El director de Comedores de Entre Ríos Lautaro Azzalini sostuvo que el nuevo esquema busca garantizar un piso de nutrición homogéneo para los alumnos de la provincia y superar la discrecionalidad del modelo vigente. A la espera de una resolución judicial tras el amparo presentado por Agmer, la ONG Cauce y un grupo de padres, la firma Teknofood SA adjudicó la provisión por más de $101.000 millones para los ciclos 2026 y 2027.
El Director de Comedores de la provincia de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, ratificó de manera categórica la postura del Poder Ejecutivo provincial de avanzar hacia un esquema de compra centralizada de alimentos para las escuelas, dejando atrás el sistema tradicional de transferencia directa de fondos a los directivos.
A pesar de que el inicio del nuevo mecanismo se encuentra supeditado al tratamiento de un amparo colectivo presentado de forma conjunta por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la ONG ecologista Fundación Cauce y un grupo de padres de alumnos, el funcionario enfatizó que la transformación institucional no se detendrá.
Actualmente, el Gobierno provincial resolvió sostener de forma momentánea la mecánica de asignación monetaria habitual a los responsables de los establecimientos escolares.
“Seguimos de la misma manera, sin cambios por ahora”, aseveró Azzalini en declaraciones radiales al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Sin embargo, fundamentó las razones por las cuales las autoridades provinciales consideran inviable la continuidad del modelo histórico a largo plazo.
“Pero entendemos que este sistema no es justo porque no logramos, por lo menos en los desayunos y las meriendas de las escuelas, algo homogéneo que nos satisfaga y, sobre todo, que garantice calidad a los chicos. Eso es lo central, porque el tema de las irregularidades, que es importante superar, queda en un segundo plano. Hay que decir que el actual sistema permite que se puedan dar irregularidades”, argumentó el titular del área.
Al ser consultado sobre los motivos centrales que impulsaron la modificación, Azzalini priorizó los criterios de equidad e igualación del servicio alimentario por encima de los aspectos netamente administrativos o financieros.
“Lo más importante es garantizar un piso de igualdad para todos los chicos. No puede haber chicos de primera, que desayunen leche con una banana y tostada con queso, y chicos que no desayunen o que dependen del buen humor del responsable del servicio en ese momento, que por algún motivo lo suspende, o chicos que desayunan pan con agua, o chicos que desayunan un mate cocido con una galleta. Ese es el objetivo de este cambio”, detalló el funcionario, agregando además que “hoy, además, el actual sistema no nos garantiza que realmente los fondos lleguen a los chicos”.
El funcionario precisó que el mecanismo de compras centralizadas ya funciona en la mayoría de los distritos del país y aclaró que la logística del servicio representa “un 30%, que es más o menos lo que pagan otras provincias”, calificándolo como un costo inevitable dentro de la estructura general.
La reestructuración del servicio se formalizó a través de la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, resultando adjudicataria la firma Teknofood SA mediante el Decreto N° 1.983/2026.
• Monto total adjudicado: $101.726.784.000 calculados para los ciclos lectivos 2026 y 2027.
• Precio unitario por ración: $1.600.
• Proyección de alcance: Aproximadamente 63.579.240 raciones totales contempladas para ambos períodos lectivos.
La modalidad busca adecuar la provisión a la asistencia efectiva de los alumnos en cada período, evitando compras excesivas, desajustes o subejecuciones presupuestarias, garantizando que el Estado efectúe erogaciones estrictamente por los insumos consumidos.
Frente a la posibilidad de que los tribunales dictaminen una medida favorable al amparo impulsado por los sectores gremiales y sociales, Azzalini reafirmó la orientación del Poder Ejecutivo de continuar con el modelo.
“Nuestra idea es cambiar el sistema, ir a un sistema de compras centralizado que garantice un montón de beneficios. Si la Justicia hace lugar al amparo, volveremos a hacer la licitación para implementar este sistema nuevo”, aseguró.
Asimismo, alertó sobre los eventuales perjuicios económicos para el erario provincial derivados de la paralización temporal del contrato con la empresa adjudicataria, manifestando que “pueden hacer un reclamo porque ya alquilaron un galpón y han contratado personas para brindar un servicio que no se da”. En ese marco, concluyó ratificando que “la decisión política es cambiar”.
