Se debate especialmente sobre la modificación de dos artículos de la Ley de Alquileres: el que fija un plazo mínimo de tres años para los contratos, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
"El Estado estuvo ausente"
El primero de los representantes entrerrianos en exponer fue Jonathan Villanueva, de Inquilinos Agrupados Entre Ríos, quien defendió los tres años de contrato y la actualización anual, aunque reconoció que la ley se puede mejorar y denunció la "ausencia del Estado" en el control del cumplimiento de la norma.El estudiante de Comunicación Social, inquilino de un monoambiente en Paraná, se quejó en su intervención: "No sé por qué hablan por parte nuestra", tras lo cual defendió la actual Ley de Alquileres: "Nosotros creemos que los tres años dan previsibilidad y la actualización anual es muy importante. Es cierto que el índice está pensado de manera porteña, busquemos otro índice, pero tiene que ser anual y por debajo de la inflación".Aunque lamentó que un trabajador debe destinar el 50% de su sueldo mensualmente para pagar un alquiler y desembolsar sumas irracionales para ingresar, expresó que, sin embargo, "el laburante durante un año paga el mismo alquiler" con la ley actual.
"Es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda sea más fácil. Mientras tanto, es importante que el acceso a la vivienda de alquiler también sea más fácil", consideró. En ese sentido, apoyó la creación de un impuesto a la vivienda vacía, ya que "va a igualar la demanda y la oferta", porque "la teoría del libre mercado no funciona".
"Los honorarios los debería pagar el propietario, porque el servicio del corredor inmobiliario es solo para el propietario de la vivienda", resaltó.
"En mi provincia se están ofreciendo contratos que están por fuera de la ley. El Estado estuvo ausente durante estos años de vigencia de la Ley de Alquileres, nunca se abrió una oficina que iba a estar para atendernos y recibir nuestras denuncias; mientras que fijan plazos y se cobran impuestos que no corresponden", destacó.
"Antes de decir que la ley no funcionó, hay que poner el ojo en que el Estado estuvo ausente y no controló", arremetió Villanueva.
En nombre de las inmobiliarias
José Armándola habló en el Congreso en representación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Dijo que coincidía con el resto de los colegios del país en la modificación de los dos artículos de la ley cuestionados por este sector. "En el resto de la ley es positiva, tiene cosas muy buenas", dijo.Armándola consideró que en Argentina es "imposible" prever qué va a pasar en tres años y demandó que se "generen las bases para que ambas partes se sienten con confianza a negociar".
"Antes de esta ley, jamás recibimos un pedido de ampliaciones de plazo", dijo más adelante.
"El inquilino tiene que pagar con un índice predeterminado, que hoy resulta inaplicable, aunque sea menos que la inflación. Cuando estaba en vigencia lo dispuesto por la modificación del Código Civil de 2015, estábamos totalmente de acuerdo porque estaba funcionando totalmente bien", destacó.
Según dijo, con la actual Ley de Alquileres, los precios son más del 10% superiores a lo se venía aplicando. "El índice y el plazo no resultaron y fue lo que generó una gran desconfianza", expresó.
"Tenemos que poner la lupa en lo que es realmente importante: los salarios y todas las actividades han caído de una manera fenomenal, 30% menos que cuatro, cinco o seis años atrás. Estamos en la rentabilidad más baja de la historia. Tenemos que poner el país a funcionar, ¿a quién le corresponde?", finalizó.
