La causa se inició en 2006, y en 2011 la Caja de Jubilaciones de la Provincia logró un acuerdo de modo de evitar el camino de la demanda judicial y estableció con el Círculo de Retirados de la Policía un acuerdo que permitió a 285 comisarios pasivos cobrar un adicional que hace un tiempo atrás fue abonado a los activos de la fuerza de seguridad. El litigio comenzó entre el Círculo y la Caja luego de que el gobierno aprobara el pago a través del Decreto Nº 6.479 de un adicional por cargo.
El planteo de Rodríguez Signes
Claro que resuelto el reclamo de los policías retirados faltaba acordar el pago de los honorarios a los abogados que participaron en la causa. La representación de los retirados policiales estuvo a cargo del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y su entonces esposa, Elena Ballhorst. El 5 de octubre de 2015, la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, Silvina Rufanacht, se declaró incompetente para actuar en el caso del reclamo por regulación de “los honorarios profesionales por actuaciones tramitadas ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y por presentación de las demandas judiciales”.
El reclamo recayó entonces en el STJ, que en abril de 2017 se declaró competente. “Habiendo el juez de primera instancia Civil y Comercial declinado la competencia por ante este Superior Tribunal de Justicia que es quien entendió oportunamente en jurisdicción originaria y exclusiva en las causas cuya regulación de honorarios, por la actuación en sede administrativa y judicial, ahora se pretende (causas que dicen los actores, fueron declaradas desistidas sin haberse regulado honorarios ni por la tramitación administrativa ni por la judicial), considero que este Superior Tribunal es competente para tal regulación”, dijo el juez Emilio Castrillón en su voto.
Historia de un reclamo para policías retirados
Rodríguez Signes cuenta que el incidente se originó tras un decreto del año 1992, N° 4.167, que dispuso el pago a los policías de un adicional no remunerativo que dejó afuera a los pasivos. “Con mi padre (Tulio Rodríguez Sines) iniciamos un reclamo, que obtuvo sentencia en el año 2004. Ya mi padre había fallecido. Pero solo involucró a un grupo de 285 sobre un universo de 5.000 retirados”. “Entonces, yo empecé a representar a todos los policías retirados e inicié los reclamos, procurando que el beneficio llegara a todos. Se consiguió un acuerdo parcialmente. La Caja de Jubilaciones introdujo una excepción de prescripción, y terminamos litigando por los años que la caja consideraba prescriptos, y que yo consideraba que no. En 2008, asumí como fiscal de Estado, y dejé esas causas. Pero quedaron honorarios sin regular y sin pagar, producto de aquel juicio. El pago de los adicionales se fue resolviendo. Pero quedó pendiente el tema de los honorarios”, recordó.
En espera
Como el juicio por el pago de honorarios sigue en pie, el Poder Ejecutivo dispuso apartar a Rodríguez Signes como representante en el asunto, y designó a la abogada Ana Emilce Schenone, del área legal de la Secretaría General de la Gobernación, “ante la posible colisión de intereses funcionales personales del señor fiscal de Estado”.La medida está contenida en el decreto N° 3.196, dictado el 28 de septiembre de 2017 y publicado el 6 de junio de este año en el Boletín Oficial, por el cual el Ejecutivo designó a la abogada Schenone “para que tome intervención” como representante del Estado Provincial en la causa “Ballhorst, Elena Virginia y otro – Regulación de honorarios s/Competencia”, Expediente Nº 3.766, en trámite ante el STJ.
El monto a cobrar por los abogados Ballhorst y Rodríguez Signes debe ser ahora determinado por la Justicia.
