Goyeneche denunció la “ilegalidad que implica un grave quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que deben integrarse los tribunales de la causa”, por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury; “la prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales”, en virtud de la convocatoria de un conjuez para que ejerza el rol de acusador; y la afectación a la garantía de ser juzgada por un tribunal imparcial.
El hilo conductor de aquella presentación era el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador natural. La procuradora adjunta denunció que “es de una grosera y manifiesta ilegalidad por ausencia de legitimación del Jurado de Enjuiciamiento para disponer ese desplazamiento” y que la decisión se sostiene “en la búsqueda de un objetivo concreto: que el órgano de ‘acusación’ elegido especialmente para el caso se desempeñe de acuerdo con el criterio de los jurados que la seleccionan”.
En primera instancia, la jueza Elena Albornoz decretó la “ilegitimidad” de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de separar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador y dispuso que se devolviera esa función al Procurador General, como lo establece la ley que regula el procedimiento.
La magistrada dispuso que “el órgano acusador ante el jury dispuesto a la amparista Cecilia Andrea Goyeneche sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General”, Jorge Amílcar Luciano García, tal como lo establece la ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
Sin embargo, el STJ revocó esa decisión, declaró inadmisible la vía del amparo, rechazó la presentación efectuada por Goyeneche y luego también le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la procuradora adjunta recurrió en queja ante la Corte Suprema, con el patrocinio del estudio los abogados Alberto Bianchi, Lino Galarce y Santiago M. Castro Videla.
Este viernes, el máximo tribunal solicitó formalmente al STJ la remisión del expediente principal. Esta decisión, en principio, no tiene ningún impacto en el jury, pero revela el interés que tienen los miembros de la Corte Suprema en el caso.
De todas maneras, no se ha dictado hasta el momento ninguna resolución que suspenda el inicio del proceso por presunto mal desempeño y por haber tenido -presuntamente- una conducta incompatible con las funciones a su cargo.
En el amparo, Goyeneche solicitó explícitamente que se dejara sin efecto la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso la apertura del proceso y la suspensión en su cargo.
El dato cobra relevancia porque la Corte Suprema no tiene un plazo para expedirse y el riesgo, en ese caso, es que la decisión llegue luego de que el Jurado de Enjuiciamiento haya dictado sentencia.
