El diputado provincial Esteban Vitor y el dirigente Mauro Vazón fueron absueltos, en el marco de una causa donde se investigaban presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la campaña electoral correspondiente al año 2013.
La Cámara Nacional Electoral había desaprobado la rendición de cuentas presentada por la Unión por Entre Ríos -una alianza entre el PRO y el Frente Entrerriano Federal que encarnaba el exgobernador Jorge Busti- respecto de la campaña para la elección de senadores y diputados nacionales, por una diferencia de 36.838,78 pesos entre lo que recibió la agrupación en concepto de “aportes para impresión de boletas” y lo que declaró haber invertido.
Vitor era el “responsable político” y Vazón el “responsable económico-financiero” de la campaña y estaban acusados por no haber acreditado debidamente el origen y/o destino de los fondos públicos y/o privados percibidos por la agrupación política.
El juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, decretó la absolución de ambos dirigentes: en el caso de Vazón, porque el Ministerio Público Fiscal no sostuvo la acusación; mientras que respecto de Vitor, el magistrado señaló que no era quien tenía “el deber de custodiar la regularidad del origen y destino de los fondos”.
El magistrado señaló que “son el tesorero y el responsable económico¬-financiero de campaña quienes deberán presentar el informe final en forma conjunta y, por lo tanto, exclusivamente sobre ellos recae el deber de custodiar la regularidad del origen y destino de los fondos partidarios en lo referente al informe final”, es decir, Vazón.
En cambio, Vitor, en tanto responsable político, “no tiene un ‘deber de transparencia activa’ sobre el informe final de campaña”; “carecía de competencia para subsanar o corregir directamente determinadas carencias o infracciones, pues la existencia de un deber de control generado por la sola circunstancia de que haya firmado el formulario de presentación del informe final de campaña, importaría la creación de un deber jurídico-político sin competencia legalmente establecida” y tampoco surge del acuerdo constitutivo de la alianza electoral “que los partidos políticos integrantes o los titulares de dichos deberes de control hayan instituido o delegado deberes residuales de supervisión en el responsable político de campaña”, como era el caso del actual diputado provincial.
En las elecciones nacionales del año 2013, la alianza Unión por Entre Ríos postulaba a Alfredo De Ángeli como candidato a senador y a Cristina Cremer de Busti como candidata a diputada, quienes resultaron electos.
En la rendición final de cuentas que hizo Unión por Entre Ríos surgieron algunas inconsistencias entre el origen y el destino de los fondos recibidos por la agrupación, lo que motivó, primero, una sanción administrativa que consistió en que no pudiera percibir los aportes públicos, y luego una investigación penal contra el responsable político (Vitor) y el responsable económico-financiero (Vazón).
Concretamente, se determinó que la Dirección Nacional Electoral le había asignado 190.225,19 pesos en concepto de aporte extraordinario para la campaña electoral y en el informe final de la alianza se declararon 346.493,02 pesos.
De esos fondos, se le asignó a Unión por Entre Ríos la suma de 110.516 pesos en concepto de “aportes para impresión de boletas” y la alianza declaró haber gastado 73.677,55 pesos, lo que hace una diferencia de 36.838,78 pesos que deberían haber sido devueltos.
Tampoco se pudieron documentar ni respaldar de manera alguna la totalidad de los gastos operativos de campaña, correspondientes a honorarios profesionales de los asesores por la suma de 2.310,94 pesos; gastos de telemarketing por 8.000 pesos, gastos por investigaciones de mercado por 35.050 pesos; papelería por 63.435 pesos y servicios de transporte por 16.940 pesos. Tampoco se presentaron documentos por erogaciones efectuadas como gastos de publicidad electoral correspondientes a folletería por la suma de 34.338 peso; propaganda de internet por 73.000 pesos y honorarios de profesionales de la agencia de publicidad por 52.296,50 pesos en cada categoría, entre otros conceptos.
En función de ello, el juez explicó que la ley de financiamiento de partidos políticos establece algo que se denomina como “un modelo de imputación mixto, que asume una dimensión colectiva del ilícito administrativo electoral mediante la atribución de responsabilidad al partido político y la coexistente responsabilidad individual de las personas físicas integradas en la estructura del mismo”, en este caso, Vitor y Vazón.
Sin embargo, el fiscal Carlos García Escalada advirtió una “alarmante deficiencia” en la confección del informe final de rendición de cuentas, ya que detectó una falsificación de firmas que fue constatada por una pericia caligráfica. Por eso es que el juez Ríos corrió vista al fiscal para que se investigue esa circunstancia, a fin de determinar las responsabilidades respecto de “ciertas omisiones y deficiencias en la acreditación del origen y destino de los fondos recibidos (por Unión por Entre Ríos) en las elecciones generales del año 2013”, que eximirían de responsabilidad a Vazón.
