La medida del gobierno nacional busca que cada organismo financiador determine de manera independiente los valores arancelarios de las prestaciones. Ante este panorama el Directorio Obrero de Iosper opinó que la medida “propicia un sistema fragmentado y desigual”.
En ese marco, el Directorio apuntó que el accionar “ataca los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que consideró: “Hay que proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan las personas con discapacidad”.
Para el Directorio es “deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos”.
Por último enunció: “En cada etapa del proceso y es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”.
