En ese ámbito, el presidente del directorio obrero, Fernando Cañete, buscó desmitificar -según sus propias palabras- que la obra social esté “quebrada”. Lo hizo argumentando que los números “son más que esclarecedores”, aunque advirtió que desde el año 2015 viene alertando sobre los riesgos que corre el sistema de salud:
“Las altas tecnologías que se incorporan, la medicación monoclonal, importada y de altísimo costo; las leyes especiales con coberturas del 100 por ciento a cargo de las obras sociales provinciales, dictadas sin el correspondiente financiamiento adicional y adecuado; ni derecho a recurrir al Sistema Único de Reintegros como sí lo hacen las obras sociales nacionales y sindicales para recuperar lo invertido por estos conceptos, ponen en jaque las finanzas y estructuras de los financiadores de salud”.
Todo ello, luego de comentar con los magistrados el paso a paso que significó la negociación de Iosper con la Federación Médica de Entre Ríos hasta arribar a un acuerdo de aumentos en órdenes y prestaciones -establecido en tres etapas-, más la comisión que se constituyó para revisar los nomencladores.
Además, Cañete mencionó la cobertura de medicamentos, la incorporación de nuevas prestaciones y convenios, el plan de medicamentos, las prestaciones que se brindaron en 2020, cómo se concentran los recursos y cómo funciona el fondo voluntario.
