El canciller oriental Omar Paganini se comprometió a revisarlo el 13 de diciembre, ante el planteo de diputados del Frente Amplio (FA) y la queja de legisladores de la coalición oficialista. Seis días después, la CTM dejó sin efecto el acuerdo.
La reacción sindical llegó el lunes 8 de enero, cuando la Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande denunció el incumplimiento del pacto firmado por ambas partes y refrendado en una resolución, y anunció que evalúa iniciar medidas.
El 13 de diciembre en la comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el diputado Nicolás Viera (FA) le preguntó al canciller sobre el acuerdo salarial, al que calificó de “escandaloso”, y alertó que se realizó “en año electoral y que genera cláusulas, al final de este contrato, que son mordaza”, porque plantea que “el sindicato, después de que firme esto, se obliga a no hacer declaraciones, a no hablar del tema, a no movilizarse”. Como informara Montevideo Portal, el ministro respondió entonces: “Nosotros no teníamos conocimiento de esta negociación sindical, que termina en un acuerdo”.
Paganini planteó el 13 de diciembre que “es un preacuerdo o un acta tentativa” y agregó: “En ese sentido, en estos días vamos a estar evaluando su impacto, viendo si existen alternativas, pero este ministerio entiende que no está alineado con las pautas salariales del gobierno”. Además, Paganini sostuvo que el apartamiento de esas pautas “abarca cargos que están muy bien remunerados”.
La respuesta conformó a Viera, quien comentó que “no es normal la sinceridad demostrada por el ministro” y acotó que “eso habla bien de él, no solamente como jerarca sino también como persona”.
Seis días después, el 19 de diciembre, el presidente de la CTM de Salto Grande, Martín Burutarán (de la delegación de Uruguay), y el presidente de la Delegación Argentina, Luis Benedetto, resolvieron dejar sin efecto la resolución 270/23 del 5 de diciembre de 2023. Al justificar la resolución, CTM citó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que indica gestiones para dejar sin efecto el acuerdo salarial firmado entre la delegación de Uruguay y la Mesa Coordinadora de Trabajadores de CTM, que regiría del 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.
Medidas
El canciller informó en comisión que el acuerdo involucra a 250 funcionarios del sector uruguayo de la comisión binacional, incluidos algunos de los cuestionados por la Cámara de Representantes por ingresar de forma directa por cuota política, en particular, 10 ediles del Partido Nacional (PN).En comisión, el diputado Juan Martín Rodríguez (PN) dijo que le llamó “poderosamente la atención” el acuerdo, e Iván Posada, del Partido Independiente, planteó que los aumentos salariales constituyen “un hecho grave”.
Tras la queja de legisladores de la oposición y el oficialismo, Paganini intervino y el acuerdo quedó sin efecto.
La respuesta del gremio llegó en una carta entregada el 8 de enero a la CTM en la que denunció la resolución del 19 de diciembre. Expresó su esperanza de que “la situación denunciada sea resuelta en el plenario” de CTM, “a realizarse el 17 del presente mes”, y advirtió: “Si esto no fuera así, nos declararemos de manera inmediata en asamblea permanente e iniciaremos las medidas que nuestros afiliados consideren pertinentes”.
Contratos
Dos meses antes de la firma del acuerdo, el 3 de octubre, el entonces canciller Francisco Bustillo había sido interpelado por el FA en Diputados. En esa instancia, la cámara baja solicitó la renuncia de la delegación uruguaya en CTM de Salto Grande y el cese de todos los funcionarios designados de forma directa y “discrecional” desde el 23 de abril del 2020.El canciller Paganini informó en diciembre en comisión sobre el cese de funcionarios, aseguró que “es imprescindible una auditoría externa de gestión” -otra solicitud de Diputados- y justificó por qué los delegados de Uruguay se mantendrán en sus cargos, a pesar de que la cámara baja había pedido sus renuncias.
“El Poder Ejecutivo entiende que la responsabilidad política por lo hecho ya fue asumida por el expresidente de la delegación, doctor Carlos Albisu (renunció en setiembre de 2023). Asumimos que con esta delegación liderada por su nuevo presidente (Burutarán) y con el nuevo instrumento legal que queremos tomar en cuenta (un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y fue aprobado en el Senado), los problemas desde la gestión de esta comisión no se van a repetir. Por lo tanto, entendemos que lo hecho en cuanto a la delegación es suficiente. Por supuesto que vamos a mantener un seguimiento estricto de lo que allí sucede y si hay desvíos, veremos”, expresó Paganini.
El 13 de diciembre en el Parlamento el ministro hizo una puesta a punto de los avances sobre el cese de los funcionarios que ingresaron por designación directa, y advirtió sobre la complejidad del asunto por las características del vínculo laboral. “Se han resuelto hasta el momento 23 situaciones sobre un total de 35, ya sea de común acuerdo o ajustadas a la normativa vigente. Tengamos presente que cada uno de los trabajadores designados en la CTM, tanto argentinos como uruguayos, es empleado de un organismo internacional, con la vigencia plena de sus derechos, una vez que son confirmados, independientemente del área donde revistan funciones”, dijo el canciller.
Luego, informó sobre las 23 “soluciones alcanzadas”: “siete personas que ya no son funcionarios, porque renunciaron en forma definitiva, que es el caso de cuatro de ellos, o porque se vencieron los contratos y no fueron renovados, que es el caso de tres”; “uno cesa por jubilación el próximo marzo de 2025”; y “las 15 personas adicionales aceptaron, por voluntad propia, renunciar a su condición de funcionario permanente y pasar a una modalidad de contrato anual renovable”.
El ministro aclaró que “estos contratos fueron firmados en noviembre, pero cuentan con una cláusula que establece que la CTM, en cualquier momento y de manera unilateral, puede terminar el vínculo contractual por su sola voluntad”.
“Quedan, entonces, 12 situaciones no resueltas hasta el momento que son de personal permanente que, aun cuando en algún caso se presentó renuncia voluntaria y la aceptación de la condición de pasar a disposición, la delegación argentina no lo aprobó. Esto fue porque cumplen funciones en áreas comunes de la Comisión Técnica Mixta y la delegación argentina entiende que son necesarias”, explicó.
En esa instancia, hace un mes, el canciller prometió “seguir evaluando la situación” y, presentó dos propuestas para al proyecto de ley que no están incorporadas en la iniciativa que aprobó el Senado.
