En declaraciones al programa “A quien corresponda” (Radio De la Plaza), informó que “como última noticia, particularmente preocupante, surgió que en agosto de este año en la primera causa que denunciamos por el robo de los 7 millones de dólares que se fugaron al exterior y no se sabe todavía dónde están, se le tomó declaración a un testigo de identidad reservada, es decir que ninguna de las partes sabe quién es y solo conocemos su declaración”.
Ese testigo aportó una pista que indica como autor del desfalco al hijo mayor de Rufino Pablo Baggio, “que es mi cliente y que es justamente el denunciante”, según el letrado.
Al respecto, planteó que “llamó mucho la atención por lo alocada y disparatada esta declaración, porque fácilmente se puede observar que es mentira, porque hace un relato que indica que el hijo de nuestro cliente hace 20 años, o sea cuando tenía una edad de 15, habría pergeñado esta maniobra para ejecutarla 20 años después”: “Es muy raro, pero a ese testigo se le reservó su identidad cuando esto no está previsto para este tipo de delitos, la reserva de identidad es para causas de narcotráfico, trata de personas, contrabando”.
Ante esto “pedimos la nulidad de esa declaración y quedamos asombrados porque es cambiar el norte de la investigación, ya estando al final cuando hay imputados, está pronto a elevarse a juicio. Esto nos preocupó a punto tal que planteamos la recusación del juez federal Hernán Viri, su apartamiento y la nulidad de esa declaración porque entendemos que es una pista falsa que viene tardíamente a intentar cambiar el rumbo de una investigación que ya estaría concluida, al menos en la hipótesis que manejaba el juez”.
Según el doctor Pérez Núñez, “no hubo más medidas de prueba, aunque el viernes pasado allanaron el domicilio particular de mi cliente pero en el marco de otra causa, que no se sabe cuál es el objeto del juicio porque fue una medida de prueba anticipada”.
“El Código Procesal prevé la posibilidad de que antes de iniciar un juicio, si hubiera necesidad de obtener alguna prueba de manera urgente y hay temor de que desaparezca, se puede pedir que se haga esa prueba anticipadamente. En este caso, la prueba que pidieron fue allanar el domicilio particular de Rufino Pablo Baggio, lo cual es de gravedad porque en este caso el domicilio particular no es ni la sede social ni el domicilio fiscal de ninguna empresa que tengan ellos. Igualmente, como no hay nada que ocultar, se colaboró con el juzgado, se abrieron las puertas y se llevaron las seis computadoras que había en el domicilio, que era lo que buscaban”, explicó.
Consultado por los 7 millones de dólares en cuestión, indicó que “el dinero se bifurca y se abre en 36 cuentas de personas desconocidas, algunas en Estados Unidos, otras en Europa, y luego se ramifica. Lo que queríamos era que se investigara una pista que tenía que ver con Juan Alejandro Baggio, uno de los imputados -hoy ya sobreseído- que es el beneficiario final de un fideicomiso no declarado en las Islas Vírgenes Británicas, y coincidían los fondos que había en ese fideicomiso y se verificara la posibilidad de que fuera el dinero de la fuga. Pero esas medidas de prueba no se produjeron”.
En relación con la recusación del juez, el abogado dijo que “lo más grave es haber tomado declaración a un testigo con identidad reservada y haber guardado ese testimonio desde agosto hasta noviembre para sacarlo ahora a la luz”: “Al mirar el expediente electrónico, la declaración tiene fecha 31 de agosto y fue cargado el 15 de noviembre, lo cual hace ruido. Quizás parezca algo menor pero sustraer la declaración de un testigo del control de las partes es algo de gravedad institucional. Lo denunciamos en esos términos y entendemos que la Cámara va a indicar el corrimiento del juez y que se designe el juez que sigue en orden de lista para entender en este tipo de causas. Es algo muy grave, de una gravedad inusitada”.
Por otra parte confirmó que, en paralelo, hay otro juicio en la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, “donde decidieron que la mejor manera de solucionar el problema era designar un interventor judicial para que convoque a asamblea y compute los votos de la debida forma, para que no ocurra otra vez el atropello que ya ocurrió en junio cuando se intentó hacer una asamblea y a mi cliente no le permitieron computar sus acciones y lo excluyeron de la votación, lo echaron de la empresa sin que hubiera una orden judicial. Entonces ahora, esa tarea la hará un contador, con asistencia de un oficial de justicia, de la policía para que todo se desarrolle con normalidad, y a partir del viernes 14, mi cliente podrá hacer valer su mayoría y designar un directorio de acuerdo a su preferencia e idoneidad”.
