Ante el aumento de causas que ingresan al Poder Judicial, se propuso llevar adelante distintos planes de trabajo para mejorar la gestión, con el objetivo de que los conflictos se resuelvan en lo que consideran “tiempos razonables”.
Bajo el título “Gestión, plazos razonables y transformaciones en el fuero Civil y Comercial”, el Servicio de Información y Comunicación del STJER elaboró un informe a través del cual se da cuenta de ese trabajo, a poco de finalizar el año.
En primer lugar, la Sala Civil y Comercial es la encargada, en materia jurisdiccional, de decidir en última instancia sobre las causas con sentencias dictadas primero por los juzgados de Primera Instancia y luego por las Cámaras de Apelaciones: durante 2022 se registraron 3.135 actos procesales y se atendieron 435 presentaciones de profesionales de la abogacía en los distintos expedientes.
Para cumplir ese objetivo, se aplicó una política de “seguimiento, acompañamiento y control del tiempo que les insume resolver las cuestiones de su competencia”, con el fin de evitar demoras.
En los organismos judiciales que dependen de la Sala Civil y Comercial se iniciaron durante este año un total de 51.661 causas, las que se distribuyen en las distintas materias que tramitan los diferentes juzgados, destacándose el 36,2 % de Familia, el 22,6 % Civil y Comercial y el 19,9 % de la Justicia de Paz. La composición territorial de la problemática judicial puede verse en el siguiente cuadro.
“La idea de la Sala es acompañar y colaborar para que se corrijan, posibilitando así que el servicio de Justicia funcione como corresponde”. En todos los casos, los análisis estuvieron acompañados de “escucha atenta”, derivada de la visita a las circunscripciones judiciales de la provincia.
Violencia
“La problemática de la violencia que atraviesa todos los órdenes de la vida de las personas fue también fuente de diversas actividades de la Sala, porque todos los organismos que dependen de ella tienen alguna competencia en la materia”.El trabajo articulado en este punto es considerado fundamental, por lo cual se acompañó la decisión de reformular la gestión de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, plan que se encuentra en pleno desarrollo. En consonancia con la política del STJER, se mantiene un “diálogo permanente” con todos los actores judiciales para lograr “el mayor consenso posible”.
En este sentido, se trabajó en la implementación y vigencia de la reciente Ley de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por Razones de Género Nº 10.956, para lo que se llevaron a cabo encuentros presenciales y virtuales, consultas, relevamiento de estadísticas y pedidos para adaptar la infraestructura tecnológica y edilicia.
Garantizar la tutela judicial
Otra de las políticas de la Sala Civil y Comercial fue trabajar en la articulación entre organismos judiciales y del Estado, que permitió elaborar el Protocolo de Actuación Conjunta entre el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el alto cuerpo, que fue aprobado recientemente por el STJER.Su finalidad es “aportar lineamientos técnicos y jurídicos para orientar y homogeneizar los criterios de interpretación de las normas en materia de medidas de protección excepcional e integral, adopción y salud mental, y las distintas situaciones jurídicas de niños, niñas y adolescentes”.
“Todo para mejorar a partir del común y mutuo entendimiento las relaciones interinstitucionales y garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Y con ello, “los derechos y garantías convencionales involucrados en el ámbito común de incumbencia”.
Profesionalización de la gestión judicial
La Sala Civil y Comercial diseñó un proyecto que fue aprobado por el STJER para crear una Oficina de Gestión Unificada (OGU), que tiene por objeto separar las funciones judiciales propias de jueces, de las cuestiones administrativas y de gestión de un expediente.De esta forma, “se proyecta avanzar con la centralización y profesionalización de la gestión judicial con modelos adaptables a las realidades de cada fuero y jurisdicción”, teniendo como ejes “la justicia en el proceso”, “el fortalecimiento de la publicidad de los actos” y “la cercanía con la comunidad”.
La puesta en funcionamiento de la OGU será “en forma progresiva y por etapas”, comenzando en el fuero de Familia y los jueces deben dedicarse a pleno a la resolución de los conflictos, destinando menos tiempo a cuestiones administrativas.
Para eso se buscará trabajar en varios órdenes de la gestión: a modo de ejemplo, citan la atención al público, la que deberá ser inmediata, creándose a tal fin un área específica con profesionales especializados en la materia.
También habrá un área que se ocupará de los trámites administrativos, notificaciones y de las cargas en los registros del STJER, como el REJUCAV. De esta manera, se buscará descomprimir el trabajo de los organismos judiciales, haciendo los procedimientos “más ágiles y eficientes”.
“Lo que se busca es que los integrantes de la magistratura se aboquen al estudio y resoluciones de los asuntos puestos a su consideración y no a cuestiones administrativas”, sintetizan.
Por otra parte, considerando que los juicios civiles y comerciales tienden a la oralidad, “es necesario que desde un área administrativa se garantice el aprovechamiento de los salones disponibles para las audiencias”, lo que será otra de las funciones de la OGU.
