En el acuerdo aprobado en el ámbito legislativo, ambas partes reconocieron la existencia de irregularidades en la contratación y que hubo sobreprecios en la obra. El contrato celebrado en junio de 2015 fue de $ 12.466.760. Lo firmaron el entonces intendente Raúl Riganti; y su secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, actual jefe comunal tras la elección donde en junio último se impuso como candidato del “Frente Creer Entre Ríos”, el PJ que tuvo el apoyo de Bordet.
Ese mismo año asumió Darío Benedetti, de Cambiemos, quien decidió devolver la plata de la obra al gobierno nacional por entender que el contrato firmado por la gestión saliente era irregular. Paso seguido hizo una denuncia penal por sobreprecios. La empresa, por su parte, promovió una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay con el objetivo de cobrar ese monto.
Acuerdo con el aval del Concejo Deliberante
Mientras el fuero penal avanza, la cuestión civil (o económica) se resolvió con la firma del convenio que los concejales del oficialismo aprobaron este miércoles. Según el acuerdo, ambas partes coincidieron en que el saldo de la obra no es de $ 12.466.760 sino de $ 7.798.830,80. A ese número arribó la pericia oficial, Beltrán Raúl Uranga. Ambas partes reconocen que los vicios e irregularidades detectados por la auditoría han sido parcialmente determinados judicialmente en el juicio contencioso administrativo. En resumen: el entonces secretario de Gobierno y ahora Intendente acordó con la empresa que hace cuatro años cometieron un ilícito y decidieron resolverlo con otro objetivo: seguir trabajando juntos.
OIC S.A. cobrará finalmente los casi 8 millones más intereses, y no 12 como pretendía, y continuará siendo proveedor del Estado si se toman en cuenta las palabras del presidente del Concejo Deliberante, Oscar Viale, antes de aprobar el convenio con el voto del oficialismo: “Hay que seguir trabajando”.
Del acuerdo se desprende que existieron irregularidades en la contratación y que existió un sobreprecio que por lo menos es cercano al 40% reconocido, ya que el costo originario era de algo más de $ 21.000.000 y la empresa cobrará algo más de $ 15.000.000.
Lo que debe remarcarse es que el reconocimiento del delito lo hace la actual administración municipal cuya máxima autoridad puso la firma a aquel contrato que la Justicia investiga (el miércoles venidero será la audiencia de remisión a juicio).
Algunas obras concedidas a OIC S.A.
OIC SA ha sido una de las empresas más beneficiadas en los contratos de obra pública durante la gestión de Sergio Urribarri. Incluso, formó parte del selecto club que se llevó $38 millones por servicios prestados en la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2014. Su titular, Daniel Hereñú, está siendo investigado por esa causa.La firma también está siendo investigada por una causa de sobreprecios con la Municipalidad de Seguí, en la gestión de Cristian Treppo. En su momento, el entonces intendente le respondió en conferencia de prensa a los concejales opositores que lo habían denunciado: “Esta obra no fue hecha en una libreta de almacenero, sino con un presupuesto serio y que se ha llevado a cabo en un montón de municipios en Entre Ríos”. Y agregó: “No es una casualidad que el municipio más pequeño de la región sea hasta hoy prácticamente el que más hace con tan poco dinero y sin gastar un solo peso de más”.
En 2018 Sergio Varisco, en su última gestión, adjudicó 70 cuadras de pavimento en Paraná en $ 80.000.000. El costo fue de $ 11.428 el metro. En Larroque, en junio de 2015, fue de $ 17.948 el metro. La adjudicataria de las dos obras fue OIC SA.
Un año antes en la localidad de Puiggari, en Libertador San Martín, departamento Paraná, se hicieron obras de saneamiento que consistió en la ejecución de desagües pluviales. La obra, con una inversión del tesoro provincial de 7.108.232,75 pesos, fue ejecutada por la empresa O.I.C. SA.
