Se trata de una instancia de apelación ante el Vocal Aníbal Lafourcade, a la que recurrió el abogado defensor de Bordet y Ávila, el Dr. Jorge Esteban Romero, luego de fracasar en un primer intento por revertir lo que ellos mismos habrían autorizado previamente: que les retuvieran los celulares, para ser sometidos a las pericias correspondientes, a fin de extraer información vinculada con la investigación en curso.
Romero no pudo convencer en una primera instancia al Juez de Garantías, Ives Bastian, quien coincidió con los argumentos expresados por el Fiscal José Arias, cuando se le corrió vista del pedido del letrado defensor.
En principio, más allá de la cuestión jurídica, es sabido que el exgobernador y su esposa hicieron pública su decisión de acceder voluntariamente al allanamiento de sus viviendas, sin escudarse en sus fueros, un gesto político fuerte e inusual. En tal contexto, según trascendió, fueron aún mucho más lejos en su disponibilidad a facilitar las pericias, entregando sus aparatos de telefonía móvil e, incluso, brindando la clave de seguridad y la contraseña para que fuera abiertos.
Pero algo pasó en el camino que los llevó a cambiar de criterio y a solicitar, a través del abogado Romero, que quede sin efecto tal autorización a abrir los celulares y que sean devueltos de inmediato. Arias se opuso a dicha pretensión y el 22 de Junio de 2026, el Juez Ives Bastián no titubeó y la rechazó de plano.
El magistrado hizo foco en lo que calificó como “manifiesta” y “documentada” contradicción en que habrían incurrido los investigados: “fue la Defensa quien consintió el allanamiento y el secuestro de los dispositivos; quien instó a prescindir del trámite ante las Cámaras y convino día y hora de la diligencia; fueron los propios legisladores quienes, asistidos por su letrado, ratificaron la medida, dispusieron de la protección de sus fueros y aportaron voluntariamente las contraseñas de los aparatos para que la Justicia accediera a su contenido; y fue, finalmente, la Defensa quien consintió la resolución que autorizó el análisis. Quien con sus actos generó la habilitación de la medida no puede luego ampararse en una posición contraria para enervarla. El comportamiento ahora asumido contraviene la buena fe procesal y no merece tutela jurisdiccional”.
Pero el defensor Jorge Esteban Romero no se dio por vencido y decidió apelar. En un fuerte tono de confrontación con Bastián, argumentó que la postura del magistrado “conculca garantías constitucionales que no admiten ni sugieren queden comprendidas dentro del corsé de los plazos procesales de las garantías procesales ordinarias, lo que causa un agravio irreparable a mi parte y fundamenta el recurso de apelación”. Y más adelanto pidió la “inmediata intervención de un Tribunal de Apelaciones y/o superior, para poner coto al trivial tratamiento por el Juez de Garantías de la supremacía de las leyes que la a Constitución Nacional prevé en su art. 31”.
Será entonces el Vocal Aníbal Lafourcade quien resuelva si acepta lo solicitado por Bordet y Ávila para que queden sin efecto las autorizaciones a abrir sus celulares, o si, coincidiendo con el juez Bastián, rechaza la pretensión defensiva.
A posteriori de los allanamientos a los que accediera el Diputado Nacional, durante los cuales entregó su Smartphone y hasta la contraseña, el Ministerio Público Fiscal avanzó en otros procedimientos que hicieron foco en el empresario Salvador Carubia y su empresa Gruppa 3, a partir de constatar que mobiliario instalado en las residencias de Bordet y Ávila fueron adquiridos por Carubia. El exgobernador reaccionó con visible malestar: “Se pretende instalar sospechas por situaciones completamente habituales en cualquier obra, como la compra de una mesada. Se están llevando cuestiones normales al terreno de lo penal sin ningún sustento real”, argumentó. Más allá de esta reacción en los medios, sin que tomara estado público, la defensa del diputado nacional desplegó de allí en más una estrategia judicial –hasta ahora infructuosa- para intentar frenar la apertura de los celulares que habían sido entregados a Fiscalía durante los allanamientos consentidos por Bordet. La audiencia de este martes será otro capítulo en post de tal objetivo.
