Desde el Instituto de Derecho del Trabajo del CAER remarcaron que, sin internar meterse en cuestiones propias de la campaña política, no existe ninguna industria del juicio. En una sociedad en la que casi un tercio de los trabajadores en relación de dependencia se encuentra sin registrar o en negro, lo que en realidad existe es una verdadera “industria del incumplimiento de las leyes laborales”, aclararon y agregaron que los trabajadores son víctimas de la violación de sus derechos más elementales.
Las expresiones del candidato, como están acostumbrados a realizar, son frases genéricas y carentes de la menor justificación. A diferencia de lo que afirma el candidato, tales expresiones no tienen el menor sustento empírico y no resisten la confrontación con estadística alguna; y son proferidas impunemente frente a una cámara de televisión, enfatizaron.
De acuerdo con lo que señala el comunicado, tan grave como ello es el ataque a los y las abogados y abogadas laboralistas, a los que nos señala de buitre. No es original la diatriba, pero no por ello deja de ser grave. El ejercicio de la abogacía resulta condición indispensable para la plena vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y el cobro de nuestros honorarios está estrictamente regulado por las leyes del ejercicio profesional. El candidato no lo ignora. Golpear a la abogacía que defiende trabajadores tiene por inocultable propósito dejar indefensos a los mismos frente a la violación de sus derechos, concluyeron.
