En representación de la Seccional Concordia del gremio telefónico participó el dirigente Fernando Barboza. La dirigencia obrera telefónica entrerriana emitió luego un documento que ha sido enviado a la Federación Nacional de las organizaciones sindicales de las telecomunicaciones y de allí a las instituciones de trabajadores afines y seccionales de todo el territorio nacional.
El documento, que lleva como título “La historia vuelve a convocarnos”, cuestiona el proceder del ente creado por el actual gobierno, ENACOM, que autorizó la fusión de los multimedios de referencia a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta aprobación despertó denuncias y graves cuestionamientos. Un tercio de la Cámara de Diputados pidió tratar la nulidad de todo lo actuado.
“Lisa y llanamente se está en presencia de un monopolio de la provisión de internet, teléfonos y televisión que impondrá altísimos costos y un cuestionable servicio a los usuarios argentinos” aseguran desde el sindicato, y señalan que “ambas empresas, ahora unificadas, tienen antecedentes de prácticas arbitrarias y antisindicales. Ya están demostrando las primeras acciones contra los trabajadores avanzando sobre las condiciones laborales en un sistemático y persistente avasallamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo”.
La organización sindical rechaza el tercerismo y alerta sobre la automatización de las actividades “que significa desempleo y la deshumanización del trabajo con el avance de la robotización que reemplaza al ser humano en un escenario laboral patético con trabajadores en la calle y los robots trabajando en la empresa. La sobrecarga de tareas y los perjuicios ocasionados a la salud de los empleados en los Call-Center (Telemarketin) una actividad totalmente insalubre que produce daños físicos y psíquicos provocando la discapacidad temprana”, señalan en el comunicado.
El documento finaliza con una convocatoria a todos los trabajadores “a la unión de fuerzas para detener esta embestida de las multinacionales y se peticiona la intervención estatal para que el Congreso nacional resuelva sobre las reglas que deben regir en las industrias de las telecomunicaciones”.
