El acuerdo entre las partes fue convalidado mediante el decreto 489/17 GOB, fechado el 30 de marzo pasado y publicado recién el 22 de septiembre último en el Boletín Oficial. La norma fue suscripta por el gobernador Gustavo Bordet y su ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Así se facultó a la Fiscalía de Estado a suscribir un convenio con el Colegio de Escribanos. Y se autorizó el pago en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de 240.091,82 pesos cada una.
La primera a los siete días hábiles de haberse firmado el acta y las restantes, incluido el interés de Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TABNA) sobre saldo, entre los días 15 y 20 de los meses de abril, mayo y junio del corriente año.
"Las cuotas del acuerdo se pagaron y en principio el juicio está concluido", reconoció el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, al ser consultado por Elentreríos. Sin embargo la tormenta lejos estuvo de disiparse.
El 7 de septiembre pasado el Colegio de Escribanos envió una carta documento y reclamó el pago de 282.000 pesos por daños constatados luego de que el Estado devolviera el inmueble ubicado en Urquiza 1.166, en pleno centro de Paraná.
El pedido puede terminar en un nuevo juicio, aunque desde el Poder Ejecutivo argumentan que esa demanda no prosperará puesto que la devolución de la propiedad se hizo sin objeciones.
Pero esa será otra historia.
Los antecedentes
A partir del 17 de noviembre de 2012, y durante 24 meses, la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos quedó en condiciones de utilizar el inmueble ubicado al lado de la sede central del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. Para eso se fijó un canon de 28.125 pesos por mes que el Ejecutivo convalidó mediante el decreto 2.305/12 GOB.
Pero cuatro años más tarde, el 22 de noviembre de 2016, se promovió una acción de desalojo y cobro de alquileres vencidos ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Número 1 de Paraná, a cargo de Juan Carlos Coglionesse. El abogado Jorge Petric actuó en representación del Colegio de Escribanos y contó con el patrocinio de su colega Matías Fisolo.
Según consta en la demanda "lo cierto es que el desarrollo de la relación siempre fue irregular, en el sentido de que no se pagó el canon locativo en tiempo y forma", llegándose a la fecha de finalización del contrato sin que el inmueble fuese desocupado y devuelto a sus propietarios. También se recordó que 1 de octubre de 2014 desde la Dirección General del Notariado se propuso la firma de un nuevo contrato y que el Colegio de Escribanos lo desestimó. Sin embargo el Estado siguió ocupando la propiedad, lo que motivó una nota, fechada el 3 de junio de 2016, mediante la cual se requirió la devolución ya que se adeudaban 450.000 pesos en concepto de alquileres, sin contar los intereses por mora.
Ante la falta de respuesta el Colegio de Escribanos envió una carta documento el 22 de agosto de 2016 e intimó el desalojo, para lo que otorgó un plazo de 10 días, reclamando nuevamente el pago de lo adeudado.
Consta en la demanda que por haber ocupado el inmueble sin contrato se exigió al Poder Ejecutivo el pago de 842.497,96 pesos incluida la aplicación de los intereses según la TABNA (Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina).
Al responder a la demanda la Fiscalía de Estado negó los cargos –pago irregular del contrato, suma exigida como deuda y procedencia del desalojo y cobro de la deuda- y dio su versión de los hechos.
Entre otras cosas señaló que la Dirección General del Notariado inició gestiones para firmar un nuevo contrato pero que su negociación fracasó. Y también precisó que el Estado "nunca tuvo la intención de ocupar la propiedad sin contrato alguno o en forma irregular, sino que desde el mismo momento de tomar conocimiento de la negativa por parte del Colegio de Escribanos a celebrar una locación parcial del inmueble se continuaron las actuaciones administrativas en busca de otro inmueble que pudiera reunir las características requeridas para la particular tarea de guarda de documentación protocolar como la allí resguardada, misión de especial significación y trascendencia, no sólo para el Estado sino también para los propios escribanos".
De esa forma se indicó que el carácter sensible de la información contenida en 10.200 protocolos tornó indispensable la ocupación del inmueble hasta tanto se pudiera disponer de otro que reuniera la condiciones indispensables para la custodia de la documentación.
Además se consideró desmedido el nuevo canon locativo propuesto, conforme el dictamen emitido por el Consejo de Tasaciones de la provincia. Si bien no se mencionó el monto del alquiler, el dato figura en el Expediente Número 1.865.426, generado por la Dirección General del Notariado en su intento por suscribir un nuevo convenio con el Colegio de Escribanos.
Números finales
En el marco del acuerdo homologado por el juez Coglinonesse, y que sirvió para cerrar el Expediente 17.106 -"Colegio de Escribanos de Entre Ríos c/Superior Gobierno de la provincia s/desalojo y cobro de alquileres"-, se dispuso la entrega del inmueble el 30 de junio pasado, pagándose hasta entonces 28.125 pesos mensuales en concepto de locación.
Y junto con el importe correspondiente al reconocimiento de la deuda, el Estado debió pagar los honorarios de los abogados que actuaron en el expediente. A Petric se le asignaron 156.604,25 pesos (52.756 pesos por la acción de desalojo y otros 103.848,25 pesos por el cobro de alquileres), mientras que a Físolo se le regularon 124.425 pesos (43.600 pesos por la acción de desalojo y 85.825 pesos por el cobro de alquileres).
Los importes constan en el punto d) del acta acuerdo, referido a las costas del juicio. Y su lectura también permite entender la diferencia en la liquidación de los honorarios, ya que en el caso de Petric se agregó el IVA.
Así la cifra por honorarios llegó a 281.029,25 pesos, lo que sumado a lo abonado por los alquileres impagos llevó al Estado a abonar 1.241.396,53 pesos.
