Mientras analistas económicos consideran altamente probable que los gobiernos provinciales deban recortar los sueldos públicos de quienes más ganan, ante la asfixia financiera que atraviesan por la estrepitosa caída de la recaudación, el presidente municipal de una de las ciudades más grandes de la Argentina podría hacer punta y utilizando un parámetro que suena lógico: aplicarle la quita a los que superan su haber.
La ciudad en cuestión es la docta Córdoba. Su máxima autoridad, Martín Llaryora. A favor de la medida en estudio, la Carta Orgánica establece como máximo el salario del intendente. Sin embargo, en abril pasado, alrededor de 599 empleados recibieron sueldos mayores a 185 mil pesos y superaron lo que percibe Llaryora.
La secretaria general del Municipio, Verónica Bruera, explicó al diario La Voz del Interior que el desfase se produjo sobre todo por la rebaja del 30 % que el Ejecutivo Municipal dispuso para el gabinete de secretarios y los directorios de Esop, Tamse y Cormecor. A esta quita, que ya se aplicó en abril y será prorrogada, también adhirieron el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
Así, con el descuento, el sueldo bruto de Martín Llaryora pasó de $ 264.144 en marzo a $ 184.900 en abril. Ahora bien, la Carta Orgánica establece que el sueldo del intendente debe ser el más alto de la pirámide salarial del Municipio.
El equipo de Llaryora analiza la posibilidad de aplicar el tope del sueldo del intendente a toda la planta de empleados que, a la fecha, supera los 1.600 millones de pesos cuando se consideran los aportes.
La posible aplicación afectaría alrededor de 599 agentes municipales de varias áreas. Entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad Urbana, la Secretaría de Salud, Secretaría de Participación Ciudadana y la Justicia Administrativa de Faltas. También, afectará a empleados de la administración municipal, en el Concejo Deliberante y en la Asesoría Letrada.
Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ha propuesto que, en base a criterios de equidad y al impacto de la pandemia sobre la recaudación, los sueldos de los trabajadores estatales inactivos sean recortados de igual modo que en el resto de la economía.
“Los que tenemos ingresos superiores tenemos que aceptar reducciones para que no sufran despidos los que reciben remuneraciones menores. Es una cuestión de equidad y de solidaridad. Si el sector privado ya empezó a hacerlo, lo equitativo es que también lo haga el sector público”, postuló Nadín Argañaraz, director del Iaraf.
