El Poder Ejecutivo publicó este miércoles 27 en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 3.319 a través del cual aceptó la renuncia de Alexis Lesa al cargo de director general de Informática de la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión y las Telecomunicaciones de la Secretaría de Modernización de Entre Ríos.
Lesa había sido designado en la función mediante decreto N° 338, del 17 de diciembre de 2019, y ahora su dimisión, señala el texto legal, “es motivada por cuestiones de índole personal, resultando procedente la aceptación de la misma”.
Los funcionarios paranaenses Alexis Lesa y Pablo Palá fueron procesados por tareas de espionaje, en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini y ese procesamiento fue confirmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenaron profundizar la investigación contra los entrerrianos.
La denuncia que originó la investigación es más amplia y fue presentada en 2015 por Patricia Bullrich, hoy candidata presidencial, y por la diputada Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.
Ambas aseguraron que más de un centenar de periodistas, políticos y funcionarios judiciales eran espiados ilegalmente a través de las denominadas OB (órdenes de observación) de la AFI (la exSIDE) que entonces era liderada por el actual senador kirchnerista Oscar Parrilli. Bullrich y Alonso entregaron una lista de personas presuntamente espiadas que incluía a miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios y políticos.
En ese expediente, el exagente de inteligencia de la exSIDE Antonio Stiuso se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron, sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Nisman.
En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la exesposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo “se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos”.
Ambos funcionarios entrerrianos tuvieron numerosos contratos con el Estado provincial desde el último gobierno de Jorge Busti, al que llegaron de la mano del equipo de campaña del entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, en julio de 2006, donde se encontraban Facundo Cabrera -fundador del grupo Octógono-, Sergio Gómez e Ignacio Labarba. Por el decreto 4078, Pablo Federico Pala formalizó un primer contrato con Busti y Urribarri para la realización de contenidos en la web oficial del gobierno entrerriano. Poco después hubo otro contrato, el número 9413 del 28 de diciembre de 2006, donde se le hizo un contrato a Alexis Lesa -el otro imputado en Buenos Aires-, pero esta vez firmado por Busti y su exministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, actual intendente de Paraná y candidato a gobernador del oficialismo. No obstante, quien lo contrató fue el entonces subsecretario de la Juventud, Gonzalo García Garro, uno de los integrantes del tribunal que dispuso la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche el año pasado.
