El Centro de Comercio de Concordia expresó su profundo pesar tras la decisión del Concejo Deliberante de desenganchar a la ciudad de la Ley Provincial N° 9393, llamada de Grandes Superficies. Advirtió acerca del impacto socioeconómico en los comercios de cercanía y remarcó que la norma “no prohíbe, regula”.
A través de un comunicado firmado por su Comisión Directiva y publicado en la página web de la entidad bajo el llamativo título "Principio de revelación", el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) manifestó su firme postura frente a la derogación de la ordenanza que adhería a la norma provincial de regulación de Grandes Superficies Comerciales, producida en el contexto de un debate público respecto de la habilitación de un nuevo local de la firma Maycon, en la zona céntrica.
Desde la institución aclararon que no existe una oposición a la llegada de inversiones ni a la apertura de nuevos comercios, entendiendo la difícil situación social que atraviesa la ciudad. Sin embargo, enfatizaron que el camino no era salir de la norma sino aplicarla a tiempo, distinguiendo a estas firmas de las empresas productivas: “Queremos ser claros una vez más: no estamos en contra de que se instalen nuevos comercios ni de que lleguen inversiones (...) Justamente por eso creemos que el camino no era salir de la ley, sino aplicarla a tiempo. Más cuando no estamos hablando de empresas productivas, sino extractivas, que sólo reemplazan a las locales sin generar riqueza neta alguna”.
En ese sentido, precisaron el impacto negativo que genera este tipo de desembarcos masivos en la economía concordiense: “Por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de este tipo, se pierden 2,4 empleos o autoempleos (propietarios) en el comercio local, sin contar con la pérdida de empleo en la cadena de suministros del comercio local, ya que este tipo de empresas no suelen comprar productos en la región”.
Asimismo, remarcaron el valor social de los negocios de barrio: “El almacén y los autoservicios de barrio no son solo negocios. Es donde el vecino compra cerca, donde trabaja una familia concordiense y donde lo que se gana se reinvierte en la misma ciudad”, advirtiendo que “los puestos de trabajo que se crean con una gran apertura se ven el primer día; los que se pierden en el comercio de cercanía aparecen después, de a uno”.
Respecto a la legislación vigente a nivel provincial, el CCISC aclaró los alcances del texto normativo y de su Decreto Reglamentario N° 1769/2010. “La Ley 9393 no prohíbe la instalación de supermercados, hipermercados ni cadenas mayoristas. Lo que hace es regularla: exige una autorización previa, un estudio de impacto y una instancia de participación de la comunidad”, señalaron. A modo de ejemplo, citaron el caso reciente de la ciudad de Crespo, donde se realizó una audiencia pública aplicando este marco legal.
Sobre la burocracia en los trámites administrativos, manifestaron que “si el problema es que los trámites son lentos, la solución es acortar los plazos y que los organismos respondan a tiempo, no eliminar la evaluación”.
En otro punto central del comunicado, la entidad comercial denunció falta de respuestas oficiales y demoras injustificables en los expedientes presentados ante el Municipio desde hace más de ocho meses. Según explicaron, mientras que para otras consultas hubo respuestas formales, en este caso particular solo existieron “evasivas o ambigüedades”, enviándose la documentación a la Dirección de Comercio Interior de la provincia recién “hace 15 días, en vísperas de la pretendida apertura”.
En relación a la empresa involucrada, sostuvieron que “sabía desde el momento de solicitar el permiso de uso de suelo que el emprendimiento podría ser alcanzado por la Ley” y cuestionaron la metodología de la sanción aprobada por los ediles: “Quizás, si esta era la decisión final por parte del Municipio, no hubiera estado de más debatirla de cara a la sociedad y a las instituciones, no un trámite 'express' a pedido y a medida de un interesado particular, sin intervención alguna de quienes durante casi 30 años velaron por la creación, promulgación, reglamentación y vigencia de esta Ley”.
Cuestionaron además la falta de comunicación por parte del cuerpo deliberativo y del Ejecutivo municipal: “Ningún funcionario o concejal se comunicó con algún miembro de la institución, como suelen hacerlo cada vez que necesitan apoyo o colaboración en alguna iniciativa propia. Quizá el fenómeno de El Niño afectó a las líneas telefónicas, o el tiempo dedicado a Instagram no lo haya permitido…”.
A modo de cierre, la Comisión Directiva ratificó su compromiso de 106 años en la defensa de las PyMES de Concordia. “Jamás seremos voceros ni serviles de quienes detenten una pequeña y miserable cuota de poder”, aseveraron, agregando que “la Ley 9393 es una de las banderas de la institución, sigue vigente en la provincia y seguiremos trabajando en su mejora”.
Finalmente, la dirigencia empresaria lanzó una dura advertencia sobre la legalidad de lo actuado: “Cuando una norma se modifica con el propósito exclusivo de favorecer a una persona o grupo determinado, se vulneran principios constitucionales fundamentales en el derecho argentino. Cuando dos instituciones (CCISC y CASCO) quedan excluidas y silenciadas del debate, ‘algo huele mal en Dinamarca’”.
