Por estas horas, se comenzará a notificar a: María Isabel Meichtry (Villa Elisa), María Cristina Castiglione (Gualeguaychú), Edgardo Ariel Stucker (La Criolla), Rufino Pablo Baggio (Gualeguaychú), Aníbal Baggio (Gualeguaychú), Ganadera Copra SA (CABA), Amelia Barinoteo (Victoria), Raúl Álvaro Morist y Rachinsky (Rosario), Graciela Capone (Rosario), Federico Facundo Müller (Rosario), Mauricio Sobrido (Rosario), David Sobrido (Rosario), Hipólito Maceratesi (Santa Fe), Agustín Corbellini Guilder (San Martín, Santa Fe), Sofía Parera (CABA), Carlos Alberto Sidoti (Rosario), Daniel Corvalán (Rosario), Establecimiento El Barrancoso (General Lagos), Diego Cuello & Stumpo & Crosetti (Santa Fe), Jorge Casals (Rosario), José Orlandi (Nogoyá) y Víctor Jarmolinski (CABA).
El relevamiento corresponde a los resultados de las lecturas térmicas, a través de cámaras infrarrojas de los focos ígneos en el Delta tomadas por un avión y drones que sobrevolaron el terreno. El registro efectuado dentro del Plan Nacional de Manejo del Fuego es elevado a las autoridades de Entre Ríos, quienes a vez chequean los resultados con imágenes satelitales que arrojan el posicionamiento georeferencial. Con esto datos, se ubican a los propietarios de los campos y se inicia un expediente para determinar su responsabilidad en el marco de la Ley de Prevención del Fuego provincial y si por ello les cabe alguna multa. Estos datos, adelantó una alta fuente gubernamental, serán girados a su vez a la Justicia Federal, quien lleva adelante una causa por amparo y recomposición ambiental.
Causa federal
Por otro lado, con la carátula “S/Incendio u otro estrago (art.186 inc.1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”, el Juzgado Federal de Paraná Nº 1, Secretaría Penal Nº 1, comenzó a enviar el 6 de julio pasado notificaciones a Rufino Pablo Baggio, Enzo Federico Vignale; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto: y a José María Vicenti, todos ciudadanos domiciliados en la ciudad de Rosario.A este grupo de personas, se las acusa por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos por el Código Penal, de acuerdo a los artículos 186º incisos 1º y 3º (del capítulo de delitos contra la seguridad pública) y 194º (del capítulo que pena los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación) y también en por la infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Estas medidas se tomaron a partir de la resolución del juez Daniel Alonso, que el 1º de julio dio por promovida la “acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva”, así como de “recomposición ambiental e indemnización sustitutiva” solicitada por las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental.
El magistrado también ordenó ante la cautelar requerida, “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.
