El delito investigado
En el marco de esa causa federal que intenta vincular el crecimiento económico de una empresa con el lavado de dinero del narcotráfico, la Justicia dispuso intervenir las llamadas telefónicas. En esas escuchas, el juez Federal Pablo Seró detectó una serie de llamadas en las que supuestos empleados municipales pedían coima a la empresa investigada. Como se trata de un aspecto derivado de la causa principal, la Justicia Federal dio aviso a los Tribunales provinciales, y desde entonces la Fiscal Gabriela Seró investiga el delito de cohecho pasivo, que ya tiene cuatro imputados.
Como las figuras legales distan bastante de lo que entiende el común de los ciudadanos, vale aclarar que el cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Es el delito por el que condenaron al exSecretario de Transporte Ricardo Jaime. Y en esta modalidad, lo habitual es que se trate de una dádiva que puede concretarse con dinero, bienes, departamentos, etc. en favor de un funcionario público para que se favorezca a una determinada empresa. Para el caso que se investiga en la Justicia local, el cohecho especifica que para concretarse requiere de la participación necesaria de dos partes, lo cual significa que debe existir un oferente y un receptor, alguien que ofrece la coima y alguien que la recibe a cambio de un favor.
La maniobra
En este caso, la maniobra investigada es simple: diferentes actores que intervienen en el proceso de control de los servicios municipales fueron grabados cuando pedían telefónicamente una coima a cambio de favorecer a una empresa en la provisión de contratos de obra pública del Municipio local.
Las llamadas registradas permitieron identificar a los autores: por eso ya están imputados en la operatoria nada menos que el Jefe del área de Comercio de la Municipalidad, Gustavo "Cocoa" Saboredo; el inspector de Comercio Carlos "Canario" Mangia; y se suman Abel Diosdado y Fabián "Nacha" Delsart. La justicia no sólo tiene las escuchas telefónicas sino que también allanó las oficinas municipales donde recabó parte de los expedientes de las licitaciones que se investigan y las casas particulares de algunos imputados. Ahora está a la espera de las pericias de los teléfonos celulares de los involucrados.
¿Cómo se quedan con el dinero?
Para estafar al fisco hay diversos mecanismos. En este caso, la modalidad investigada presume un mecanismo muy sencillo: a cambio de la coima, los encargados de controlar las acciones de la empresa contratada para tareas de obra pública registraban un número mayor de horas/máquina trabajadas y las partes se repartían el excedente. Es decir, mientras la empresa cobraba por ejemplo de un servicio de 20 horas semanales por el que cobraba el alquiler de la maquinaria vial, en realidad las máquinas trabajaban sólo 10 horas reales. Las otras 10 horas formaban parte del botín. Además, no se descarta que algunos informes sobre la deuda tributaria de ciertas empresas estuvieran falseados para favorecer a las empresas, a cambio de un "retorno". Esto es lo que intenta probar la fiscal Seró, para lo cual ya ha conseguido un número importante de pruebas con la plena colaboración del Gobierno Municipal y del Intendente Lauritto que ha dado instrucciones expresas de colaborar con la investigación judicial.
¿Quién es la empresa investigada?
Por ahora la justicia está siendo prudente con la otra parte de la investigación. La mira está puesta en el empresario Fernando Ramat, cuya empresa tiene domicilio fiscal en Colón.
Las inconsistencias que se monitorean son varias, aunque por ahora nuestra fuente principal prefiere mantener en reserva ese aspecto de la investigación hasta tanto no haya mayores avances en la faz judicial.
Una práctica similar fue detectada hace ya varios años cuando se repetían los pagos tardíos de parte de varias empresas que deben tributar la Tasa de Higiene, abonando la multa que por aquel entonces era menor. Por las actas que labraban algunos inspectores a esas firmas, el Inspector se llevaba el 6% adicional, que alcanzaba para "devolver" a la empresa el monto de la multa y dejar una diferencia importante a favor del inspector.
El caso pone la lupa sobre una práctica que puede extenderse a una larga lista de casos, ya que la modalidad de control que implementa la Municipalidad depende casi de forma exclusiva del cuerpo de Inspectores. Quienes ejercen esta función tienen amplio margen para emitir los informes de las horas y acciones que desarrollan las empresas contratistas. Es así que al día de hoy, si bien los imputados fueron corridos a un costado, los mecanismos que dieron lugar a estas prácticas siguen intactos.
Las acciones y los cambios institucionales que tome la gestión de José Lauritto determinarán el alcance de la voluntad política para desmembrar los nichos de corrupción en la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Se abre una oportunidad importante para descabezar las peores prácticas que están enquistadas en la administración pública.
