Petit no lo planteó como al pasar. Se ocupó de precisar, con indicación de minutos y segundos, los pasajes del video donde el denunciante González -para quien pidió una pericia psicológica- hace referencia a las máximas autoridades provinciales, tras lo cual la abogada disparó: "Nosotros estamos a disposición de una Justicia ágil, eficiente, transparente, con conocimiento, con esas ansias de investigar y de conocer verdaderamente cómo son los hechos, que investigue toda la causa, que se impute y se llame a declarar a todas las personas que son nombradas en la denuncia por González, a todas, incluyendo al gobernador de la provincia, el secretario general de la gobernación y el vicegobernador de la provincia".
Tal reproche de la doctora Petit fue avalado sin titubeos por el Juez de Garantías Darío Mautone, cuando, en el remate de su resolución que hizo lugar a la recusación de Arias, tras aseverar que “la causa es de una gravedad institucional importante”, agregó: “La investigación debe continuar y, para ser honesto, abarcando todas sus aristas. Por ejemplo: si hay dos sospechosos, hay que investigar a los dos, no a uno solo”.
Por último, le tocó el turno a la Jueza María del Luján Giorgio. En el prólogo de su resolución, repasó los dichos de Mautone en relación a ese punto cuando consideró "que el devenir parecido de la operatoria que estaba investigando el funcionario, involucraba a otros sujetos como eventuales imputados, léase de apellido Kueider, Bordet, y demás. En tal senda de razonamiento se hizo eco de los dichos de la Dra. Petit a quien parafraseó indicando lo llamativo de que el fiscal tuviera 'apetencias municipales' en su investigación. En esta circunstancia el juez de garantías, basó la configuración de la duda razonable". Giorgio volvió a hacer referencia a la cuestión en otro pasaje de su argumentación, confesando que coincide "tangencialmente" con el reproche al fiscal, cuando dijo: "más allá de los fundamentos del magistrado (Mautone) a partir de lo que recogió de aquella audiencia -los que tangencialmente comparto- y que básicamente se sustentaron en que la investigación fiscal dejó por fuera de la reconstrucción del devenir delictual a otros eventuales involucrados".
Fiscales en la encrucijada
Así las cosas, fuentes tribunalicias especulaban este jueves, cuando recién se había conocido la decisión de Giorgio, acerca de la encrucijada que afrontarían los fiscales que den continuidad a la causa: o siguen la misma estrategia elegida por Arias, que prefirió centrar el caso -al menos en esta etapa- en uno de los hechos denunciados por González, o, atendiendo a los reproches de Petit, Mautone y Giorgio, agrandan el círculo y examinan también las acusaciones contra Bordet, Kueider y Bahl.Si eligieran la primera opción, es decir, seguir enfocados en los contratos pagados por la municipalidad a la hija del denunciante González, cabría la posibilidad de que se los recusara también a ellos, invocando la misma "duda razonable" usada contra Arias por dejar "fuera de la reconstrucción del devenir delictual a otros eventuales involucrados".
Si, en cambio, abren la investigación en forma simultánea a los funcionarios provinciales, está por verse si ello implicará "más justicia" o, por el contrario, por aquello de que "quien mucho abarca, poco aprieta", las energías terminarían dispersándose y perdiéndose de vista el hecho sobre el que habría mayores pruebas para intentar una pronta remisión a juicio.
¿Sistema acusatorio, sistema "mixto" o la vuelta al inquisitivo?
Pero no es esta la única duda a la que dio lugar la resolución de la Doctora María del Luján Giorgio. Hay otro interrogante que excede sobradamente la causa en cuestión y da paso a un debate mucho más profundo: ¿Si los jueces pueden desplazar a los fiscales, como ha sostenido Mautone y reafirmado Giorgio, desaparece entonces la autonomía del Ministerio Público Fiscal y, consecuentemente, cae el sistema acusatorio instrumentado en Entre Ríos en los últimos años?En la audiencia del lunes 22 de abril, el Fiscal José Arias se preguntó: "¿Qué tipo de proceso penal queremos?" El funcionario entendió como una evidente erosión del sistema acusatorio que los jueces de garantías tengan la potestad de apartar a los fiscales; se trataría de un "resabio inquisitivo", definió. "La separación de las funciones de perseguir y juzgar" es "el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio", sostuvo más adelante.
La Doctora María del Luján Giorgio, en un pasaje de su argumentación de este jueves, a su manera admitió que en Entre Ríos no está vigente un "sistema acusatorio puro" sino uno "mixto". "La cita a Julio Maier y sus directrices -que había hecho Arias- son para mí -dijo Giorgio-, en este estadio de superación del sistema inquisitivo o aún al mixto, una ilusión óptica prevista para un sistema de enjuiciamiento 'acusatorio puro' que lamentablemente no ha podido hasta la actualidad implementarse, habida cuenta de los innumerables resabios de aquellos que restan en la legislación procesal provincial".
La primera reacción de Cecilia Goyeneche
El Entre Ríos pidió a la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que efectuara una primera valoración de la resolución de María del Luján Giorgio. Tras aclarar que aún no había tenido tiempo de profundizar, comentó: "Es un fallo equivocado. Los propios argumentos que desarrolla la jueza indican que el sistema óptimo es el que prevé la ley de Ministerios Públicos (correspondiente a un acusatorio puro), pero se niega a aplicarlo y prefiere excluir a uno de los fiscales que investiga, fundándose en una relación de parentesco en cuarto grado con un compañero partidario de uno de los investigados. Lo habían invocado como una suerte de enemistad, pero ahora que quedaron atrás las PASO, el fundamento desaparece".Esta última frase de Goyeneche pone sobre la mesa un detalle no menor: se ha vuelto abstracto el principal argumento para apartar a Arias, porque tras las PASO su primo Asueta dejó de ser contendiente electoral de Cresto. Es decir, se ha desvanecido el presunto "interés" utilizado como causal de recusación.
Contra el Procurador Jorge García
Así las cosas, el único cuestionamiento a Arias que quedaría en pie sería que no investigó aún a Bordet, Bahl y Kueider; es decir, un reproche centrado en la estrategia penal empleada, cuya definición el sistema acusatorio reserva al Ministerio Público Fiscal y no a los jueces.En tal caso, el cuestionamiento no recae sólo en Arias sino mucho más aún en el mismísimo Procurador José Amílcar García, cabeza del Ministerio Público Fiscal, responsable último de las "políticas criminales" adoptadas por los fiscales que de él dependen. O sea, Mautone y Giorgio se han adentrado en un terreno que se supone es dominio de García.
Dicho esto, aflora lo que seguramente ningún funcionario judicial dirá públicamente pero que se habla en los pasillos de los tribunales de la provincia: hay una puja "política" entre el poder de los jueces y el "extrapoder" de los fiscales.
Es cierto que en el sistema acusatorio los magistrados siguen teniendo el papel central de impartir justicia y controlar cada una de las acciones emprendidas por los fiscales, pero, respecto del "pasado inquisitivo" han perdido la competencia directa para decidir sobre los caminos que debe transitar la "acción penal". Lo que subyace en la Causa Cresto es una batalla por esta última potestad, que los jueces -dicen en el Ministerio Fiscal- se resisten a resignar.
¿Costa del Paraná vs costa del Uruguay?
El sistema judicial es uno sólo en toda la provincia, aunque no deja de ser también cierto que los jueces de Paraná y Concordia han respondido de manera opuesta al interrogante de fondo: ¿Quién tiene la última palabra para apartar a un fiscal que ha sido recusado?En la causa contratos, la jueza de garantías Marina Barbagelata, lo mismo que la Jueza de Apelaciones María Carolina Castagno y, como si esto fuera poco, la Cámara de Casación integrada por Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, coincidieron en avalar lo que dice el artículo 35 de la Ley 10407: "El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso".
Mientras que en la Causa Cresto, Darío Mautone y María del Luján Giorgio concluyeron otra cosa: la palabra última por sí o por no respecto de la continuidad de los fiscales la tienen los jueces, en base al artículo 60 del Código Procesal Penal. ¿Qué hará la flamante Sala Concordia de la Cámara de Casación Penal, integrada por Gustavo Perroud, Silvina Isabel Gallo y Aníbal Lafourcade, en el supuesto de que sea apelada la decisión de Giorgio que apartó a Arias? ¿Coincidirán con los magistrados concordienses, y, por ende, agrandarán la grieta con la costa del Paraná?
Hay un voto que, prima facie, pareciera previsible. Es el del Doctor Darío Perroud, quien, en sus tiempos de juez de garantías, ante un pedido de recusación de Arias en la Causa Los Charrúas se pronunció en la misma dirección que lo han hecho Mautone y Giorgio. Resta saber qué posición asumirán Gallo y Lafourcade.
Finalmente, esta divisoria de aguas tendrá que ser resuelta por los tres jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak, que ya tienen en sus manos un planteo contra lo resuelto por Casación Paraná en la Causa Contratos.
El doctor Giorgio es concordiense, hermano de la jueza que acaba de fallar reivindicando la competencia de los magistrados para apartar fiscales. Tal parentesco no alcanza para concluir que su postura será la misma, aunque sí está sirviendo para alimentar conjeturas de aquellos que suponen a ambos conversando por teléfono sobre los criterios a seguir en asuntos tan delicados.
En cuanto a Carubia y Mizawak, el primero de Concordia y la segunda de Paraná, está por verse si reforzarán la discrepancia entre ambas costas o tenderán un puente tan largo como la Ruta Nacional 18.
