La noticia cobró estado público casi simultáneamente con la confrontación interna dentro en las filas del Pro, donde el dirigente Roberto Niez aparece encabezando una lista dispuesta a confrontar con la de Eduardo Caminal, esta última avalada por el ex ministro Rogelio Frigerio.
Lo que trascendió de esta auditoría indicaría que Niez adquirió con fondos de la CTM, y con el consentimiento de los delegados Julio Forchesatto y Hugo Mayer, grandes cantidades de alimentos “con un sobreprecio considerable, que habrían sido distribuidos en las semanas previas a las elecciones de 2019”.
El primer cuestionamiento surge porque la asistencia alimentaria no es una función de ese organismo, y porque además se asegura que el mismo proveedor de ese momento habría cotizado luego los mismos productos a un precio menor. La cifra pagada ascendería a los 20 millones de pesos.
Otra crítica se centra en que los fondos se hayan destinado a municipios alejados de la zona de Salto Grande, y gobernados en ese entonces por Cambiemos.
Así, se habrían visto favorecidos municipios como Viale, cuando era gobernado por el actual diputado provincial Uriel Brupbacher (UCR); o Basavilbaso, que era gobernado en ese momento por el actual diputado nacional Gustavo Hein (PRO), quien además fue candidato a vicegobernador en 2019.
El destino de esos módulos alimentarios se verificaría porque los intendentes firmaron las facturas de la recepción de los mismos hechas a nombre de la CTM, al igual que firmaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La situación salió a la luz, producto de una serie de facturas firmadas por el mismo Roberto Niez y que fueran remitidas y rubricadas por intendentes.
En el caso de Viale, la factura tiene fecha del 17 de octubre de 2019, es decir diez días antes de las elecciones, por algo más de 4300 módulos alimentarios, valuados en 6.354.000 pesos.
Explicación de Niez
“Lo que se hizo fue cumplir con un convenio firmado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en su conjunto, es decir, las delegaciones argentina y uruguaya, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, explicó Roberto Niez, al ser consultado por El Entre Ríos.El organismo binacional, agregó Niez, “aportó el financiamiento, pero no tuvo incumbencia en ningún otro aspecto. No eligió a los proveedores, no llevó a cabo el proceso de contratación y compras, ni seleccionó a qué municipios debía destinarse esa ayuda social”, aclaró.
Niez aseguró que "la Delegación Argentina en los cuatro años anteriores, gracias al manejo eficiente del presupuesto, permitió ahorrarle al estado nacional 42,5 millones de dólares, o sea un presupuesto entero". "Durante nuestra gestión -agregó- se hicieron mantenimientos que hacía años no se hacían de la represa como la limpieza de las rejas y el enrocado de la presa de tierra. Es de hacer notar que luego del apagón fue la única represa del país que puso en marchas sus turbinas a media hora del mismo", concluyó.
