Por Roque Guillermo Benedetto
La memoria de la pandemia
George Orwell, el escritor británico que en 1949 publicó 1984 —una novela sobre un Estado que vigila cada acto y pensamiento de sus ciudadanos— no escribió ciencia ficción. Escribió una advertencia. Durante mucho tiempo la leímos como una exageración útil para pensar dictaduras lejanas. La pandemia obligó a releerla.De un día para otro, en nombre de la salud pública, el mundo aceptó restricciones que poco antes habrían parecido imposibles: permisos para circular, rastreo de contactos, geolocalización, drones, familias separadas. En Argentina, esa experiencia generó una fractura. Javier Milei la capitalizó políticamente: habló del "mayor experimento de control social de la historia". En Concordia, Felipe Sastre, concejal del PRO, dejó esa incomodidad registrada en Memorias de un gorila, un libro escrito durante la pandemia que discute los límites del poder en tiempos de emergencia. Más allá de las simpatías políticas que pueda generar, hay algo que conviene rescatar de esa mirada: en aquellos años, una parte de la sociedad advirtió que las medidas excepcionales podían acostumbrarnos a obedecer más de lo razonable.
Cuando una sociedad acepta controles excepcionales por razones urgentes, después cuesta mucho discutir dónde termina la protección y dónde empieza el acostumbramiento.
Hoy el debate ya no gira en torno a cuarentenas ni barbijos. Habla de algo menos visible: datos, inteligencia artificial, perfiles y decisiones públicas orientadas por sistemas que la ciudadanía no puede conocer ni cuestionar. La pandemia mostró que la libertad puede retroceder cuando el control se presenta como cuidado. El gemelo digital obliga a preguntarnos si también puede retroceder cuando el control se presenta como eficiencia.
De qué estamos hablando concretamente
El 22 de mayo de 2026, el presidente Milei anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Fue presentada como "un cambio de paradigma en la política social". El objetivo declarado es transformar al Estado de reactivo a predictivo: anticipar dónde falta trabajo, dónde hay abandono escolar, dónde la pobreza se vuelve crónica.Para eso, el sistema cruza transacciones de la tarjeta SUBE, facturación fiscal de ARCA, registros de asistencia escolar, turnos y atenciones médicas, e interacciones con ANSES. Movilidad, ingresos, educación, salud y prestaciones sociales unificados en un solo modelo. Cruzar esa información requiere fundamento legal explícito para cada flujo. La Ley de Protección de Datos Personales permite el tratamiento genéricamente pero no resuelve la arquitectura de gobernanza del cruce masivo. Esa base legal específica no existe. El sistema fue anunciado antes de que nadie la construyera.
Cuando el modelo empieza a mirar personas
Un gemelo digital puede ser una herramienta valiosa. Argentina necesita un Estado que piense mejor y deje de diseñar políticas por intuición o cálculo electoral. El problema aparece cuando el modelo deja de mirar máquinas y empieza a mirar personas.Con una fábrica, si una pieza falla se cambia. Nadie discute derechos. Son cosas. Pero una sociedad no es una máquina y una familia no es una variable. Cuando el Estado unifica en un solo sistema datos de escuela, salud, trabajo, ingresos y programas sociales, no está haciendo una planilla más prolija. Está construyendo una imagen de la vida de la gente, suficiente para clasificar.
Una madre que cobra una prestación puede dejar de ser una mujer concreta para convertirse en un "caso". Un barrio puede aparecer pintado de rojo en un tablero, como si toda su vida comunitaria pudiera resumirse en un color. Al principio el sistema sugiere; después ordena prioridades; más tarde recomienda intervenciones. Si nadie pone límites, la recomendación termina funcionando como decisión sin que ninguna resolución lo declare. Ese es el punto donde la persona desaparece detrás del perfil.
Palantir en Argentina: de la inteligencia militar a la política social
Palantir es una empresa tecnológica estadounidense fundada en 2003, cuyo negocio central es conectar bases de datos dispersas y convertirlas en información utilizable para tomar decisiones. No es una red social ni una aplicación de uso cotidiano. Nació al servicio de agencias de inteligencia y del ejército de Estados Unidos, y creció desarrollando plataformas para escenarios donde la información no se reúne por curiosidad, sino para actuar: operaciones militares, control de fronteras, migraciones, seguridad. El Pentágono adoptó Maven, un sistema de inteligencia artificial asociado a Palantir, para analizar información de satélites, drones y sensores.Esa trayectoria importa porque la tecnología que empieza en defensa puede terminar moviéndose hacia áreas comunes de la administración estatal. La pregunta que varios analistas se hacen en voz alta es si Argentina, con un mercado más pequeño y un marco institucional más débil, ofrece condiciones más favorables para implementar sistemas que en Estados Unidos enfrentarían una resistencia legal y política mayor.
Hasta ahora no hay prueba pública de que Palantir sea la empresa contratada para el Gemelo Digital Social. Eso debe quedar claro: no se puede transformar una sospecha en un hecho. Pero la pregunta de fondo no depende de ese dato. "Hay un tema muy importante vinculado a la opacidad. Tenemos que saber qué empresas están trabajando, quién las contrató, cuánto les pagan y qué datos recogerán", señaló la investigadora Natalia Zuazo. ¿Está Argentina adoptando esa lógica de cruzar datos masivos, construir perfiles y orientar decisiones desde sistemas que la ciudadanía no puede ver ni discutir?
Muchas formas de control no entran diciendo "vigilancia". Entran con palabras más aceptables: eficiencia, modernización, planificación. En nuestro país, la información reservada muchas veces fue usada como herramienta de presión. Antes aparecía como carpeta, escucha o filtración. Hoy podría adquirir una forma más limpia: bases conectadas, alertas automáticas, decisiones sugeridas por sistemas que pocos entienden.
La contradicción que nadie nombra
Javier Milei llegó al poder criticando el control pandémico como el mayor experimento de vigilancia de la historia. Hoy, bajo su gobierno, se lanza un sistema de cruce masivo de datos sociales sin ley específica que lo regule. El mismo dirigente que denunció el avance del Estado sobre las libertades individuales conduce la administración que concentra, conecta y procesa información sobre millones de argentinos sin marco legal claro que delimite hasta dónde puede llegar.Esa contradicción no es un detalle. Es el centro del debate.
El chip ya no hace falta
No hace falta implantar un chip cuando llevamos un dispositivo en el bolsillo que sabe dónde estuvimos, con quién hablamos, qué compramos y a qué hora nos movemos. Lo desbloqueamos con la cara. A eso se suman las bases estatales: tributarias, laborales, sociales, educativas, sanitarias, bancarias. La pregunta ya no es si algún día alguien nos pondrá un chip. La pregunta es si todavía queda algo de nuestra vida que no esté siendo convertido en dato.Y la frase tranquilizadora —"No se van a usar datos personales. Son datos generales y estadísticos, y anonimizados", dijo Pettovello el día del anuncio— no alcanza. Cuando se cruzan muchas variables, a veces se puede reconstruir quién está detrás. El problema no es solo la privacidad, sino la consecuencia. Si el sistema recomienda retirar recursos de una zona o reclasificar prioridades, lo relevante no es si apareció el documento de identidad de alguien. Lo relevante es que hubo una decisión pública basada en un modelo que nadie pudo discutir.
La pregunta no es "¿van a saber quién soy?". La pregunta es: "¿van a decidir algo sobre mí sin que yo sepa cómo?"
Argentina firmó. Argentina no cumple
Argentina tiene Ley de Protección de Datos Personales, habeas data y normas de acceso a la información pública. No tiene una ley integral sobre inteligencia artificial aplicada por el Estado a decisiones sensibles. Ese vacío importa, sobre todo porque el país ya tiene compromisos asumidos. En 2021, junto a los otros 192 Estados miembros de la UNESCO, Argentina suscribió la primera norma global sobre ética de la IA. Uno de sus principios es claro: los sistemas de inteligencia artificial no deben utilizarse con fines de calificación social o vigilancia masiva. Si el Gemelo Digital Social cruza datos de salud, educación, trabajo, ingresos y territorio para perfilar poblaciones y orientar decisiones públicas, la pregunta es directa: ¿en qué punto ese sistema deja de ser planificación y empieza a ser exactamente lo que Argentina se comprometió a evitar?La IA no espera a que el derecho se acomode. Avanza, se instala, se normaliza. Después llegan los argumentos de siempre: hay contratos firmados, datos migrados, equipos trabajando. La evaluación de impacto previo al despliegue de un sistema que afecta derechos no existe como obligación en Argentina y debería existir antes de procesar el primer dato. La regulación debe venir antes, no después de que el daño ocurra.
La libertad no se defiende vigilando a todos
Si el gemelo digital sirve para llegar antes donde hay hambre, abandono escolar o ausencia del Estado, puede ser valioso. Pero el riesgo es que el sistema derive en un esquema de vigilancia social que prediga el hambre en lugar de dejar de producirlo.La pregunta no es si vamos a usar inteligencia artificial. La pregunta es si vamos a gobernarla o si vamos a ser gobernados por ella. Y ahí no hay neutralidad posible.
La libertad no se defiende vigilando a todos. Se defiende poniendo límites al poder.
