A horas del alegato de defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, el oficialismo logró aprobar en el Senado un proyecto de ley que amplía de 5 a 15 miembros la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial y tribunal de última instancia en el que terminarán los expedientes por denuncias de corrupción que tienen a la vicepresidenta como protagonista.
El proyecto fue aprobado por 36 votos a favor y 33 en contra. Además del Frente de Todos, incluido el entrerriano Edgardo Kueider, ayudaron al oficialismo a alcanzar la aprobación del proyecto los provinciales Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y la exopositora Clara Vega (Hay Futuro-La Rioja).
A pesar de tratarse de una iniciativa pedida por Cristina Kirchner, el oficialismo votó dividido. María Eugenia Catalfamo (San Luis) se sumó al rechazo de Juntos por el Cambio. El rechazo de la joven senadora es consecuencia de la interna puntana entre el gobernador Alberto Rodríguez Saá, al que responde la legisladora, y su hermano y senador, Adolfo Rodríguez Saá.
El mandatario provincial fue uno de los que impulsó el proyecto que elevaba a 25 los jueces de la Corte. El texto, que obtuvo dictamen de comisión hace casi tres meses y que se sometió a debate en la sesión, fue modificado ante la negativa de Adolfo Rodríguez Saá a apoyarlo. El expresidente terminó convirtiéndose, así, en el gran ganador de la jornada, ya que por su resistencia el kirchnerismo debió ceder y ampliar el máximo tribunal, pero a 15 jueces.
Este minué político del oficialismo fue duramente criticado por la oposición. “Ustedes creen que una cosa tan seria como la reforma de la Corte Suprema de Justicia se puede abordar así”, se quejó el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff (Formosa), quien calificó el proyecto como “un capricho político” de la vicepresidenta con el único objetivo de poder usarlo en el alegato que brindará ante la justicia este viernes.
La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde su sanción es todo un albur desde que el oficialismo perdió el control del cuerpo tras la derrota electoral del año pasado y donde la oposición dice tener los números para bloquear el proyecto. Como si este obstáculo fuera poco, y en el caso de que se convierta en ley la ampliación, para designar un juez de la Corte se necesita el aval de los dos tercios en el Senado, una exigente mayoría que requiere de un ineludible acuerdo con la oposición, cualquiera sea la fuerza política que gobierne.
Durante todo el debate, Cristina Kirchner permaneció en su despacho de la presidencia del Senado, con lo que evitó enfrentar las permanentes interpelaciones a su persona de los senadores de Juntos por el Cambio.
Para la coalición, como quedó plasmado a lo largo de la sesión, la jugada persigue el objetivo de garantizarle a la vicepresidenta su impunidad al final del recorrido de las causas judiciales que la tienen como imputada.
El oficialismo cerró filas en la defensa del proyecto con fuertes críticas a la Justicia, a la que acusó de llevar a cabo una persecución política en contra de Cristina Kirchner con la intención de proscribirla a ella y al peronismo. Es el mismo argumento que la vicepresidenta utilizó en sus alegatos ante el tribunal oral federal que la juzga como jefa de una asociación ilícita.
Así, además de los jueces de la Corte el kirchnerismo cargó contra los funcionaros judiciales a cargo de la causa Vialidad, como el fiscal Diego Luciani, quien pidió la condena para Cristina Kirchner, y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, a quienes el oficialismo vinculó políticamente con el expresidente Mauricio Macri.
“Son unos corruptos y me banco lo que digo”, acusó el kirchnerista Martín Doñate en dirección a los jueces de la Corte Suprema, luego de denunciar irregularidades en el sorteo de las causas, que están a cargo del tribunal, tras asegurar que al fallecido juez Claudio Bonadio le tocaron diez expedientes que tenían a Cristina Kirchner como acusada. “Hay dos oportunidades en mil millones que eso ocurra”, afirmó.
Otra ultrakirchnerista, Silvia Sapag (Neuquén), acusó a Luciani de “mentir alevosamente” en su acusación contra la vicepresidenta y aseguró que “no fue constitucional” el proceso que se le sigue a la vicepresidenta. “No se respetaron las garantías del debido proceso, no se respetó el derecho a la defensa y no tuvo jueces imparciales”, sentenció.
Las réplicas de la oposición fueron igual de duras. “Al oficialismo lo único que le interesa es garantizarle la impunidad a la vicepresidenta”, disparó el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), quien se burló de los cambios que debió aceptar el kirchnerismo para conseguir los votos para aprobarlo.
De hecho, a lo largo de todo el debate ni un solo senador oficialista explicó la razón por la que decidieron bajar de 25 a 15 el número de miembros que quieren para la Corte. Apenas si el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), leyó los cambios que se le introdujeron al dictamen antes de la votación.
“El número de miembros de la Corte que han propuesto es de 15; hace pocos días era 25, antes 16 y antes 9″, ironizó el radical Blanco mientras hacía girar un bolillero que había puesto sobre su banca.
En la misma sintonía se manifestó Carolina Losada (UCR-Santa Fe), que acusó al kirchnerismo de estar “buscando impunidad” antes de increpar a los senadores oficialistas. “Si no son mafiosos no actúen como mafiosos”, les exigió.
