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La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", que establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas, y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 14 para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo.

La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.
Votación en particular
El martes 6 de febrero se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS.

Desde el radicalismo reconocieron que la traba real sigue siendo la coparticipación del impuesto PAIS. Los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora, fueron los más firmes y amenazaron con introducir por la fuerza cambios en favor de la coparticipación del tributo.

A pesar de que son tan sólo cinco diputados, desde otros bloques dialoguistas reconocen que una moción para coparticipar el impuesto PAIS podría cosechar con facilidad muchos apoyos en casi todos los espacios ya que beneficia a las provincias en detrimento del gobierno nacional.

“Habíamos acordado quitar el tema de la discusión; pero si lo meten, muchos de los nuestros se van a sentir tentados de votar a favor, más aún los de Unión por la Patria”, explicaron desde el radicalismo.
Privatizaciones
En cuanto a las privatizaciones, ayer se registraron importantes avances cuando el Gobierno envió una nueva redacción del capítulo, que incluye varios artículos nuevos. No obstante, el consenso no es total.

El listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.

Por otro lado, incluyeron un artículo para que antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Para la oposición este informe no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo. “No pueden definir ellos mismos cuánto vale una empresa antes de venderla”, ejemplificaron.

El Gobierno se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores y la oposición durante el fin de semana para seguir acercando posiciones.
Fuente: Télam - Infobae

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