral dentro de la planta permanente del municipio. Entendimos que estaba viciado desde un origen el acto administrativo, teniendo en consideración que no solo violaba normas de todo tipo (decretos, ordenanzas), sino que no se había cumplido con ninguno de los pasos administrativos previos como para contratarlo: no había habido un concurso, no había habido una asignación presupuestaria para el cargo, no se había demostrado una necesidad que justificara la contratación.
Frente a eso, entendimos que el acto que había determinado la contratación de estas personas había sido nulo de nulidad absoluta desde un principio y, frente a eso, se dicta un acto administrativo (otro nuevo decreto) dejando sin efecto el anterior, en base a esas argumentaciones.
Esa circunstancia se judicializó. Eran cuatro casos, dos de esos exfuncionarios siguieron el camino legal y el reclamo ante la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay que entendió que la única forma procesal de cesantear en este caso a estos trabajadores, supuestos trabajadores, sería por la vía judicial y por la declaración de una sentencia judicial.
Nosotros no compartimos dichas circunstancias, no compartimos y ponemos un caso grosero que es decir: ‘mire, si el día mañana el doctor Azcué, al irse de su gestión, al despedirse de su gestión, llama a todos los funcionarios propios y les dice: muchachos, yo la verdad les quiero reconocer el trabajo que hicieron y, a partir de mañana, voy a dictar un decreto’ con lo cual cargaría a la próxima gestión de gobierno con una carga de personal que no está justificada su necesidad y también con una carga económica que tendría que tributar la gente en general.
-Lo que está en discusión es la vía que ustedes eligieron para voltear ese decreto del gobierno municipal anterior. El punto es cuál es el camino jurídico acertado y correcto, desde el punto de vista de las leyes vigentes en la provincia de Entre Ríos, para ponerle justicia al asunto aunque demore.
-Bueno, evidentemente es una cuestión técnica, una discusión técnica, y usted sabrá que, cuando hay discusiones técnicas, en el derecho la mitad de biblioteca está para un lado y la mitad de la biblioteca para el otro.
-¿Y cuál va a ser la siguiente instancia? ¿Ustedes apelan ante dónde? ¿Ante el Superior?
-Ante el Superior Tribunal de Justicia que es el organismo alzado.
-¿Ya hay otra apelación en curso?
-Hay una apelación en curso.
-¿O sea, va a ser la segunda esta?
-Efectivamente.
-Obviamente van a ser resueltas las dos en el mismo sentido porque es el mismo tema de discusión. Son casos calcados.
-Sí, sí, esperemos. Aspiramos a que, obviamente, nos den la razón, pero entra dentro de la lógica. Ahora yo le digo, le hago este planteo. Usted habla del tema de los contribuyentes que estarían sufragando en este caso, ¿pero si la persona continúa trabajando, también no sale de los contribuyentes el pago?
-Eso se entiende perfecto, parece horrible seguir pagándole mientras hay que esperar que aparezca una sentencia que se declare por la vía de la lesividad, que es, por ejemplo, la recomendada por un exVocal del STJ, el Dr. Bernardo Salduna. ¿Pero si son las reglas de juego y tomar otro atajo y pensar que rápidamente por un decreto que anula otro decreto lo desvinculamos después resulta ser que tenés instancias en las que te empiezan a fallar en contra y el costo termina siendo alto también?...
-Hay una realidad que hay que pensarla. El doctor Salduna también, no se olvide, que es un especialista en derecho laboral. Esto es materia administrativa. Parecen similares, pero tienen sus diferencias justamente. ¿Qué es lo que nosotros eh planteamos? En base al fallo, si usted ve el fallo contencioso-administrativo, parecería que el único que puede determinar si un hecho es un acto administrativo válido o inválido sería una sentencia judicial.
Nosotros discrepamos con eso, porque entendemos que si un acto administrativo adolece de nulidades de origen, no sería necesario la declaración de dicha circunstancia por parte del poder judicial y que el propio organismo que dictó la medida puede subsanar dicha deficiencia. Ahí está la cuestión medular de lo que se está discutiendo en este caso.
