iniciado para investigar presuntas irregularidades administrativas en 37 comedores escolares del departamento Concordia, donde una auditoría interna había detectado diferencias presupuestarias por $103.738.136 durante los meses de marzo y abril de 2025.
La decisión quedó formalizada mediante el decreto Nº 3469, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia.
El documento no se limita a cerrar una investigación preliminar. También contiene conclusiones sobre el desempeño de quien estaba al frente de la Coordinación de Comedores de Concordia, Silvina Soledad Murua, a quien la Fiscalía de Estado atribuyó responsabilidad administrativa por un conjunto de irregularidades que consideró suficientemente acreditadas.
Entre las conductas señaladas, aparecen el conocimiento de sobreprecios que habían sido advertidos por supervisores y personal encargado de las rendiciones, la intervención en el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores y la concentración de tareas sensibles en familiares y personas de su confianza.
El origen: una auditoría que encontró diferencias en 37 comedores
Las actuaciones comenzaron a partir de una auditoría interna iniciada el 3 de abril de 2025, en el marco de controles de rutina realizados por la Dirección de Comedores.
El informe elevado por el entonces director del área a la titular del Ministerio de Desarrollo Humano puso en conocimiento una serie de diferencias en las acreditaciones y otras irregularidades detectadas en 37 establecimientos escolares del departamento Concordia.
Este relevamiento comprendió los movimientos correspondientes a marzo y abril de ese año y arrojó una diferencia presupuestaria calculada en $103.738.136.
Ante la magnitud de lo detectado, mediante la resolución Nº 267/25 del Ministerio de Desarrollo Humano, del 13 de junio del año pasado, se dispuso la instrucción de una información sumaria para investigar los hechos, esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades civiles, patrimoniales, administrativas u otras.
La investigación quedó a cargo de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, donde se designaron una instructora sumariante y una secretaria de actuaciones.
Qué se investigó y qué documentación se reunió
Durante la etapa de instrucción se incorporó abundante documentación y material informativo proveniente de distintos organismos y actores vinculados con el funcionamiento de los comedores escolares.
Entre las instituciones y dependencias que aportaron elementos figuran la propia Dirección de Comedores, el Consejo General de Educación, la empresa Sidecreer SA, la firma Flores Distribuciones, la Jefatura Zonal de Arquitectura, la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo y la Municipalidad de Concordia.
También se incorporaron elementos remitidos por la Unidad Fiscal de Concordia, en el marco de una investigación penal identificada con el legajo Nº 7046/25, caratulada “Parterrie, Iñaki / Parterrie Martín Ignacio / Murua Adrián Rolando s/ Peculado”.
A ese conjunto de pruebas se sumaron distintas declaraciones testimoniales recibidas durante el procedimiento administrativo.
La instrucción fue clausurada mediante la resolución Nº 12/26 de la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado, fechada el 10 de agosto de 2026.
Posteriormente se elaboró el informe final Nº 161/26 y el dictamen Nº 014/26 DSFE, que contienen las conclusiones de la investigación y el análisis jurídico del caso.
Las responsabilidades que atribuyó Fiscalía de Estado a la excoordinadora
Uno de los aspectos centrales del decreto es la descripción de las conductas que la investigación atribuyó a Silvina Soledad Murua, quien había sido designada como coordinadora de Comedores del Departamento Concordia mediante el decreto Nº 133/24 MDH, con funciones desde el 2 de enero de 2024.
De acuerdo con las conclusiones de Fiscalía de Estado, la funcionaria tenía responsabilidades de supervisión, coordinación, conducción y control documental sobre el funcionamiento del área.
Sin embargo, el análisis de las pruebas permitió establecer, según el organismo, que se habría aprovechado de las debilidades del sistema de control administrativo.
El decreto enumera expresamente las conductas que se le atribuyeron:
. Tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades que habían sido informados por supervisores y personal encargado de las rendiciones, sin adoptar medidas eficaces para corregirlos ni comunicarlos a sus superiores.
. Intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores, identificados en el expediente como “Ahora voy”, “Autoservicio Joaquín” y “Flores Sandra”.
. Impartió instrucciones relacionadas con la confección de las rendiciones.
. Concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.
El texto oficial sintetiza las conclusiones de la investigación con una afirmación contundente: “La Fiscalía de Estado concluyó que ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario” a quien se desempeñó como coordinadora de Comedores de Concordia.
Otro de los pasajes relevantes es el que describe el contexto en el que se habrían producido esas conductas. Según el decreto, Murua “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable”.
Estas conclusiones surgen de la valoración del material probatorio y del marco normativo que regula el funcionamiento de los comedores escolares, entre cuyas disposiciones se mencionan el decreto Nº 5391/03, el convenio marco ratificado por el decreto Nº 2264 MDS, los convenios con Sidecreer y el decreto Nº 133/24 MDH.
Por qué no se dispuso directamente una sanción
El decreto también explica una particularidad jurídica que condiciona los pasos siguientes: Murua ya no se desempeñaba como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano cuando concluyó la investigación.
Su cese en ese cargo, que estaba fuera del escalafón administrativo, había sido formalizado mediante el decreto Nº 121/25 GOB. Por ese motivo, Fiscalía de Estado consideró que no correspondía aplicarle una sanción bajo el régimen de la ley Nº 9755, modificada por la ley Nº 9811, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la investigación permitió establecer que la excoordinadora también posee un cargo docente dentro del Consejo General de Educación.
Esa circunstancia resulta determinante para el desenlace administrativo: aunque dejó de ocupar el cargo político en Desarrollo Humano, mantiene un vínculo laboral y jurídico con el Estado provincial bajo el régimen del Estatuto del Docente Entrerriano.
Por esa razón, Fiscalía de Estado entendió que corresponde al Consejo General de Educación, como organismo con autoridad sobre su designación, evaluar la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario.
El dictamen recomendó que ese organismo intervenga a través de su área jurídica y determine los pasos que correspondan de acuerdo con el régimen estatutario aplicable.
Qué pasará ahora con la investigación
Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio, el decreto Nº 3469 aprobó y dio por finalizada la información sumaria iniciada en junio de 2025.
Pero el cierre de esta instancia no significa que el caso haya quedado definitivamente concluido en términos de eventuales responsabilidades disciplinarias.
El artículo 2º dispone expresamente remitir todas las actuaciones al Consejo General de Educación para que evalúe la procedencia de instruir un sumario administrativo a Silvina Soledad Murua.
La decisión deberá adoptarse previa intervención del área legal del organismo y sobre la base de las pruebas reunidas, las conclusiones de la información sumaria y las recomendaciones de Fiscalía de Estado.
En cuanto a las demás personas señaladas durante la investigación como integrantes del entorno de confianza de la excoordinadora, el expediente determinó que no tienen legajos activos ni revisten como agentes de la administración pública provincial o de la Municipalidad de Concordia. Por esa razón, no existe potestad disciplinaria administrativa sobre ellas.
Respecto de los proveedores involucrados, el decreto establece que la determinación de sus eventuales responsabilidades queda supeditada a los resultados del proceso penal que se encuentra en trámite.
De esta manera, la Provincia cerró la investigación administrativa que permitió reconstruir las irregularidades detectadas en los comedores escolares de Concordia y señalar las conductas atribuidas a quien estaba a cargo de su coordinación. El próximo paso quedará ahora en manos del Consejo General de Educación, que deberá resolver si corresponde abrir un sumario disciplinario en el marco del régimen docente.