El escrito, según se supo, es del mismo tenor que el que presentó el miércoles pasado el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. En unas tres páginas, el legislador niega los cargos que se le imputan y asegura que la contratación de la firma Global Means SA, cuyo presidente es el contador Germán Buffa, se llevó a cabo de forma transparente.
Báez en principio estaba citado a declarar a las 10 de este lunes, pero antes del fin de semana solicitó adelantar el horario de declaración indagatoria para las 8. Tras conseguir la aprobación del juez y la fiscal Viviana Ferreyra, se presentó en los Tribunales a la hora peticionada, acompañado por su abogado Ignacio Díaz.
La secretaria del juzgado, Gabriela Garbarino, precisó que Báez “vino a las 8 y presentó un escrito” al juez. Señaló además que “el cambio de horario fue solicitado por él” y que la fiscal Ferreyra estuvo de acuerdo con la modificación.
Consultada sobre el tiempo que tendrá el juez Maldonado para dictar el auto de mérito luego de que terminen las indagatorias, dijo que “según el Código Procesal Penal tiene 10 días para resolver”, aunque aclaró que estos plazos son ordenatorios. Por último, refirió que en la causa “las pruebas estarían todas agotadas”.
La causa se abrió en 2013 tras una demanda presentada por el diputado nacional radical (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino. En su denuncia daba cuenta que a Global Means SA se le había pagado $500 mil, sin respetar requisitos de contratación pública.
Avanzada la investigación, la fiscal Ferreya imputó a Urribari, Báez y Buffa por el delito de negociaciones incompatibles, pero bajó a $118 mil el monto sospechado de haber sido direccionado de forma arbitraria.
La imputación formulada por la fiscal dice que siendo Urribarri gobernador, y Báez como Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de ese año.
El primer aviso era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil, confirmaron fuentes conocedoras del expediente.
Esa cifra fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Para la fiscalía, además de esa presunta contratación amañada, también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
