La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario y fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para que comience a ser debatida, señala en su artículo 1° que la Corte Suprema de Justica estará constituida “por 25 jueces y juezas” y una “ley especial determinará el modo de organización” del tribunal.
El proyecto señala además que los actuales jueces de la Corte “conservarán sus puestos”, que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición” y que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”.
Es decir, en realidad la intención del proyecto es que la Cámara Alta, una vez que sea aprobada la ley por el Congreso, complete la conformación mediante la incorporación de otros 21 integrantes conforme al procedimiento establecido por la Constitución Nacional y las normas reglamentarias.
En los considerandos del proyecto que lleva la firma de Mayans y Fernández Sagasti -los gobernadores no pueden presentar un proyecto- se señala que la ampliación tiene como intención evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo juridisccional en personas que no son sus jueces” y, además, “favorecer la inmediatez con los expedientes y con el justiciable”.
Luego de hacer un repaso de los países de América Latina en donde el Máximo Tribunal está conformado por un número similar y los caso de España e Italia en donde llegan a tener casi 100 miembros, los autores del proyecto señalan el crecimiento poblacional y su correlato con la cantidad de causas que llegan a la máxima instancia.
“En 1949 entraron 1018 causas y en 1957 una suma de casi el doble. Las estadísticas muestran que el Tribunal viene soportando el peso de una elevada cantidad de causas que no logran ser resueltas, junto con las que ingresan cada año”. En ese sentido muestra que las estadísticas de julio señalan que la Corte Suprema tiene “423 causas pendientes de resolución y 172 en trámite”. La solución que proponen es ampliar la Corte Suprema en el número de “jueces y secretarios” para que esto “haga posible la división en Salas a fin de dar pronto despacho a un gran número de causas (expropiaciones, cuestiones de crédito o aduanas), que no constituyen el trabajo realmente propio de la Corte”.
La idea original de parte de los gobernadores era que cada provincia, inclusive la Ciudad de Buenos Aires, proporcione un miembro para el Máximo Tribunal, en el texto se señala que con este número de jueces -25- no solo que se resuelven las cuestiones propias operacionales, sino que, además, “permite una composición, en principio, más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad que es la base de la democracia igualitaria y plural a la que todos aspiramos”.
Este proyecto se suma al de la senadora Silvia Sapag del bloque de Unidad Ciudadana, que establece una ampliación a 15 del número de jueces. Pero el punto que lo diferencia de los otros es que propone analizar los antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados, estableciendo criterios para que no exista conflictos de intereses.
El senador rionegrino Alberto Weretilnek también presentó uno que establece que la cantidad de miembros de la Corte Suprema debería ser de 16 miembros. Y Adolfo Rodríguez Saá propuso un tribunal de 9 jueces.
