En este contexto, la entidad rural manifestó a través de un comunicado su “preocupación acerca del impacto negativo que esta medida podría tener en el sector agropecuario”.
A su vez, la CRA justificó su pedido a la justicia: “Debido a que no podemos dejar de lado los perniciosos efectos y los resultados insatisfactorios y negativos de las políticas económica, tributaria, financiera y cambiaria que se vino desplegando desde 2019 por parte del Poder Ejecutivo, con obvio impacto en el sector”.
“Se presentan hoy nuevas y mayores dificultades para desenvolver la actividad del sector a causa de enorme presión tributaria; deficiente y costosa logística; ausencia de adecuada infraestructura vial y de conectividad en muchas regiones, y las persistentes restricciones cambiarias que impiden importar elementales insumos”.
Por último, la CRA se comprometió a “seguir defendiendo los derechos e intereses de los productores y empresas agropecuarias y a trabajar en conjunto con ellos para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas”.
