La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, quien resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado presentado para definir la situación procesal del exintendente de Seguí, Cristian Treppo, acusado por el delito de peculado culposo (negligente).
Treppo acudió a los Tribunales junto a su abogado defensor, Germán Coronel, para recibir la notificación formal del fallo, que avaló los términos consensuados entre el letrado y los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni.
Tras el breve acto procesal, Coronel dialogó con APFDigital y confirmó los alcances de la sentencia: “Se homologó el acuerdo que se presentó y Treppo fue declarado culpable por el delito de peculado culposo. Ese delito tiene una multa, que fue la que se determinó en el juicio. Una vez depositada, se termina la cuestión contra él”.
La pena económica fijada —única sanción prevista para esta figura penal— asciende a 14.163.056 pesos, cifra que representa el 40% del monto actualizado del perjuicio ocasionado a las arcas municipales, estimado originalmente en 5.591.876 pesos.
En tanto, los demás imputados en el expediente —Daniel Aníbal Hereñú, Hernán Roberto Barrera, Néstor Alejandro Hereñú y Néstor Iván Szczech— ya habían resuelto anteriormente su situación judicial mediante el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation).
Según supo AHORA, la ingeniera contratada para la obra por el municipio, Sara Carina Zapata y el contador Darío Alexis Monzón aún espera que se resuelva su situación, ya que no pueden acceder a la probation por su calidad de funcionarios públicos. Fuentes judiciales confiaron que están negociando una salida alternativa.
Cuestionamientos a la extensión del proceso
Coronel analizó el extenso recorrido de la causa y rechazó que las presentaciones de la defensa hayan tenido un fin dilatorio: “Fue un proceso que se dilató mucho. Si bien es cierto que cuestionamos un montón de cosas, no se hizo para estirar los tiempos, sino porque había cuestiones que merecían ser impugnadas”.
En esa línea, apuntó contra instancias previas del trámite judicial: “A mi entender hubo jueces que tuvieron actitudes ilegítimas en la valoración de hecho y derecho, a tal punto que se lo quería llevar a juicio con una prueba inválida, como era la pericial escrita de Beltrán Uranga cuando ya no podía producirse. Tanto la Cámara como Casación la avalaron, y el Superior Tribunal de Justicia tuvo que revocarla. Ese trámite llevó mucho tiempo”.
El planteo de la defensa se basaba en que el perito, Beltrán Uranga, falleció en abril de 2023, lo que impedía someter su informe al control e interrogatorio de las partes en un debate oral.
Pese a las críticas puntuales, el defensor valoró la intervención del máximo tribunal provincial: “Entiendo que, en el fondo, las garantías constitucionales de Treppo estuvieron resguardadas. Pudimos llegar al Superior Tribunal, que nos dio la razón. Me siento satisfecho; la Justicia entrerriana es una buena justicia, sobre todo honesta, aunque pueda equivocarse como todos los mortales”.
Asimismo, recordó los cruces mantenidos durante la etapa de instrucción con el primer juez de Garantías de la causa, Ricardo Bonazzola: “Hubo cuestiones que tuvimos que apelar porque no daba garantías. Fue una pelea muy dura”.
“Se produjo sin dolo y la obra se hizo al 100%”
Al trazar un balance del cierre judicial, Coronel subrayó que la calificación legal acordada excluye una maniobra intencional de corrupción: “Al fin y al cabo, esto termina diciendo que Treppo cometió un delito culposo, es decir, sin dolo, por una cuestión de inobservancia de los deberes de cuidado. Quedó claro que la obra se hizo al 100% y que los fondos enviados desde Nación se invirtieron y rindieron en su totalidad”.
También señaló lo que consideró una paradoja en la resolución del expediente tras diez años de trámite: “Se dijo que los únicos responsables de una eventual maniobra fueron los empresarios, quienes a la postre salieron sobreseídos por acuerdos anteriores. Ahí se ven las contradicciones de estos procesos, pero creo que se logró un buen acuerdo; mi defendido estuvo de acuerdo con llegar a este final y cerrar una de las causas más viejas de Tribunales”.
Los antecedentes de la investigación
El expediente se originó a partir de las gestiones iniciadas en enero de 2015 por Treppo, entonces presidente municipal de Seguí, ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación para financiar la pavimentación de 16 cuadras urbanas en el marco del programa Más Cerca, convenio que se firmó en mayo de ese año por un presupuesto oficial de 20.644.036,81 pesos.
Según la acusación fiscal, el municipio contrató como asesora externa y responsable técnica a Sara Carina Zapata y adjudicó los trabajos a la firma Organización Industrial Construcciones S.A. (Oicsa), representada por Daniel Aníbal Hereñú, mediante un contrato firmado en junio de 2015 con precios considerados desproporcionados respecto de los valores de mercado de aquella época.
De acuerdo con la investigación, se emitieron certificaciones de avance de obra sin realizar los ensayos ni controles de calidad exigidos, y posteriormente Treppo junto al contador municipal Darío Alexis Monzón suscribieron las declaraciones juradas que habilitaron los desembolsos nacionales y el pago total a la contratista.
Para la Fiscalía, el costo real de mercado de los trabajos oscilaba entre los 12 millones y los 15,05 millones de pesos, lo que derivó en un perjuicio al erario municipal calculado en 5.591.876 pesos.
