Esta instancia debía desarrollarse la semana pasada, pero el ataque y posterior fallecimiento del abogado penalista José Pedro Peluffo (62), defensor de cuatro de los enjuiciados, terminó demorando los plazos hasta tanto sus representados designaran nuevos letrados. Así fue que, en el caso de Luis Sebastián “El Sordo” Herrlein (39) nombró al abogado Jair Gay como representante legal, el mismo que ya patrocinaba a Rosendo Larroza (44). En tanto, Andrea Elizabeth Amaro (25), Mario Ricardo González (49) y Juan Carlos “Maneco” Castro (56) solicitaron la representación de un defensor oficial, la cual recayó en la doctora Alejandrina Herrero.
Por su parte, Raúl José Grantón (73) sigue siendo defendido por el doctor Sebastián Arrechea.
De la pena máxima a 18 años de prisión
La Unidad Fiscal de Colón, representada en este caso por el fiscal Alejandro Perroud, consideró que hubo agravantes en el hecho dado que se actuó con la participación de seis personas y una premeditación o plan previo, así como la violencia que aplicaron contra la víctima y que el episodio ocurrió en plena pandemia de Covid-19.Perroud destacó que ninguno de los integrantes de la banda tiene problemas mentales y que por ello comprenden la criminalidad de sus actos, como la participación de cada uno en sus respectivos roles para consumar el hecho y sus antecedentes penales. En el caso de Herrleing, un sujeto con varias condenas y uno de los principales en este hecho -que huyó y fue recapturado poco antes del juicio-, se solicitó la pena máxima de 25 años de prisión y la reincidencia.
Para Larroza, también con importante participación en el hecho y numerosos antecedentes penales, que estaba en la cárcel en la planificación y con condicional el día del asalto, también pidió 25 años y la reincidencia.
Sobre Castro, con importantes antecedentes graves y violentos (dos tentativas de homicidio), con amplia participación en el caso, requirió otros 25 años y la reincidencia.
Para la única mujer del grupo, Amaro, al no tener antecedentes computables y no participar con la misma actividad que los otros acusados, pidió la pena de 18 años.
Finalizando su intervención, el fiscal Perroud solicitó se prorroguen las medidas de detención de estas seis personas -anticipándose a que sus defensas recurrirán en Casación- y que permanezcan en unidades penales, ya que al haber un veredicto condenatorio del jurado, el principio de inocencia ya no juega de la misma manera y hay alto riesgo de fuga.
