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El director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, había enviado el 27 de ese mes una nota a la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, referente a excesos de parte de la fuerza de seguridad. Su ciudad -junto a Paraná, Concordia y Federación- es una de las cuatro señaladas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, como los epicentros de estas prácticas. “Nos dirigimos a usted con el fin de informarle sobre la situación de nuestra ciudad al respecto de casos de violencia institucional por parte de agentes de la Policía de Entre Ríos. Lo hacemos para solicitarle urgente intervención para revertir esta situación, en tanto entendemos que los casos se reiteran, se recrudecen, y con ello se corre el riesgo de su naturalización. La violencia institucional implica la puesta en riesgo de la seguridad y los derechos más básicos de los ciudadanos”, comienza diciendo la misiva.

“Resulta común y reiterada en los comentarios la alarma por el crecimiento de los casos de violencia institucional”, consigna el funcionario municipal.

Ello incluía "golpes en el marco de un uso desmedido de la fuerza al momento de detención en la vía pública, como también durante el traslado y en comisaría; insultos, burlas, denigración a las personas y detenciones innecesarias”, detalla luego.
Casos identificados
En los menos de 60 días que habían transcurrido del año 2020 al momento en que se envió el documento, la Secretaría de Derechos Humanos de Gualeguaychú había identificado los siguientes casos:

• Una mujer trans golpeada por agente policial fuera de un boliche bailable, siendo luego insultada en comisaría.

• Un joven con discapacidad mental es insultado e intimidado por un móvil policial, en las cercanías de su casa.

• Dos jóvenes, de 16 y 19 años, son detenidos violentamente, por ser sospechados de robo. En el operativo fueron maltratados y golpeados. Sus padres, que se hicieron presentes en el operativo, denuncian los malos tratos y luego también amenazas por parte de uno de los agentes policiales. Luego el mayor es amenazado por el agente policial.

• Una mujer, al momento que la Policía concurre a detener a su sobrino, es golpeada por una agente policial. La mujer tiene cáncer y estaba recientemente operada al momento que es golpeada, lo cual implica un alto riesgo debido a su delicada situación de salud.

• Un menor luego de sufrir una grave golpiza por parte de un joven, no habría recibido la atención inmediata a pesar de que la Policía estaba en el lugar.

• Un joven al ser detenido es golpeado en el lugar de detención y durante el traslado, recibiendo también amenazas explícitas e insultos.


“A estos se suman, al menos, 36 casos en 2019. Entre estos, son importantes destacar un caso de tortura, en el cual un agente habría practicado la técnica de ‘submarino seco’ a un joven al momento de su detención, y obviamente el asesinato por ‘gatillo fácil’ de Iván Pérez, el 9 de octubre de 2019, por parte de un agente de la Policía que contaba con graves antecedentes, un caso de extrema gravedad que creemos que se inscribe en este preocupante contexto de incremento de prácticas autoritarias, que esperamos encuentre justicia”, agrega el funcionario a cargo de Derechos Humanos.

“Nos preocupa mucho esta situación y entendemos que, de no tomarse medidas, empeorará”, vaticina al concluir su carta.
Fuente: APF Digital

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