El equipo del abogado Fernando Burlando desembarcó esta semana en la capital de Entre Ríos para asumir la defensa del dos veces gobernador de la provincia y ex embajador de Israel, Sergio Urribarri, quien está a un paso de tener que cumplir la efectividad de la pena por la que fue condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción. Tal como lo informaron varios medios, el abogado habría decidido participar en la causa tras considerar que “el ex gobernador de Entre Ríos, ha sido objeto de persecución política y de arbitrariedades manifiestas que son inconciliables con una correcta administración de justicia”.
Según destacó “esto requiere un remedio inmediato, porque se corre el grave riesgo de detener ilegalmente a una persona”. Por lo que explicó el profesional, esto podrá traer consecuencias administrativas y penales para los responsables que autoricen o consientan tamañas ilegalidades.
Por tal motivo, en las últimas horas se conoció el pedido de recusación contra los magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio. Según pudo establecer el portal Data Clave, los jueces del más alto tribunal provincial habrían recibido, el miércoles pasado, pedidos formales para que se aparten del expediente por considerar que existen razones para temer sobre la parcialidad de sus resoluciones. El planteo para algunos es ex contemporáneo porque debió haberse hecho antes de conocer sus opiniones y, en consecuencia, sería rechazado de plano.
No obstante, como estrategia los letrados defensores de Urribarri requirieron al máximo tribunal que se solicite a diversas compañías de telefonía celular del país, los números de teléfonos que posean como titulares los jueces Giorgio y Schumacher, así como los listados de llamadas entrantes y salientes de ambos titulares desde el 25 de agosto de 2023 hasta el día de la fecha.
Con el convencimiento de que la Justicia podría llegar a investigar la posible comisión de diversos delitos de acción pública se requirió la geolocalización de diversas líneas telefónicas y que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del doctor Miguel Ángel Giorgio al país desde el 2022 en adelante.
El equipo de Burlando se habría hecho eco de versiones según las cuales se desprendería que los expedientes contra Urribarri habrían sido gestados ilegalmente en el seno de ciertos sectores del poder judicial.
En este contexto, voceros del exmandatario afirmaron que “podríamos estar en presencia de una gigantesca causa armada” situación que también dejó entrever el abogado mediático al hablar de las “acciones penales y pedidos de juicio político” que resultarían inminentes, a la luz de los pedidos de recusación articulados en la mega causa contra el exgobernador, consignó el portal Data Base.
Ellos entienden que podrían existir evidencias que comprometerían a los magistrados supremos ya que el proceso “estaría plagado de irregularidades” según las expresiones del propio Burlando en varios medios locales que lo entrevistaron.
El equipo de Burlando estaría evaluando una nómina de testigos que estarían dispuestos a declarar en el caso de concretarse las acciones judiciales y administrativas. No obstante, el abogado Burlando fue muy cauto al respecto y prefirió no dar mayores precisiones sobre las eventuales denuncias contra jueces y fiscales aunque aseguró que “la sentencia condenatoria contra el ex mandatario estaba plagada de irregularidades y que violaba absolutamente un sinnúmero de preceptos vigentes tanto de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y múltiples artículos del código de procedimiento penal en Entre Ríos …”.
Entre las normas vulneradas, el equipo de Burlando mencionó la ley 19.550; la ley provincial 5140 -de contrataciones de publicidad- la ley 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; la ley 24059 -cuyas formalidades para requerir el auxilio de fuerzas federales no se habría cumplido– y otro sin número e preceptos procesales y constitucionales, entre los que destacaron los artículos 209, 210, 211, 212 y 213 de la Constitución Provincial.
En este orden de consideraciones, se ha llegado a hablar de posibles “manipulaciones desde el exterior” que habrían motivado los pedidos de recusación del equipo de abogados y el inminente pedido de juicio político de Schumacher y Giorgio.
El portal Data Base indicó que, en las próximas semanas, podría ingresar un pedido formal de juicio político contra los magistrados, debido a la gravedad de las arbitrariedades cometidas durante el proceso penal en el que se investiga la conducta del ex gobernador de la provincia y a la trascendencia institucional que un escándalo judicial de esta magnitud podría traer aparejado.
En las últimas horas hubo comunicaciones entre diputados y senadores de la oposición que estarían acordando con ciertos sectores oficialistas que podrían dar luz verde del ingreso de los pedidos contra los magistrados.
Según dijeron las fuentes, la trama de conspiración ha adquirido incluso ribetes novelísticos al yuxtaponerse con trasfondos románticos. Fuentes judiciales que pidieron preservar su identidad hablaron de serias presiones sobre el voto de una de las juezas y las diligencias probatorias requeridas en el pedido formal de excusación, parecen estar encaminada a demostrar dicha posibilidad.
Burlando llega a la defensa de Urribarri después de su participación como querellante en la investigación de la muerte de Berenice Gonzálvez en Entre Ríos, donde habría recibido información de primera mano sobre las causas contra el exgobernador entrerriano.
El equipo del profesional habló de “posibles abusos de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedades ideológicas y hasta de un posible prevaricato.” El abogado destacó que “las eventuales causas que se inicien no prescriben mientras los funcionarios sigan en función judicial.” “La idea de que estos delitos no prescriban mientras los jueces sigan en funciones, es justamente evitar que puedan manipular las investigaciones valiéndose de los cargos que detentan.”
Sin embargo, el abogado mediático volvió a ser extremadamente prudente al referirse al Poder Judicial: “No hay que confundir a la opinión pública. No es el poder judicial” y agregó: “La mayoría de los jueces de Entre Ríos son excelentes. Hay jueces honorables, de mucha solvencia, muy preparados, que trabajan muy bien pero justamente no son los que salen en los diarios”.
“Paralelamente, hay muy pocos jueces muy puntuales, de ascensos meteóricos, que hacen carrera ejerciendo presiones indebidas mientras se pasean con sus parejas por playas de países lejanos. Estos elementos le hacen muy mal al poder judicial”, comentó.
En este contexto, el profesional aclaró que, para fallar sobre una causa judicial, la Constitución exige que los jueces sean independientes e imparciales y que. si existe un serio temor de parcialidad, ni siquiera tienen que esperar ser recusados. Cuando median circunstancias que ponen en duda su imparcialidad, los magistrados tienen la obligación de excusarse. Esta “es una regla para resguardar el derecho a un juicio justo” pero también, “la apariencia de un juicio justo”, puntualizó Burlando.
Al ser consultado sobre si las denuncias penales contra los jueces del Superior y los pedidos de juicios político dependerían de que los magistrados no se excusen, el abogado prefirió no hacer comentarios al respecto. Pero fuentes cercanas al ámbito judicial especularon que, si se excusan, sólo quedaría a salvo la responsabilidad de los jueces del máximo tribunal, pero no la de los fiscales y los magistrados que cometieron las irregularidades en las instancias inferiores.
