El tribunal integrado por los jueces Alejandro Grippo, Daniel Malatesta y Gustavo Pimentel juzgará al ex funcionario y actual asesor legislativo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante los días 28, 29 y 30 de agosto deberán comparecer veinte testigos, entre ellos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio; el senador Raymundo Kisser (Cambiemos); el presidente y la vicepresidenta de Sidecreer, Tomás Proske y Silvia Kupervaser, respectivamente; el titular del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, que podría declarar por escrito; y el director de Ceremonial, Alberto Fernández, entre otros. También están citados gerentes, contadores y síndicos de la tarjeta estatal, peritos informáticos y “periodistas”. En tanto, el 31 de agosto serán los alegatos, a cargo de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo; y de los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Canosa.
Los fiscales sostienen que mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, Canosa direccionó contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados; y adelantaron que pedirán que sea condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó 936.695 pesos y 716.059 dólares por la provisión de insumos informáticos en 15 adjudicaciones, entre 2009 y 2015. La firma tiene como presidente a María José Cuestas –concuñada de Canosa–, mientras que Diego Urba –amigo personal del ex funcionario– es director comercial.
A su vez, Carlos Alberto Canosa –hermano del ex presidente de Sidecreer– se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir desde el año 2005, a través de la empresa Texmer; y su suegra, Mirta Graciela Gueler, habría oficiado de intermediaria en las contrataciones. En el período en que Juan José Canosa fue presidente de la tarjeta estatal, Texmer se vio beneficiada con siete adjudicaciones en forma directa, por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal de la empresa, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.
El tercer hecho que se le atribuye a Canosa es por la contratación directa de su tío, José Daniel Romero, responsable de la firma JDR Construcciones, que fue beneficiado en nueve oportunidades para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería para Sidecreer por 107.949 pesos.
Los familiares y allegados de Canosa, que también estaban acusados por negociaciones incompatibles con la función pública, recibieron la suspensión del juicio a prueba.
