Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen

Facebook Twitter
Enviar Imprimir
El Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, citó al empresario entrerriano y directivo del Club Rowing, Daniel Carbonell, para que preste declaración como imputado en la causa Securitas. Carbonell es propietario junto a los hermanos Tórtul de la empresa Tornell SA, un desprendimiento de la firma principal, contratista del Estado.
Leé también
Leé también

Securitas habría pagado US$7,6 en coimas a organismos públicos, sindicatos y a Enersa
La denuncia de sobornos se realizó en 2020, por iniciativa de empleados de Securitas que en ese momento estaba en manos de capitales suecos. Entre los directivos denunciados se encuentran los hermanos Tórtul, que habían vendido su empresa de seguridad llamada El Guardián a Securitas. Luego de la venta, los hermanos Tortul forman dos empresas: Segar Seguridad SA, y Tornell SA, junto con Daniel Eduardo Carbonell (Tornell= Tortul+Carbonell). La jueza a cargo de la investigación entiende que ambas empresas eran fantasmas y se utilizaban para el pago de coimas. La citación también comprende a Marcelo Segarra y Alberto Esteban Arcapalo de Segar Segar Seguridad S.A.
Leé también
Leé también

Presunta asociación ilícita: Arroyo Salgado embargó a los Tórtul y a los gerentes de Enersa
Arroyo Salgado mandó a llamar también a Alberto Daniel Pizzi, para que preste indagatoria como imputado en la causa. Pizzi se desempeña como CEO de Consultora Videco S.A., Seguridad Argentina S.A., Securitas Argentina S.A., Securitas Servicios S.A., Securitas Buenos Aires S.A., Securitas Sur S.A., Securitas Countries S.A., Securitas Buenos Aires 1 S.A., Fuego Red S.A., El Guardian S.A. y Vigilan S.A.
Prohibición de salir del país
La decisión judicial en el marco de la investigación, asimismo, comprende la prohibición de salir del país para Carbonell, Segarra y Arcapalo. “Ello, bajo el entendimiento que la ausencia de los imputados en este proceso, se erigiría en un verdadero obstáculo e impedimento del avance del proceso, habida cuenta de que nuestro ordenamiento jurídico no concibe el procedimiento penal en rebeldía, por lo que corresponde adoptar una medida proporcional e idónea que permita asegurar la comparecencia de las múltiples personas que se encontrarían involucradas en los hechos pesquisados”, resolvió.
Fuente: Análisis Digital
Enviar Imprimir

Enviá tu comentario