Responsabilizaron al intendente Guillermo Caraballo de mala praxis administrativa e indicaron que si encuentran mérito, lo denunciarán por encubrimiento.
Los ediles María Gabriela Gómez, Robert Pintos, Roque Jesús, Javier Pizzorno, María Valeria Alonso, Williams Martínez y Ana María Silveira dieron "desde lo que compete a un cargo de edil" detalles del caso que involucra a un exjerarca municipal que en los meses precedentes habría enviado fotos en las que aparece desnudo, con contenido pornográfico. A una de ellas, además, le estaría enviando fotos del mismo tenor desde hace años. Y en al menos una ocasión habría enviado una foto de su pareja, desnuda, pero dormida, sin su consentimiento.
"El intendente Guillermo Caraballo ha reconocido que tenía conocimiento por lo menos de un caso. Nosotros llegamos a tener conocimiento que también hay ediles del Frente Amplio que sabían de esta situación y no fueron a denunciar el hecho", sostuvieron los ediles del Partido Nacional.
"Con la misma moral que le saca la confianza a este funcionario, el intendente debió tener la misma moral para denunciarlo y para seguir el debido proceso; sobre todo para apoyar a las mujeres que se sienten vulneradas y víctimas", expresaron antes de destacar que "la forma de respetar y defender a las víctimas es mediante el debido proceso. Queremos saber si hay encubrimiento o no de parte del intendente".
Aseguraron los ediles blancos que "el intendente está omiso en su función. Desconocemos si hubo intento de ocultar este tema, pero se trata de un funcionario de particular confianza, candidato en las últimas elecciones nacionales a diputado por el Frente Amplio".
Opinaron también que "no alcanza con quitarle su cargo de particular confianza. Debió existir una investigación administrativa y si es presupuestado, pasar el caso a la Junta Departamental para que entendiera en el asunto y determinar si correspondía destitución". Para los ediles del Partido Nacional, "el intendente intentó ocultarlo y barrer la basura para abajo de la alfombra. Como órgano legislativo no lo vamos a permitir y lo vamos a controlar hasta las últimas consecuencias".
"Los abogados están estudiando la situación para ver si se constituye la figura de encubrimiento. Si la hubiera, entonces sería mucho más grave y en ese caso pasaríamos a la Justicia Penal, pero directamente en una causa contra el intendente departamental, teniendo en cuenta que en ese caso habría encubierto la situación al no denunciarla como correspondía", indicaron.
Los ediles expresaron su sorpresa al indicar que "el propio intendente hizo mención a que se quitó del cargo de particular confianza al funcionario por resolución del 18 de marzo. Pero nosotros nunca dijimos el nombre de esa persona, así que no sabemos cómo hizo el intendente para saber a quién nos referíamos nosotros". Eso --dijeron-- indica que "evidentemente había conocimiento por parte del intendente, pues reconoció que una funcionaria se lo había denunciado verbalmente". Y "no tiene por qué ser una denuncia por escrito. Simplemente, al tomar conocimiento, el intendente debe actuar como lo marcan las Normas de Conducta en la Función Pública".
"El intendente no ha iniciado hasta el momento ninguna investigación administrativa para determinar lo ocurrido porque se trata de dos funcionarios. Pero el máximo jerarca, que eso es Caraballo, tampoco lo denunció ante la Justicia Penal, pues dijo en la prensa que él y sus asesores entendieron que no había acoso laboral", ante el caso denunciado. No obstante, "le tiene que quedar claro al intendente Caraballo que no es quién para decidir si hay acoso laboral o sexual, sino que está marcado por la ley. Quién debe decir es la Justicia, no Caraballo y sus asesores", concluyeron los ediles del Partido Nacional.
