La acción se dio en el marco de la solicitud elevada por un grupo de defensores de los imputados en la causa por presuntas irregularidades en contratos suscriptos en los últimos diez años en la Legislatura entrerriana, que pretenden que el expediente pase al fuero federal.
El 9 de noviembre, ante la Secretaría Electoral, los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa y José Velázquez presentaron un pedido de inhibitoria del fuero penal ordinario. Tras una serie de trámites de forma, desde la Justicia Federal se solicitó al Ministerio Público Fiscal de la provincia un informe sobre “el objeto, hecho, calificación legal, estado de tramitación y datos personales de las personas imputadas en la causa”. Una vez recibido el informe, el 26 de noviembre, se corrió vista al ministerio para que dictamine respecto de la cuestión de la competencia.
En ese punto, Cappa y Velázquez solicitaron la recusación de Leandro Ríos, fundada en la presunta “falta de parcialidad” en razón de “la existencia de parentesco en segundo grado de afinidad” del magistrado con el abogado Julio Federik, quien actúa en la causa como representante de los senadores nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino. Al respecto, Ríos marcó que el pedido en cuestión fue presentado el 27 de noviembre, “encontrándose ampliamente vencido el plazo” previsto en la normativa vigente, con lo cual “la recusación devendría formalmente inadmisible por extemporánea”.
En materia procesal, el magistrado marcó que, si bien es pariente del abogado Federik, la situación no encuadra en las causales de apartamiento previstas, dado que las personas a las cuales representa el letrado “no revisten la condición de imputados, ni ofendidos, ni damnificados ni civilmente demandados en la causa”, según se desprende del informe ofrecido por el Ministerio Público Fiscal.
“Guastavino y Kunath, cuyo representante legal Federik se encuentra comprendido en el primer grado de afinidad con el suscripto, no son imputados y, por lo tanto, no han adquirido la calidad o rol de parte como sujeto procesal, pues con ella recién se establece una relación jurídica sustancial concreta en relación al proceso judicial y, con ello, surgen los derechos que puede ejercer en el mismo”, agregó Ríos.
