El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) mantiene una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos. La cifra, actualizada al 25 de junio de 2026, alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial: desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño nosocomio vecinal de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la propia sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. El dato surgió como respuesta oficial que el organismo entregó a un pedido de acceso a la información pública formulado por el sitio Análisis, en el marco de la Ley 27.275.
La deuda del PAMI con Salud de Entre Ríos es realmente preocupante. En una provincia en crisis, con hospitales y centros de salud con carencias graves cada día por la falta de presupuesto, que uno de los principales organismos nacionales tenga una deuda de más de 1700 millones de pesos con esta provincia, es penoso. Pero no es una especulación; es un dato oficial informado por el propio PAMI central. La respuesta, firmada por la responsable de Acceso a la Información Pública del Instituto y remitida el 15 de julio dentro de los plazos legales, reúne los informes de tres áreas: la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia Económico Financiera y la Unidad de Gestión Local XIV con sede en Paraná. Los tres documentos, con sus anexos y planillas, componen una radiografía inédita del funcionamiento de la obra social más grande de América Latina en territorio entrerriano, donde atiende a más de 84 mil afiliados solamente en el área de la UGL XIV, que abarca Paraná y los Departamentos del centro y la costa del río.
El detalle de la deuda, remitido en una planilla por la Gerencia Económico Financiera que conduce Federico Miguel Lofaro, muestra una concentración notable en los grandes efectores provinciales. El principal acreedor es Salud Entre Ríos S.E., la sociedad del Estado creada para administrar la facturación hospitalaria, con 237,7 millones de pesos. Le siguen el Hospital Dr. Enrique Fidanza de Paraná, con 216,7 millones; el Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, también de la capital provincial, con 192,2 millones; el Hospital Dr. Brage Villar de Hasenkamp, con 117 millones; y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con 93,8 millones. Más atrás aparecen el Geriátrico Dr. Domingo Cúneo con casi 69 millones, el Hospital San Blas de Nogoyá con 66,6 millones, el San Roque de Rosario del Tala con 52,4 millones y la Colonia de Salud Mental de Diamante con 51,3 millones. La lista continúa con montos millonarios para los hospitales de La Paz, Victoria, Gualeguay, Crespo, Federal, Federación, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y una veintena de localidades más pequeñas.
La planilla oficial desagrega la deuda en dos circuitos de facturación, identificados como FC y FU, que corresponden a los mecanismos de facturación centralizada y de facturación unificada que el Instituto aplica a los hospitales públicos. Por el primero de esos circuitos se adeudan 529,8 millones de pesos y por el segundo 1.174,3 millones, lo que confirma que el grueso del rojo se acumuló precisamente en el nuevo sistema unificado al que los hospitales entrerrianos fueron compelidos a adherirse a partir de 2024. En otras palabras: el PAMI primero obligó a los efectores públicos a facturar por su propio circuito administrativo y luego dejó de pagarles en término por ese mismo circuito.
Pero, tan reveladora como la cifra es la explicación que el propio organismo ofrece sobre las demoras. Consultada expresamente sobre el plazo de pago promedio a los prestadores entrerrianos, la Gerencia Económico Financiera evitó dar un número. En su lugar, admitió por escrito que los pagos se efectúan en función de las partidas presupuestarias que periódicamente gira el Ministerio de Economía; que esa disponibilidad de fondos determina tanto el orden de prioridad como la posibilidad concreta de realizar las cancelaciones, y que los plazos se ven directamente influidos por las fluctuaciones en la recaudación nacional, las cuales han experimentado una disminución en el contexto actual. La confesión no es menor: el organismo reconoce que la caída de la recaudación impacta en la regularidad de las transferencias y en la capacidad de normalizar los pagos en los términos originalmente previstos. Es decir que los hospitales entrerrianos que atienden a los jubilados cobran cuando el Palacio de Hacienda gira los fondos, y el Palacio de Hacienda viene girando menos.
Medicamentos
El segundo eje de la respuesta oficial confirma lo que cualquier jubilado entrerriano puede relatar en la cola de una farmacia: el acceso a los medicamentos se ha convertido en el principal frente de conflicto entre el PAMI y sus afiliados. La base de datos completa de quejas, reclamos y solicitudes de la UGL XIV, entregada por el instituto en una planilla de 29.208 registros, no deja lugar a dudas. Durante 2024 se ingresaron 11.176 casos por todos los canales disponibles: la línea telefónica 138, el formulario web, la aplicación y la atención personalizada en agencias. En 2025 la cifra trepó a 12.921, un incremento del 15,6 por ciento. Y en lo que va de 2026, hasta el momento de la respuesta, ya se habían acumulado 4.764 presentaciones.La desagregación por motivo es elocuente. La categoría más voluminosa es la de medicamentos sin cargo, con 7.277 casos en el período 2024-2026. Le siguen los medicamentos de tratamientos especiales, con 5.512, y más atrás los trámites de afiliación, con 3.691. La cuarta categoría corresponde a los médicos de cabecera, con 2.694 reclamos, y la quinta a los pañales y elementos higiénicos absorbentes descartables, con 2.092. Los medicamentos oncológicos suman otros 1.522 casos, los elementos de ostomía 1.161, los elementos de ayuda externa de fisiatría (sillas de ruedas, camas ortopédicas, andadores) 840, y los insumos para diabéticos 577. Dicho de otro modo: si se suman las cuatro categorías vinculadas a fármacos e insumos médicos, más de la mitad de todos los reclamos que los jubilados del centro de Entre Ríos le presentaron al PAMI en los últimos dos años y medio tienen que ver con conseguir remedios. Al momento de la respuesta, además, cerca de 1.900 casos permanecían sin cerrar, concentrados mayoritariamente en 2026.
La base de reclamos permite además reconstruir por dónde llegan las protestas de los afiliados. El canal dominante es el formulario web, con 12.576 presentaciones en el período 2024-2026, seguido por la vía telefónica de la línea 138, con 7.277, la atención personalizada en agencias, con 5.691, y el formulario web específico de afiliaciones, con otras 3.199. La distribución revela un dato de época: dos de cada tres jubilados o familiares que reclaman ante el PAMI lo hacen ya por canales digitales, en una población que el propio Estado suele describir como la de mayor brecha tecnológica. También figuran en el listado presentaciones ingresadas por correo electrónico, por redes sociales y hasta dos casos originados en mandas judiciales. En cuanto al destino de los trámites, la enorme mayoría figura como cerrada, aunque las propias planillas registran cierres por motivos que poco tienen que ver con una solución: cientos de casos aparecen cerrados por fallecimiento o baja del afiliado, otros como caso cerrado sin resolución y otros bajo la ambigua fórmula de caso referenciado con toma de conocimiento. La espera, en el universo PAMI, también tiene su propia burocracia.
Ese cuadro se completa con la información que aportó la Gerencia de Medicamentos, a cargo de Federico Hoffmann. El funcionario confirmó que los medicamentos incluidos en el denominado plan de uso eventual dejaron de cubrirse al cien por ciento y hoy tienen una cobertura del 40 por ciento. La justificación oficial sostiene que se trata de fármacos que no cuentan con evidencia médica disponible suficiente para determinar beneficios clínicos significativos o que resultan de uso local y eventual, y que por lo tanto no ponen en riesgo la continuidad de ningún tratamiento crónico. El anexo que acompaña la respuesta, un listado de quince páginas, incluye desde la acetilcisteína y la betahistina hasta antiácidos, cremas dermatológicas, complejos vitamínicos y ansiolíticos combinados.
Para el resto del vademécum, la cobertura total sigue existiendo, pero condicionada: se accede a través del subsidio social por razones económicas, sujeto al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 428/2026, o por la vía de excepción, sujeta a una auditoría médica que evalúa la pertinencia de la medicación en función del diagnóstico. Y es precisamente el crecimiento del subsidio social el dato que mejor retrata el deterioro de la capacidad de compra de los jubilados entrerrianos. Según la propia Gerencia de Medicamentos, los afiliados de Entre Ríos alcanzados por ese subsidio eran 45.358 al 31 de diciembre de 2023. Un año después ya eran 53.977. Y al 31 de diciembre de 2025 llegaban a 54.186. En dos años, casi nueve mil jubilados entrerrianos más debieron acreditar su situación de vulnerabilidad económica ante el PAMI para poder acceder gratuitamente a sus remedios: un aumento del 19,5 por ciento.
El tercer informe, elaborado por la Unidad de Gestión Local XIV que dirige José Julio Barci, aporta la dimensión territorial del fenómeno. La UGL con sede en Paraná administra la atención de 84.143 afiliados a junio de 2026, distribuidos entre la sede central (32.175), los centros de atención personalizada de Gualeguay (7.582), Diamante (6.045), Crespo (5.981), La Paz (5.691), Victoria (5.389), Nogoyá (4.702), Rosario del Tala, Santa Elena, Cerrito, María Grande, Hernandarias, Lucas González, General Galarza y Maciá, y las bocas de atención de Viale y Hasenkamp. El padrón creció levemente desde los 82.757 afiliados de diciembre de 2023, y la dotación de personal acompañó apenas ese movimiento: de 111 agentes al 10 de diciembre de 2023 se pasó a 113 al 29 de junio de 2026. El organismo asegura que en todo ese período no se produjeron cierres, fusiones ni reducciones de horario en ninguna dependencia.
Donde sí hubo achicamiento fue en la cartilla médica. Las planillas de prestadores entregadas por la propia UGL muestran que los médicos de cabecera disponibles para los afiliados del área pasaron de 195 en 2023 a 179 en 2024, a 171 en 2025 y a 170 en la actualidad. Son 25 profesionales menos en dos años y medio, una caída del 13 por ciento, en el mismo período en que el padrón de afiliados aumentó y los reclamos por médicos de cabecera se ubicaron entre los cuatro motivos más frecuentes de queja. La sangría afecta tanto a los profesionales de contrato directo, que pasaron de 113 a 93, como a la nómina del Círculo Médico de Nogoyá, que descendió de 82 a 77. En materia de especialistas y centros de diagnóstico por imágenes, la cartilla registra 43 prestadores con convenio, y en internación, 28 clínicas, sanatorios y hospitales. El dato más llamativo aparece en los servicios de traslado: apenas tres empresas cubren las urgencias y derivaciones de toda el área de la UGL XIV.
En el rubro de las residencias geriátricas, el Instituto informó que ninguna institución fue dada de baja en forma definitiva desde diciembre de 2023, pero reconoció que dos de las ocho residencias de larga estadía con convenio se encuentran suspendidas para nuevos ingresos por no haber logrado adecuarse a la Resolución 896/2023: la residencia Dr. Martín Agüero de General Galarza y el hogar Santa Rita de Santa Elena. Las altas más recientes corresponden al hogar Madre Teresa de Calcuta de Viale, incorporado en septiembre de 2025, y al hogar municipal de Cerrito, con convenio desde junio de 2023.
La respuesta también da cuenta de la relación del PAMI con la red pública provincial. Por la Resolución 1392 de 2024, los hospitales públicos de gestión descentralizada debieron adherirse al Nomenclador Común Único del Instituto y al circuito administrativo de facturación unificada. En el área de la UGL XIV suscribieron ese convenio 30 hospitales, desde el Fermín Salaberry de Victoria y el San Blas de Nogoyá hasta el Materno Infantil San Roque y la Escuela de Salud Mental de Paraná. Es decir, la casi totalidad de la red hospitalaria del centro de la provincia quedó formalmente integrada al sistema de facturación del PAMI: la misma red que hoy encabeza la lista de acreedores por más de 1.700 millones de pesos.
El contraste
El contraste entre los tres informes deja planteada, además, una pregunta de fondo sobre el financiamiento del sistema sanitario entrerriano. Los 1.704 millones de pesos que el PAMI adeuda a los hospitales públicos no son una cifra abstracta: son prestaciones ya realizadas a jubilados y pensionados que la provincia sostuvo con recursos propios mientras espera que la Nación gire los fondos. Cada mes de demora funciona en los hechos como un préstamo forzoso del erario provincial al organismo nacional, y en un contexto de inflación esa espera licúa el valor real de lo facturado. Los hospitales de Hasenkamp, de Nogoyá o de Rosario del Tala, que figuran entre los principales acreedores en proporción a su tamaño, no tienen espalda financiera para absorber indefinidamente esa transferencia silenciosa.La magnitud de la deuda adquiere otra dimensión cuando se la contrasta con las cifras del propio presupuesto provincial. El Presupuesto 2026 de Entre Ríos fija erogaciones totales por 6,44 billones de pesos, de los cuales el 12,3 por ciento se destina al servicio de salud pública provincial, según destacó el propio oficialismo al defender la ley en el Senado: unos 793.000 millones de pesos. Solo el gasto en personal del Ministerio de Salud asciende a 504.696 millones, la segunda masa salarial del Estado entrerriano después de la educación. El año anterior, el Presupuesto 2025 aprobado por Ley 11.176 había calculado erogaciones por 4,92 billones, con un aumento del 3,58 por ciento en el área de salud que el gobernador Rogelio Frigerio presentó como una de las prioridades de su gestión, y el Presupuesto 2024, sancionado por Ley 11.125 todavía bajo la administración anterior, había previsto gastos totales por 2,26 billones.
Frente a esos números, los 1.704 millones que adeuda el PAMI representan apenas el dos por mil del presupuesto anual de la salud pública entrerriana. Pero esa comparación, lejos de relativizar el problema, lo agrava: la deuda no asfixia a la provincia como conjunto, sino a cada hospital en particular, porque no se distribuye sobre la masa presupuestaria global sino sobre las cajas operativas de efectores concretos. Para un hospital grande como el Delicia Masvernat de Concordia, que tenía asignados 15.722 millones de pesos en el presupuesto 2025, o el Bicentenario de Gualeguaychú, con 8.793 millones, los montos adeudados son absorbibles. Para el Brage Villar de Hasenkamp, un nosocomio rural de un pueblo de menos de cinco mil habitantes al que el PAMI le debe 117 millones de pesos, la ecuación es otra: allí la deuda compite de igual a igual con el gasto operativo anual no salarial del establecimiento. La regla que dibuja la planilla es implacable: cuanto más chico el pueblo, más pesa lo que el PAMI no paga.
Hay otra manera de medir esos 1.704 millones de pesos: preguntarse qué se podría comprar con ellos para los propios hospitales que los esperan. La respuesta, construida sobre licitaciones públicas reales y precios vigentes, es elocuente. En medicamentos, la canasta de fármacos de uso crónico de un adulto mayor costaba al 1º de julio de 2026 unos 200.859 pesos mensuales, según los precios de referencia que publica el Ministerio de Salud de la Nación. La deuda del PAMI con los hospitales entrerrianos equivale, entonces, a casi 8.500 meses de tratamiento crónico completo. Alcanzaría para pagar durante un año entero todos los remedios de más de 700 jubilados, exactamente la población cuyos reclamos por medicamentos encabezan las estadísticas del propio Instituto. En equipamiento rodante, el municipio bonaerense de Olavarría -para dar un ejemplo reciente en el país- licitó en marzo de este año cuatro ambulancias 0 kilómetro de alta complejidad, con unidad de terapia intensiva móvil, por un presupuesto oficial de 570 millones de pesos: unos 142 millones por unidad. Con la deuda del PAMI se comprarían doce ambulancias de ese tipo, es decir, cuatro veces la flota completa de prestadores de traslado que el instituto tiene contratada en toda el área de la UGL XIV, donde apenas tres empresas cubren las urgencias de 84 mil afiliados. Si se toma como referencia la licitación santafesina de 150 ambulancias y minibuses por 16.185 millones, el promedio por unidad baja a 108 millones y la cuenta trepa a quince o dieciséis vehículos.
En tecnología de diagnóstico, el hospital municipal de Tandil adjudicó en mayo de 2026 un tomógrafo multislice de 160 cortes, con inteligencia artificial, reconstrucción 3D y capacidad para estudios cardiológicos en tiempo real, por 119 millones de pesos. La deuda del PAMI equivale a catorce tomógrafos de esa gama: uno para cada centro de atención del área de la UGL XIV, desde La Paz hasta Gualeguay. Y cubre el 83 por ciento de la licitación con la que el nuevo hospital de Rafaela adquirió su resonador magnético de última generación junto con un tomógrafo computarizado, por 2.062 millones. ¿Y un hospital entero, construido desde cero? Ahí los números obligan a la precisión: no alcanza. La provincia de San Juan invirtió más de 12.500 millones de pesos solamente para levantar 76 consultorios externos en 5.500 metros cuadrados del Hospital Rawson, lo que arroja un costo superior a los dos millones de pesos por metro cuadrado de obra hospitalaria. Con 1.704 millones se construyen unos 750 metros cuadrados: un centro de salud de buen porte o la ampliación de un hospital rural, pero no un nosocomio de mediana complejidad, que hoy demanda decenas de miles de millones. La conclusión, sin embargo, no pierde filo: la deuda del PAMI no levanta un hospital nuevo, pero alcanza para reequipar de punta a punta la red que está desfinanciando, con 14 tomógrafos de última generación, o una docena de terapias intensivas móviles, o un año completo de remedios para 700 jubilados.
