“No existe ese problema”
Consideró que “no es necesario ni razonable” bajar la edad de punibilidad de los menores, como propone el proyecto oficial porque, según dijo, “es mínima la cantidad de delitos” cometidos por los menores de entre 16 y 18 años en el país.
El jefe de los defensores públicos explicó que las estadísticas revelan que “en la gran mayoría de las provincias no existe ese problema, sino que los números que maneja el Ministerio de Justicia de la Nación corresponden a la provincia de Buenos Aires. Entonces, si Buenos Aires tiene un problema, no tienen por qué verse perjudicados todos los niños del país” y agregó que “la baja de la edad de punibilidad no incide en la cantidad de delitos”.
Añadió, en ese sentido, que “no se puede concluir en que hay que bajar la edad porque una provincia tiene un problema y entonces las otras, como hermanitas menores, vayan detrás de ese problema; los niños no se merecen eso, no es justo que se tomen estadísticas de una sola provincia para modificar una ley que va a regir en todo el país”.
En Entre Ríos, las estadísticas policiales muestran que en 2018 fueron detenidos 251 menores de edad por la comisión de distintos delitos, lo que representa el 17,7 por ciento del total de personas aprehendidas y sometidas a un proceso penal.
¿Qué es una “deuda de la democracia”?
La edad de punibilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980, durante la última dictadura cívico-militar, esa edad se estableció en los 16 años, es decir, los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos, sino que son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años, pero recién a partir de los 18 años pueden empezar a cumplir su pena en una unidad penal y antes de eso pueden estar privados de la libertad en institutos especializados.Sostuvo que la sanción de un nuevo régimen penal juvenil “es una deuda de la democracia” y resaltó que “desde 1983 no se han podido poner de acuerdo las fuerzas políticas para sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil acorde a las convenciones internacionales y al desarrollo que ha ocurrido en el mundo en cuanto al derecho de la niñez porque cada vez que se habla de este tema surge la cuestión de la edad, y eso es algo que atraviesa a todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.
El defensor general afirmó, además, que “hay mucha desinformación y la gente piensa que hay que bajar edad porque con eso va a mejorar la seguridad, cuando los números demuestran que no es así”.
Por otra parte, agregó que en 2018 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su informe sobre la niñez en la Argentina, sostuvo “se debe modificar la ley penal juvenil y que la ley que se dicte no debe incluir disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal. Por eso es irrazonable bajar la edad, porque cuantitativamente no es importante y estamos porque procediendo en contra de lo que dicen los expertos y las Naciones Unidas”.
Destacó, también que “en el marco del Programa Justicia 2020 se estableció una comisión para estudiar el tema y la conclusión fue que no había que disminuir la edad de responsabilidad penal” y señaló que el Consejo Federal de los Organismos de Niñez de la República Argentina, con representantes de todas las provincias, elaboró un proyecto que plantea no bajar la edad de punibilidad.
