El ítem “incendios” está apagado. No brilla en las noticias porque no hay humo (tan evidentemente) a la vista. Sin embargo, como se verá, hay.
Las preguntas que empujan este informe son si, 1) hay personas procesadas, o en qué quedaron las investigaciones por los incendios intencionales de Entre Ríos, que son de los que más preocuparon a fines de 2022, y 2), si algo evitará que esta primavera-verano incendios en Entre Ríos, Corrientes, en Córdoba o en el resto de del país generen, otra vez, desmadres ambientales.
No es fácil combinar los dichos de los distintos actores responsables de la prevención e investigación de los incendios.
Los funcionarios se culpan entre sí o a la Justicia. Sobresalen diferencias (obvias e insalvables) entre los ámbitos provincial y nacional. En la Justicia se culpa a la gestión política y a otros actores del entorno propio. La discusión por la competencia (a quién le toca hacer qué) parece llevarse tiempo y esfuerzo preciados.
Incendios intencionales, a juicio federal
“Primera causa por incendios intencionales elevada a juicio... ¿será el inicio de la solución?”, reflexionó una fuente judicial que pidió anonimato.En tanto el Código Penal tiene alcance nacional, la pena, sea un juicio provincial o federal, es la misma. En este caso será “estrago doloso”. Sin embargo, aunque podrían parecer iguales, la trascendencia que otorga el fuero federal (en comparación al provincial) es el impacto mediático.
Y cabe aclarar que la diferencia entre un tipo de juicio y otro tiene que ver con la competencia: si el hecho (el incendio, en estos casos) traspasó los límites interprovinciales, va a parar al fuero federal.
Ahora bien, ¿es realmente la primera vez que un incendio intencional se eleva a un juicio de este tipo?
No es fácil hallar un cerebro enciclopédico ideal, pero fuentes de la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron que el único antecedente comparable del que se tenga por ahora noticia es el juicio por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), ocurrido en 1995.
La pena para quienes causaron incendios
Como ahora, entonces se aplicó el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas para “el que causare incendio, explosión o inundación”.Por haber causado la muerte de 7 personas, dañado a más de 300 y generado problemas de salud mental de la mayoría de la población circundante, a los acusados por las explosiones en Río Tercero les pesó el inciso 5° del artículo 186, o sea, penas de 8 a 20 años de prisión.
En cambio, al no haber víctimas fatales, los eventuales responsables de los incendios del Delta tendrán una pena de 3 a 10 años (excarcelable, en el caso de recibir el mínimo), siguiendo el inciso 1°, que castiga a quienes pongan bienes en peligro.
Ahora bien, ¿qué tal si esos bienes tienen valor un ecológico inconmensurable, como es el caso de los humedales?
Funcionarios y fuentes judiciales que insistentemente piden no ser nombrados subrayan las carencias del marco regulatorio argentino. Si bien tuvo actualizaciones, el Código Penal fue escrito a comienzos del siglo XX y, dicen todos, se necesita una actualización que tipifique figuras delictivas relacionadas, en concreto, al daño ambiental.
El apicultor que dio el mal paso
Mientras tanto, un par de albañiles que tienen como changa extra oficiar de apicultores instalan unos cajones con colmenas en algunas de las muchas tierras fiscales no cedidas a nadie en el Delta, o mismo en territorios privados abandonados. Reténgalos en la cabeza.Sean del Estado o de un privado, se trata de tierras vacías, justamente por el temor generalizado a los incendios, que insisten hace años “casi sin importar la estación, producto de la sequía inédita que provocó la bajante histórica del río Paraná en 2020”, apuntó Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Así, poblaciones que antes lidiaban con inundaciones, ahora se adaptan a vivir en un ambiente seco. Las malezas y montes que antes quemaban como práctica usual para impulsar el reverdecimiento del terreno, se volvieron, por la sequía, un peligroso material combustible.
Por estas razones, muchos eligen desentenderse de los terrenos que adueñan, abandonarlos para no quedar “pegados” al fuego impredeciblemente desmadrado.
El Estado es también uno de esos “dueños” desentendidos, aseguró una alta fuente judicial.
Un dramático absurdo
Volvamos a los albañiles apicultores. Estamos en 2022 y cometen una torpeza galáctica: se enteran, quizás mirando la televisión, de que hay grandes incendios no tan lejos de sus colmenas.Para salvar la producción, deciden despejar la zona de ese “material combustible” comentado arriba (pastizales, monte seco), de modo que prenden fuego la zona aledaña a sus abejas.
“El viento sopla para el otro lado”, calcularon.
Pero rotó. Lo que era un foco controlado, se volvió incendio. En un caso, la quema habría alcanzado unas 6.000 hectáreas. En el otro, 1.500 metros circunferenciales, pudo averiguar Clarín.
Los procesados del Delta
Hay seis personas procesadas sumando las dos causas, que se vienen tramitando en el Juzgado Federal de Victoria.Una ya fue elevada a juicio oral y alude a una quema en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, departamento de Gualeguay, frente a San Pedro-Ramallo.
La otra será elevada a juicio este año. Se refiere a una quema a la vera del arroyo Los Laureles, y terminó prendiendo fuego una isla que todos llaman “Del holandés”, en el departamento de Victoria, frente a Villa Constitución.
El holandés es el dueño. Según fuentes locales, el hombre volvió a Europa y dejó el terreno al mando de su casero. El casero permitió a algunos apicultores instalar su producción. Los apicultores confiaron en el viento. El viento les jugó una mala pasada.
Otras causas importantes
Hay muchas historias parecidas en todo el país. Judicialmente, adoptan formas distintas y es un mapa en el que es muy fácil marearse.Están los amparos ambientales de organizaciones civiles de cierta provincia que demandan al gobierno de la provincia de enfrente por el impacto del humo en su salud (esos van a parar a la Corte Suprema).
También hay causas de competencia federal que quedan a cargo del Ministerio Público Fiscal, por estar carataludadas como “NN”, ya que la ley estipula que si no hay imputados, o sea, sospechosos identificados, quien debe investigar es el fiscal.
Además, muchas causas relacionadas a las quemas se dirimen en las justicias provinciales, que tienen características particulares: mayor mayor o menor celeridad según la provincia.
Para todos los casos se oyen generalidades y críticas que vuelan para todos lados, señalando la parsimonia ajena.
Una de las resoluciones más escuchadas es que termine en la cárcel el empleado de turno que encendió el fósforo, pero no quien le pagó por hacerlo.
Justicia vs. Gobierno
Ciertas fuentes del ámbito judicial opinan que las autoridades nacionales no previenen lo suficiente y que no hay “actuaciones” cuando se generan los incendios.En el Ministerio de Ambiente destacaron como un rasgo positivo que el área de manejo de fuego pasara a su esfera en esta gestión presidencial. Hay quienes (al revés) creen que haberle quitado esa área al Ministerio de Seguridad, generó consecuencias adversas en la celeridad de las “actuaciones”.
Federovisky, sin embargo, destacó que desarrollaron “un sistema de faros de detección que están en casi todas las áreas del territorio nacional con riesgo de incendio”.
“Vemos un gran avance en la política de detección y alerta temprana. Tenemos faros, drones en áreas de difícil acceso y todo esto nos permite tener una alerta temprana. Muchos focos que podrían ser incendios son atacados y no prosperan o se reduce la superficie quemada”, resaltó.
No se privó de criticar a la Justicia: “Con incendios tan violentos en el Delta del Paraná, desde 2020 al día de hoy no tenemos información de que haya avanzado ninguna investigación. Hemos llevado pruebas de las cámaras donde se ve con claridad dónde y cómo se inician los fuegos".
"Presentamos fotos de terraplenes ilegales construidos en el Delta. Nada de esto tuvo respuesta de los jueces federales. No aspiramos a grandes condenas. La Justicia debe investigar”, señaló.
Corrientes, también en la mira
Una de las provincias que más preocupó en este último año fue Corrientes, sumida bajo el fuego en el verano de 2022, cuando “ocurrió un hecho inédito que generó la quema del 12% del territorio provincial”, describió Ditmar Kurtz, coordinador de Desarrollo e Investigación del INTA-Corrientes.El tema, en menor medida, persiste. Según compartió, de enero a marzo de 2023 se registraron 166.702 hectáreas quemadas, que es el 1,87% de la cobertura provincial.
El 7% de esa quema fueron pastizales. El 88%, humedales (145.879 hectáreas). En los Esteros del Iberá, la superficie quemada llegó a 77.578 hectáreas.
Focos en marcha
Federovisky se alegró de compartir que “por primera vez en cuatro años, hace 20 días hay ausencia de reportes de incendios de las jurisdicciones. Es una fuerte novedad porque lo que estuvo marcado como paisaje característico de los últimos años fue el fuego, coincidentemente con la sequía instalada”.Sin embargo, otra experta del INTA, la investigadora María de los Ángeles Fischer, del Instituto Clima y Agua, arrancó la charla con Clarín entrando en su computadora a un mapa actualizado a diario de la NASA. Explicó que “no serán tantos, acorde con la época del año, pero no es que no haya focos”.
Tras compartir estadísticas y mapas, aclaró: “En 2022, Corrientes presentó incendios por encima del máximo histórico de los últimos 20 años. Veo los focos de calor en el mapa. Fueron más de 12.000, concentrados en enero, febrero y marzo de ese año”.
En cuanto al Delta de Entre Ríos, concluyó, “tuvo 5.882. Esa cifra también está por encima del máximo histórico”.
