Según el decreto Nº 4.538, dictado el 19 de diciembre de 2022 y publicado este martes 30 en el Boletín Oficial, a Raffo le habían iniciado un sumario a partir de actuaciones administrativas impulsadas desde la Dirección Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos en las que se le imputó «el quebrantamiento del orden policial, sin preservar el deber de respeto por las jerarquías como pilar básico de la Policía de Entre Ríos, al realizar severas acusaciones contra el señor Jefe de Policía (Gustavo Maslein), solicitando su renuncia y la de la señora Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia (Rosario Romero)».
El reproche hacia Raffo proviene de su actuación desde el sindicato de policías, Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), y «en una carta abierta difundida» difundida por medios digitales en octubre y noviembre de 2020, y la convocatoria «a una marcha pública exigiendo la renuncia de los funcionarios antes mencionados».
El sumario interno de la Policía concluyó con el pedido de la sanción de destitución por cesantía. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, que mediante dictamen N° 724/22 «concluye que no encontró objeción a la sanción sugerida por el señor Jefe de Policía de la Provincia»; y que «la conducta del causante, si bien se encuentra retirado de la fuerza policial, es alcanzado por el especial conjunto de deberes y derechos cuyas transgresión constituye falta disciplinaria encuadrando su comportamiento como reñido y violatorio a las normas contenidas» en el Reglamento General de Policía.
Pero antes de que se aplicase esa cesantía, Raffo, a través de los abogados Ramiro Pereira y Ramiro Menis, había iniciado una demanda contencioso administrativo ante la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná contra la resolución del Gobierno que había dispuesto su pase a retiro. En la presentación, piden a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo «que disponga la inmediata reincorporación de nuestro mandante, otorgándole la jerarquía de Comisario Inspector».
Raffo ingresó a la Policía el 11 de febrero de 1991. Fue ascendido a oficial principal el 15 de noviembre de 2002 e inició una tarea de gremialismo dentro de la fuerza de seguridad lo que le valió que le iniciaran siete sumarios administrativos desde 2009 en adelante. Ese “trato discriminatorio”, según la presentación judicial, “se intensificó” cuando Raffo dio forma a la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (Apropoler) y decidió competir en las elecciones para elegir directorio en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en 2010, por el agrupamiento de activos y retirados de la Policía.
En ese marco, hizo una serie de advertencias y denuncias por “irregularidades” detectadas en el proceso electoral con la lista de los policías, y apuntó particularmente a la propuesta apoyada por la Jefatura de Policía. “Entre las irregularidades denunciadas por Raffo se encontraban, en lo sustancial, el haber puesto toda la estructura logística de la Policía de Entre Ríos, incluyendo helicópteros, colectivos y patrulleros, a favor de la lista `oficial` auspiciada por la Jefatura de la Policía”, dice el escrito que tramita la Justicia.
Fue la piedra de toque para que se iniciaran en contra de Raffo una serie de hechos de “discriminación y persecución”. En 2010 presentó ante la Junta Médica Policía certificados médicos, firmados por el médico Juan Barbagelata, que daban cuenta de “la situación de acoso laboral”. Fue así que ese mismo año se le otorgó licencia por estrés en el ámbito laboral. “Sin embargo, luego de ello, nunca se le permitió volver a su actividad de servicio, a pesar de haber manifestado su voluntad de retornar al mismo”, agrega la presentación.
Los abogados refieren que la Junta Médica Policial catalogó a Raffo “inepto total” para el servicio y, luego, un “estudio psicológico, el cual fue efectuado por una psicopedagoga”, y a pesar de que el dictamen de esa perito fue tildado de nulo, el legajo fue derivado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones “ara el trámite de retiro obligatorio”. El 5 de junio de 2017, el jefe de Policía dictó la resolución Nº 1.191 por la que se dispuso el “cese” de Raffo. Tras eso, el 26 de junio de 2017, y a través del decreto Nº 1.276 el Poder Ejecutivo dispuso el pase a retiro obligatorio.
La medida se dispuso a pesar de que Raffo contaba con “tutela sindical” por cuanto desde 2016 ejercía como secretario general de Apropoler, una entidad que obtuvo reconocimiento de personería gremial a partir de un fallo que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V.
“Es decir, al momento en que fue dispuesto el retiro obligatorio de nuestro mandante, este se encontraba gozando de la tutela sindical, si bien luego dicho decisorio fue dejado sin efecto por pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, abunda la presentación.
Luego del retiro, a Raffo, junto al suboficial Alfredo Basi, le iniciaron un nuevo proceso disciplinario “por expresiones suyas vertidas en la prensa, el cual se encuentra pendiente de resolución”.
Los abogados Pereira y Denis pidieron a la Cámara Contencioso Administrativo que declare “la ilegitimidad” del pase a retiro dispuesto por el Poder Ejecutivo.
