“Para Entre Ríos poco cambiará. En términos comparativos seguiremos siendo la provincia que, ante sus semejantes, tiene una tarifa alta para la prestación de este servicio. Por un lado, por el valor agregado de distribución, es decir, por el costo operativo que tiene ENERSA y, en segundo lugar, por el componente impositivo, que comienza cuando el mismo Estado provincial le cobra a su propia empresa Ingresos Brutos (IIBB). Para tener en cuenta, en 2021, esa cifra fue de 644 millones de pesos y este año, rondará los 1.300 millones”, detalló el senador.
Dal Molín calificó que el impuesto a los ingresos brutos para la electricidad “es distorsivo” y consideró que esa situación seguirá así si no se establecen consensos y armonizaciones para igualar impuestos con provincias vecinas.
El legislador sostuvo que “la armonización, objetivo también de los consensos, tiene que ver con igualar impuestos con provincias vecinas, de manera tal de evitar traslados de empresas o favorecer inversiones en términos igualitarios. Hay empresas citrícolas o de la industria maderera, ubicadas en nuestro norte entrerriano, que trasladaron sus plantas a Corrientes, por diferencias impositivas y el costo de energía eléctrica. Ante esta situación, Entre Ríos pierde competitividad. En Corrientes la industria manufacturera tiene alícuota cero, en Entre Ríos es de 1,5%. En Corrientes, no existe impuesto en la energía eléctrica; en Entre Ríos, si”, cuestionó Dal Molín.
