El acto contó con la presencia de autoridades ministeriales y representantes de organismos nacionales. El presidente de la Delegación uruguaya, Gonzalo Casaravilla, encabezó la jornada, destacando que este modelo busca “profundizar la apertura institucional y fortalecer el vínculo con la comunidad regional”.
La jornada comenzó con la inauguración del Centro Conecta Salto, que funcionará como núcleo de “descentralización de servicios y fomento del ecosistema productivo regional”.
El Centro Conecta integra la estrategia de Responsabilidad Socioambiental de Salto Grande y fue diseñado como un programa de articulación público-privada que suma a diversos socios estratégicos: el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de los Espacios MEC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) mediante los Centros PYMES, el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande (FDRSG) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Según explicó Casaravilla, este espacio “nace para articular capacidades, promover oportunidades y consolidar el vínculo entre el Estado y la sociedad civil, con un enfoque territorial y participativo”.
Tres pilares
El nuevo Modelo de Gestión 2025–2030 fue presentado en la Sala de Conferencias de Salto Grande, ante un público integrado por autoridades y técnicos. La propuesta se apoya en tres pilares fundamentales:Transparencia, para promover una gestión responsable, eficiente y abierta al escrutinio público.
Renovación de Salto Grande, que impulsa la modernización tecnológica de la central hidroeléctrica y de su infraestructura institucional, asegurando la sostenibilidad energética del país y la región.
Responsabilidad Socioambiental, orientada a fortalecer la relación con la comunidad y potenciar el desarrollo sostenible del territorio.
Durante su intervención, Casaravilla destacó la creación del Sistema de Gestión y Validación, una herramienta que permitirá a las instituciones locales participar activamente en la definición de prioridades de inversión.
“Queremos que cada proyecto refleje las necesidades reales de la gente. Este sistema garantiza que las decisiones no se tomen de manera unilateral, sino en conjunto con los actores sociales y departamentales”, explicó el jerarca.
Participación y consenso
El Sistema de Gestión y Validación define un nuevo esquema para la gestión y financiación de proyectos de inversión en áreas clave: socioambiental, salud, productiva, educación, cultura y deporte, y fomento comunitario.El modelo funcionará mediante convenios marco y mesas departamentales que integran tanto a organismos estatales como a organizaciones civiles, asegurando la transparencia en la selección y ejecución de las iniciativas.
Para materializar este enfoque, Salto Grande firmó acuerdos estratégicos con ocho instituciones clave, incluyendo cuatro ministerios: Industria, Energía y Minería (MIEM), Desarrollo Social (MIDES), Salud Pública (MSP) y Educación y Cultura (MEC), además de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande (FDRSG).
“Este sistema participativo nos permite asegurar que los fondos se administren con criterios de consenso y validación social”, señaló Casaravilla, enfatizando que “la gestión de los recursos públicos debe estar alineada con las prioridades de la población”.
Convenio estratégico para la citricultura
La jornada culminó en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA Salto Grande), donde se firmó un Convenio de Cooperación para la prevención del HLB (Huanglongbing) en Uruguay, una enfermedad que amenaza los cultivos de cítricos a nivel mundial.
La iniciativa contempla una estrategia de comunicación multicanal dirigida a productores, técnicos, comunidades y consumidores, con el objetivo de proteger la citricultura, una de las principales actividades económicas de la región.
“Defender la producción citrícola es defender el trabajo, el arraigo y el desarrollo regional”, destacaron los representantes del sector durante la firma.
