“Que resulta de la aplicación de la doctrina del Tribunal según la cual, cuando se encuentran pendientes de resolución de apelaciones interpuestas, corresponde con carácter previo a determinar la competencia, que se resuelvan los recursos deducidos”, reza la resolución del máximo tribunal del país.
Todo surge a partir del conflicto de competencia entre la Justicia entrerriana y el juez federal Daniel Alonso, quien reclamó poder tomar el control de la investigación que busca probar delitos de corrupción -entre los años 2008 y 2018- en el Poder Legislativo. La decisión de Alonso fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La Corte definió que, mientras no se resuelva la apelación de Fiscalía, la causa pueda continuar su trámite en la Justicia ordinaria. De ese modo, el expediente que está bajo la supervisión de la jueza de Garantías Marina Barbagelata puede avanzar en tribunales.
El pedido del MPF para que la causa se remita a juicio, había quedado pendiente por la discusión respecto a la competencia.
